El candidato Néstor Kirchner pide el voto para “profundizar el modelo”. El ministro Julio De Vido dice que lo que está en juego es “el modelo de desarrollo social e integración”. Y para Hugo Moyano lo que se discute “no es la forma de un modelo sino la cuestión de fondo”. Cada día que pasa queda más en evidencia que la estrategia del oficialismo es plebiscitaria. No se trata de una simple elección legislativa de medio término, sino de viabilizar o impedir la posibilidad de mejorar el modelo.

Es la misma estrategia que en 2007, cuando Cristina y Cobos hacían proselitismo para “profundizar el cambio”. Aquella vez resultó exitosa. El kirchnerismo ganó cómodamente, capitalizando en las urnas los logros que había tenido el modelo. Cuatro años de altísimo crecimiento, acompañados de mejoras en todos los indicadores más relevantes: mayor poder adquisitivo del salario, caída en la desocupación, descenso de la pobreza y de la indigencia, redistribución del ingreso, etc., etc.
Pero ahora la situación es otra. El crecimiento se ha detenido, no hay creación de empleo, y desde hace largo tiempo se revirtió la tendencia que mostraban la pobreza, la indigencia y el reparto de la torta. Por supuesto que parte obedece al impacto de la crisis internacional. Tan cierto como que hay otra parte atribuible a factores exclusivamente domésticos.

¿Qué es el modelo del que tanto hablan?

Hasta 2007 quedaba muy claro que los grandes lineamientos macroeconómicos pasaban por mantener un tipo de cambio competitivo que diera lugar a superávit externos, acumulación de reservas y desendeudamiento, y que en conjunto redujeran sensiblemente la vulnerabilidad externa. A su vez, el enorme salto en el nivel de actividad y el menor peso de la deuda tras la renegociación, permitió expandir fuertemente el gasto sin desequilibrar las cuentas fiscales. A lo que hay que agregar una mayor presencia estatal en algunos sectores productivos, y el uso intensivo e indiscriminado de subsidios para mantener bajo control algunos precios clave, como por ejemplo las tarifas públicas.

Si bien los resultados de ese modelo fueron muy positivos y –como ya se señaló– suficientes para ganar la elección de hace dos años, puestos en perspectiva histórica no lucen extraordinarios. Un reciente estudio de la CTA coordinado por el diputado Claudio Lozano que compara la situación de 2007 con la que había diez años antes, revela que mientras el Producto Bruto era un 32 por ciento mayor que en 1997, la población desocupada era la misma (1,85 millones), la informalidad laboral mayor (41,5 vs. 37,1 por ciento), la pobreza más alta (26,8 vs. 26 por ciento), y la brecha de ingresos que separa al 10 por ciento más rico del 10 por ciento más pobre había subido de 22,1 veces a 28,7 en ese decenio.

En resumen, el modelo fue mucho más eficaz en impulsar el crecimiento que en mejorar otras variables clave, a tal punto que con una economía más grande que en 1997 los indicadores sociales eran peores. Para los autores, ese empeoramiento del cuadro social “está estrechamente vinculado a la mayor concentración económica”. El trabajo titulado “La transformación en la cúpula empresarial durante la última década” demuestra que la venta conjunta de las 200 compañías que más facturan equivalía al 31,5 por ciento del PBI en 1997 y saltaba al 56,1 en 2007.
Sin lugar a dudas, otra de las causas que explican la diferencia de velocidad entre el vertiginoso crecimiento macroeconómico y las más limitadas mejoras sociales, es la falta de reformas sustanciales en materia tributaria que caracterizó a la primera etapa del modelo.

Paradójicamente, la primera gran iniciativa en ese sentido sucedió al principio de la gestión de Cristina, y fue el fracasado proyecto de retenciones móviles a la soja, cuyo sentido primordial era capturar tributariamente una renta excepcional para acelerar la redistribución. Los gruesos errores técnicos y la asombrosa torpeza política fueron factores decisivos de esa costosa derrota para el Gobierno.

De ahí en adelante el modelo se fue debilitando, por la inflación que no supo dominar y por el deterioro de los números fiscales. A esto último apuntó la estatización del sistema previsional, que fue la única verdadera profundización del cambio exitosa que impulsó el Gobierno en su segundo mandato. Además de terminar con el oprobio de las AFJP, la reforma alivió significativamente el horizonte de vencimientos de la deuda pública (al permitir la refinanciación automática) y amplió el margen de maniobra para que el Estado intervenga con el fin de amortiguar el impacto de la crisis internacional y de las dificultades de cabotaje.

Esa intervención tuvo mucho de improvisación y de equivocaciones conceptuales, especialmente en la sucesión de anuncios de planes para estimular el consumo (descriptas en esta columna la semana pasada). Por el contrario, el enorme impulso que se le ha dado a la inversión pública es un dato crucial para comprender por qué el mercado laboral soportó bastante bien la tormenta. Y lo mismo vale para la acción que desarrolla el Ministerio de Trabajo a través de diversos mecanismos orientados a evitar los despidos.

La idea de profundizar el cambio era en 2007 una ilusión seductora. Por más peros que se le objetara, tenía sólidos fundamentos de los que aferrarse. Dos años después, esa misma idea aparece muy endeble. Más aún, si sus defensores se empacan en la negativa a explicar de qué manera lo piensan hacer.

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