Entusiasmante, si es para debatir, acordar y sancionar una política de Estado que genere pluralismo, diversidad cultural, que controle a los poderes económicos y políticos acostumbrados a alzar su voz en los medios, acallando a otros.

Democrática, si establece que el ente de control de la radiodifusión será colegiado e independiente del poder político de turno, sin mayorías gubernamentales automáticas. Una autoridad que se asemeje en su constitución a la Corte Suprema, porque le toca arbitrar en el derecho a comunicarse de todos, sin distinción de origen, condición o creencia.

Progresista, si instaura un sistema de medios públicos que respete la independencia de opiniones y el análisis objetivo, como nos ha dado ejemplo la BBC, el medio más independiente de Inglaterra y más desapegado del gobierno, pese a ser estatal. Lo que bien se plasmó en los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana: “Los medios públicos deben ser públicos y no gubernamentales”.

Precavida, si evita que se produzca a futuro en la Argentina el “efecto Berlusconi”. Que los límites a la titularidad de licencias sean burlados si un mismo político, en la Nación o en las provincias, fuera la cabeza de un grupo económico de medios y manejara además la televisión pública, como sucede con el disoluto Cavaliere.

Refrescante, si hace carne el punto 3 de la Iniciativa Ciudadana, para que sea “prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas”. Todos los gobiernos de la democracia han discriminado la pauta oficial entre medios “amigos” y los otros. Ya basta.

Sueño y pretensión: una ley que inaugure una nueva y transparente relación entre Poder, Medios y Sociedad.