A Duncan Green la Argentina le cambió la vida. Con un título de físico obtenido nada menos que en la Oxford University de Inglaterra, encaró un viaje experimental por América latina que comenzó en Buenos Aires en 1979 como profesor de inglés. La salvaje represión, los desaparecidos, y las violentas injusticias que primero observó aquí y luego en Perú y en otros países de la región, lo motivaron a dedicar su vida a los derechos humanos. Hoy es el jefe de investigaciones de la filial inglesa de Oxfam, uno de los organismos más importantes en el rubro que se formó en 1995 como una confederación de trece instituciones similares. Para Oxfam, el Fondo Monetario Internacional tiene enorme responsabilidad por la pobreza en el mundo, y es Green uno de los que lleva la voz cantante sobre los vientos de cambio que se agitan en el Fondo Monetario Internacional. Él es escéptico. Dice que más allá del mensaje que se proclama desde el cuartel central en Washington, el staff del FMI es incapaz de aplicar la medicina correcta. “El problema está en su ADN”, afirma.
Cristina Fernández no recurrió a una metáfora de las ciencias duras sino a una fábula atribuida a Esopo. Enojada con el pronóstico acerca de que la Argentina decrecerá 1,5 por ciento en 2009, asimiló al Fondo con el escorpión que pica mortalmente a la rana a la que le había solicitado ayuda para cruzar el río. La maldad, el error, está en su naturaleza.

La crisis mundial que, entre otros, el Fondo no previno, paradójicamente sirvió para que el organismo conducido por el francés Dominique Strauss-Kahn comenzara a resucitar desde las cenizas a las que había quedado reducido. Y terminó de reafirmarse con el espaldarazo que recibió en la cumbre del G-20 en Londres, donde se decidió triplicar su capacidad de préstamo a 750.000 millones de dólares y aumentar la emisión de su moneda (los derechos especiales de giro) en el equivalente a 250.000 millones de dólares.

El Fondo está volviendo a ocupar un rol clave con un discurso diferente que, sin embargo, no convence a muchos. La española Nuria Molina, miembro de la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad en su sigla inglesa) y de la ONG Bretton Woods Project, señala en un artículo de hace unos días –“Los préstamos de emergencia del FMI: ¿una mayor flexibilidad para superar la crisis?”– que “la práctica no sigue a la retórica”. Cita una investigación preliminar de la Red del Tercer Mundo (TWN - Third World Network) sobre el consejo que el Fondo da a los países que le piden su asistencia para enfrentar los efectos de la crisis no es nada alentador, donde se sostiene que “la documentación sobre las condicionalidades de los préstamos actuales del FMI y sobre el consejo de política demuestra que la naturaleza contractiva tradicional del marco de trabajo fiscal y de la política monetaria del FMI, no ha cambiado”. Agrega que “las viejas recetas de las políticas fiscales estrictas, de corte en los gastos gubernamentales y la inflación de un solo dígito parecen estar en el tope de las condiciones del Fondo y del consejo dado a los países que ha rescatado de la crisis”. Ejemplifica con los préstamos a Rumania, Letonia y Armenia. En el primer caso reproduce declaraciones del jefe de la misión del Fondo diciendo que “habrá reformas específicas en el área fiscal para asegurarse de que el déficit continúe bajo en el tiempo, reestructurando las políticas salariales, recalibrando el sistema de pensiones para hacerlo más sostenible, mejorando el control y monitoreando las empresas publicas”.

En el mismo sentido se pronunció la nota editorial del diario inglés The Guardian del lunes pasado. Bajo el título “IMF: as bad as ever” (“FMI: tan malo como siempre”), cuenta que sus economistas están forzando a Pakistán y a países del África subsahariana a recortar gastos sociales y a debilitar la presencia del Estado.

Por su parte, Mark Weisbrot –director del Center for Economic and Policy Research con sede en Washington– escribió una columna el viernes pasado en The New York Times reclamando desde el título que “El FMI no debe recibir más recursos si no se reforma”. Apoya el pedido en que si bien “el Fondo afirma que ha cambiado, el análisis de nueve acuerdos stand-by que ha negociado desde septiembre del año pasado revela varios de los mismos errores que ha cometido en el pasado: todos contemplan recorte de gastos, a pesar de su declamado compromiso con una política global de estímulo fiscal”.

A pesar de todo lo anterior, sí ha habido un cambio bien concreto que encaja en el nuevo discurso. Se trata de la Línea de Crédito Flexible (LCF) anunciada a fines de marzo, que no impone las condicionalidades de ajuste habituales y deja margen para que los prestatarios cuiden el gasto social. México fue el primer país en solicitar y recibir un crédito contingente por 47.000 millones de dólares. Y en la lista ya se anotaron Polonia con un pedido por 20.500 millones y Colombia que aspira a 10.400 millones. Es probable que se agreguen Chile y Perú.

El problema está en que la LCF sólo está disponible para países con un sólido marco de política económica, un requisito que la Argentina no cumple de acuerdo con el criterio del Fondo.

Puntualmente, exigen que la Argentina se someta a la revisión de rutina conocida como Artículo Cuarto, lo que implica, como mínimo, discusión y desacuerdo por el índice de inflación y el resto de los indicadores indirectamente distorsionados por esa manipulación.

Esa es la línea de crédito que el Gobierno está mirando con agrado para después de las elecciones. Lo reconoció con todas las letras el ministro Carlos Fernández en su paso por la Asamblea anual de primavera que tuvo lugar el fin de semana pasado en Washington. Dijo que “el Fondo ha introducido cambios, pero son insuficientes”, y reclamó que “la nueva Línea de Crédito Flexible sea aplicada de manera amplia”.

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