Para justificar la desigualdad, algunos recurren a un indemostrable dogma: existiría una organización “natural” (e ideal) de la sociedad en la que las personas serían libres si se permitiera que los mercados asignen sin ningún tipo de regulación los recursos disponibles. En este mundo de vida, cada uno sería recompensado por sus capacidades y talentos. Así, se declama que la organización social (que se confunde con el Estado) no debería modificar ese ideal de intercambio, porque de lo contrario todos se perjudicarían debido a que los mejores no tendrían suficiente estímulo para colocar sus talentos al servicio del bienestar general. Nada de “redistribución” de ingresos por parte del Estado ni otras instituciones que no sean los mercados. Que cada uno se quede con lo que es capaz de ganar en su libre competencia con el resto. De ese modo, la sociedad lograría ser justa y eficiente.

Sin embargo, estos argumentos carecen de un sustento histórico y lógico. No hay nada de natural en los mercados ni son previos a la organización social: se trata de una construcción histórica complementaria de otras instituciones sociales. Tampoco las desigualdades sociales son consecuencia de una distribución natural de capacidades y talentos, sino que son el producto del modo en que se organiza la sociedad (como el tratamiento que se otorga a la herencia, a la propiedad privada, la raza, la religión, las clases sociales, el régimen laboral, los sistemas de evaluación, etc.). Muchas personas naturalmente talentosas no pueden desarrollar sus capacidades porque nacen y viven en situación de desventaja, al tiempo que muchos mediocres alcanzan posiciones de prestigio sin aportar nada a la sociedad.

No es cierto que las instituciones políticas “re-distribuyan” algo que estaba naturalmente distribuido. En una sociedad compleja, todo acontece como parte de una totalidad organizada y simultánea, no hay una distribución “primaria” y otras secundarias como gustan de enseñar algunos textos de teoría económica convencional. Hay diversos canales interrelacionados a través de los cuales se distribuyen los recursos económica y socialmente valiosos. La pregunta sustantiva es ¿cómo debe responder una sociedad frente a las desigualdades que son su creación (incluyendo las que crea por el tratamiento de los diferentes talentos naturales)? Para responder esa pregunta hay que tener en cuenta que los recursos de los que se apropian las personas se deben, en parte, al reconocimiento político de lo que cada persona “es” y “hace” en relación con lo que son y hacen las otras personas.

Las diferencias de clase se explican por la posición social heredada y porque la organización social creó diferentes canales para el acceso de algunas personas a los medios que son necesarios para obtener las calificaciones requeridas para ocupar posiciones abiertas a la competencia. Por ejemplo, todos tienen capacidad para trabajar, pero sólo algunos pueden acceder a un empleo remunerado y con seguro social por las condiciones de acceso que impone la organización social.

En contraste, existen múltiples estudios que demuestran que las sociedades con mejores indicadores económicos son aquellas que registran una distribución más igualitaria de recursos de todo tipo. La explicación más aceptada es el modo en que conformaron sus regímenes de organización social, con la forma en que se combinan múltiples y coherentes regulaciones para que sea efectiva la posibilidad de desarrollar, potenciar y aprovechar las capacidades creativas de todas las personas.

Un modo ineludible para alcanzar estos resultados es que se logre igualar lo máximo posible el acceso de todas las personas a ciertos recursos materiales y simbólicos que les permitan desempeñarse plenamente en el orden económico y social donde conviven. Entre otros criterios, las sociedades más justas y eficientes son las que se muestran más sensibles a las necesidades de recursos de los menos aventajados que a las ambiciones personales de los más favorecidos (“natural” o “políticamente”). Si se tratara de premiar los talentos, probablemente debería obtener más quien es capaz de sobrevivir en la adversidad que quien nace y vive en la abundancia.

Las instituciones políticas no pueden eludir su obligación de proteger a la población de las amenazas que la propia sociedad genera. Lamentablemente, esto siempre es una puerta abierta a discursos y prácticas demagógicas que son una excusa para poner al Estado al servicio de un grupo que se apodera de recursos públicos para su propio beneficio. La historia argentina pasada y presente es claro ejemplo de ello. Pero eso no invalida la necesidad que tiene toda organización social de una autoridad pública que arbitre las desigualdades y busque integrar la complejidad social en torno al interés público. Se puede discutir las características del ejercicio de esa autoridad pública, pero no su existencia: ningún orden natural promueve el desarrollo individual autónomo, ni el bien común, ni libera a los sujetos de contingencias que provocan daños ajenos a su voluntad y responsabilidad.

No se puede exigir que las personas se hagan responsables de su plan de vida si se les pide resignación por la situación de carencia, vulnerabilidad y explotación en la cual les toca vivir.

La desigualdad no es justa, ni eficiente, ni responde a ningún orden natural. Es producto de una organización social donde la dominación se oculta bajo la excusa de la distribución de recompensas.

La política pública no puede eludir la obligación de revertir las situaciones de desigualdad, no sólo porque es un deber moral, sino porque atenta contra la propia integración social. Si es muy grande la distancia entre la distribución igualitaria del derecho a elegir representantes políticos y la distribución desigual de los recursos económicos y sociales que esos representantes deben administrar, la propia organización social pierde legitimidad.



(*) Fue el coordinador del equipo de economistas que elaboró un plan económico para la candidatura de Elisa Carrió a presidente de la Nación en 2003. Es egresado de la Universidad de Pittsburgh, EE.UU., profesor de posgrado e investigador de las universidades de Notre Dame y La Sorbonne y autor de una decena de libros. Es, además, investigador principal del Ciepp (Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas).