Por Carlos Romero

Cada tanto, la ciudad de Buenos Aires se inunda, los porteños se mojan y los funcionarios hacen promesas. Así las cosas, hace varios años se concluyó que era necesario construir túneles aliviadores para contener al Arroyo Maldonado. Tres gobiernos al hilo anunciaron con gesto adusto que la solución a las inundaciones estaba bajo tierra. No fue necesario aclarar que la política –y sus negocios adyacentes– sigue haciéndose en plena superficie. En este caso, con una obra de dimensiones faraónicas, cifras millonarias y empresarios amigos de la casa. O, para ser más rigurosos, familiares del propio jefe de gobierno Mauricio Macri.

El objetivo de Macri es claro: sueña con capitalizar para su gestión todo el rédito de haber aplacado las inundaciones. El que también disfruta de la obra es su primo Ángelo Calcaterra, socio de la italiana Ghella SPA, la compañía que se impuso en la licitación con una oferta original que rondó los 454 millones de pesos. Una enorme cifra a la que pronto se sumarán varios millones más.

Veintitrés pudo acceder en exclusiva a una modificación propuesta por Ghella a pedido de Macri en julio de 2008, a sólo cuatro meses de que ambas partes firmaran el contrato y aceptaran las condiciones y costos de la obra. Y cuando Calcaterra, dicho sea de paso, ya se había sumado a los negocios de los italianos.

La cuestión supone modificar un aspecto clave del proyecto, que fue aprobado en 2004 y ya costó 6,5 millones de dólares, sin que nunca antes haya sido cuestionado, ni siquiera en los 132 días de evaluación que tuvieron los oferentes. En cash, el cambio puntual del proyecto supondría 44 millones de pesos (12 millones de dólares), según estimaciones de la propia constructora. Pero si a esto se suman otras alternativas operativas y modificaciones mencionadas por la empresa, se llegaría a casi 99 millones de pesos. Este costo adicional, claro, no figuró en la oferta original de la empresa italiana, que en parte ganó la licitación por tener el precio más bajo.

En concreto, la modificación supone alterar aspectos referidos a la instalación de las máquinas tuneladoras y a la confección de los pozos por donde descenderán. Por estas características, el nuevo esquema implica la necesidad de rever el impacto de la obra en el medio ambiente, pues ahora el dispositivo por el que bajarán las tuneladoras interfiere con el acuífero Puelche, una valiosa reserva de agua que se encuentra en el subsuelo porteño pero que es compartida con otros tres distritos. Todos estos datos, sensibles para el medio ambiente y con costos para las arcas de la ciudad, venían permaneciendo en un conveniente silencio.

Pozo de oro. Por Orden de Ejecución Nº 28, del 28 de julio de 2008, el macrismo le solicito a Ghella que evaluara alternativas para acelerar los plazos de ejecución. La nota y el apuro de los expertos del Pro eran entendibles. Por un lado, no coincidían con algunas cuestiones técnicas del proyecto original y, por otra parte, la obra venía retrasada, con los fondos dormidos por un año. Una demora que a la ciudad le costaba cara. “En la extensa indefinición de Macri sobre el inicio de la obra quedó en claro la ineficacia del gobierno en su primer año de gestión, por lo que tuvo que pagar una multa fijada en las condiciones del crédito con el BM”, explicó el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez.

Para Sánchez, “no es pecado ser un dueño de un holding. Lo grave es simular que los intereses privados fueron corridos a la hora de ejercer un cargo público”.

Un mes después de la nota del Ejecutivo, la contratista respondió con una doble propuesta: primero, un cambio en la geometría del enorme pozo con el que ya se trabaja en Punta Carrasco, y por otra parte, la necesidad de cavar más profundo –unos 15 metros más que los 40 originales–, pues debajo del lecho del acuífero Puelche existirían mejores condiciones para instalar las bases de las pesadas guías por las que descenderán las máquinas. En una de sus notas, Ghella sostuvo que la nueva propuesta “constituye una solución más confiable”, que además reduciría en cinco meses el tiempo de obra. Según el gobierno, la ganancia sería de un año.

En cuanto al tema ecológico, en sus casi 300 páginas, el estudio de impacto ambiental que sigue vigente no menciona al acuífero Puelche, y mucho menos la posibilidad de su interferencia y los riesgos de contaminación que de ello podrían derivarse. Para Enrique Matías Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, “debe realizarse una nueva evaluación de impacto ambiental atento a las modificaciones pretendidas de la obra, pues importan un cambio sustancial que merece un análisis independiente de los impactos sobre la ciudad y su ecosistema”. Viale agrega otro punto de conflicto: el Puelche involucra a cuatro distritos: la ciudad, y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

“Por las características y magnitud de las obras, deben introducirse en dicha evaluación criterios de territorialidad y la consideración de las políticas ambientales a nivel regional, acumulativas y de impactos estructurales así como también la consideración de la normativa regional, nacional e internacional.”

Desde el gobierno, el subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas, Sergio Agostinelli, aseguró que el nuevo esquema “garantiza la seguridad del Puelche” y que cuenta con el visto bueno del BM.
Para el ingeniero, “se buscó un suelo más resistente, que son las arcillas azules que hacen de contención al acuífero, lo que permite más estabilidad”. Agostinelli aclaró que van a llamar a audiencia pública “de inmediato” y que todavía no aprobaron la propuesta en términos económicos.

A diferencia de lo expresado por la constructora en sus notas, el subsecretario sostuvo que el costo del cambio “ni por asomo va a hacerle cosquillas al 20 por ciento del costo global” y que “no se va a aprobar cualquier cosa”. Por otra parte, y a pesar de que el estudio de impacto ambiental vigente no dice una palabra sobre el Puelche, el funcionario sostuvo que “la solución original ya interfería con el acuífero, y entre hacer un proyecto dudoso se prefirió estudiar el cambio y volver a hacer el estudio de impacto ambiental”. En este aspecto, la obra arrastra varios puntos oscuros, heredados de gestiones anteriores. Por caso, que el 29 de junio de 2005, cuando se realizó la audiencia pública para escuchar a los vecinos, el certificado ambiental ya tenía dos meses de otorgado.

Socios. La obra con que sueña Macri consta de dos megatúneles: uno de 7 metros de diámetro y 10 kilómetros de extensión, por debajo de la avenida Juan B. Justo, desde la calle Cuenca y hasta el Río de la Plata; y otro similar pero más corto, de 5 kilómetros, por debajo de Godoy Cruz, desde Niceto Vega hasta la costa. Ambos brazos de cemento –que serán alimentados por 46 kilómetros de canales secundarios– confluirán en una estación de descarga en Punta Carrasco.

Esa es la obra con la que se quedó la italiana Ghella, cuando Jorge Telerman era jefe de gobierno. Por entonces, la firma se presentó en solitario pero después de ganar la licitación se asoció a uno de los miembros del clan Macri: Ángelo Calcaterra, sobrino dilecto de Franco y primo de Mauricio. Calcaterra se había alzado con la constructora Iecsa después de que en febrero de 2007 la recibiera de manos de su tío Franco. En noviembre de ese año, ya con Ghella triunfante en la obra más importante de la ciudad, Iecsa le vendió la mitad de sus activos.

Aníbal Ibarra, legislador porteño y encargado de tramitar el crédito ante el BM en sus tiempos de jefe de gobierno, cree que la cuestión fue fríamente calculada. “La decisión de Franco y Mauricio Macri fue hacer creer que se despegaban de la empresa Iecsa, de decir que se vendía y proclamarlo a los cuatro vientos, en el mismo momento en que Macri se presentaba a las elecciones de 2007. Pero no la vendieron a un extraño, sino a un miembro de la familia”, resume Ibarra. “Hoy, Macri tiene que decidir sobre los costos y los precios de una empresa (Ghella) asociada con su grupo familiar”, agregó el legislador, que junto con otros diputados de la ciudad denunció irregularidades en esta y otras de las obras.

Y como los negocios van de la mano, la obra del Maldonado podría derivar en una magnífica inversión inmobiliaria. Sucede que de los 1.258.000 centímetros cúbicos de tierra que se movilizarán, se supone que algunos irán a parar a Punta Carrasco y otro tanto a rellenar el Parque Indoamericano, en Villa Soldati, pero aún quedan varias hectáreas de tierra sin destino. Una opción que sonó cerca del gobierno plantea la creación de una península artificial sobre la ribera del Río de la Plata, pegada a lo que fue la Ciudad Deportiva de Boca, en Costanera Sur.

Adaptando el refrán popular al estilo Pro, podría decirse que para los que saben hacer negocios, no hay mal que por bien no venga. Ni siquiera las inundaciones.