Uno se llama Joseph Stiglitz. Es Premio Nobel de Economía y sostiene que “el Fondo Monetario Internacional es completamente distinto al que manejó la crisis argentina de 2001”. Agrega que “aquella visión del Fondo ya no existe, y puede decirse que el cambio fue gracias a la ayuda de la Argentina”, que “fue un caso exitoso sin el FMI”.

Pero hay por lo menos otros cinco que no piensan lo mismo. Sus apellidos son Weisbrot, Ray, Johnston, Cordero y Monetecino, y tienen como nombres, Mark, Rebecca, Jake, José y Juan, respectivamente. Son investigadores del heterodoxo Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CEPR, en sigla inglesa) de Washington, y autores de un estudio que demuestra que, en la práctica, la institución con la que está coqueteando el Gobierno se parece demasiado a la que siempre fue. El trabajo analizó los 41 acuerdos de préstamo vigentes entre el Fondo y sus miembros, y encontró que en 31 de ellos los créditos están condicionados a la aplicación de medidas procíclicas, es decir, supeditados a medidas de ajuste fiscal y/o monetario que agravan las situaciones recesivas que dieron origen a la necesidad de financiamiento.

La investigación relativiza la retórica de cambio que en los últimos meses adorna el discurso oficial del Fondo y es compartida por no pocos economistas y políticos, entre los que figura Stiglitz, quien curiosamente integra el Consejo Asesor del CEPR. El trabajo también confirma que el organismo sigue manteniendo un doble standard en el criterio que aplica para los países desarrollados y para el resto: por un lado apoyó las políticas de estímulo fiscal y expansionistas que países ricos adoptaron para hacer frente a la crisis, pero no fue esa la actitud para los países de ingresos medianos y bajos. El ejemplo extremo es Estados Unidos, donde la política económica elevó el déficit fiscal al equivalente a un 11 por ciento del Producto Bruto Interno con tasas de interés cercanas a 0 por ciento. En contraste, tres de cada cuatro países que acordaron asistencia con el Fondo se comprometieron a adoptar medidas de contracción fiscal y/o monetaria, como bajar el gasto público o disminuir la oferta monetaria para que suba la tasa de interés.

Los autores reconocen como un paso adelante la inyección de liquidez por 283.000 millones de dólares (en Derechos Especiales de Giro, la moneda de la institución) que el FMI distribuyó entre sus miembros sin condiciones (de los cuales a la Argentina le correspondió alrededor de 2.500 millones). Y también consideran positivamente la creación de la Línea de Crédito Flexible a la que accedieron, también sin condiciones, México, Polonia y Colombia, aunque señalan que esos préstamos están restringidos a países que de por sí llevan adelante políticas afines con la orientación del Fondo. Por ejemplo, si quisiera, la Argentina no calificaría para ese financiamiento.

Ahora bien, aun si se da por cierto la peor versión sobre el FMI, no es por prevención a eventuales condicionamientos peligrosos que el gobierno argentino está demorando la normalización de su relación con el organismo. Eso queda descartado por la sencilla razón de que el Fondo puede imponer condiciones a los países que piden prestado, que no es lo que pretende la Argentina.
El Gobierno no aspira a un crédito del Fondo sino a regularizar la deuda en default por más de 7.500 millones de dólares con los Estados que se nuclean en el llamado Club de París (Japón y Alemania son los principales acreedores). Y como a diferencia de lo anunciado en septiembre del año pasado –que no se concretó debido a la agudización de la crisis internacional y local–, ahora la idea no es cancelar todo de una vez utilizando las reservas, sino refinanciar la mayor parte, para ello el Club de París exige que el país cumpla con la revisión anual que el Fondo realiza a cada miembro, sea o no prestatario. Es lo que se conoce como el Artículo IV del Convenio Constitutivo del organismo, que establece que “los países proporcionarán al Fondo la información necesaria para ejercer la supervisión”. Desde que en 2005 canceló la deuda con el Fondo, el Gobierno se negó a someterse al monitoreo que ahora le exige el Club de París.

Si no hay espacio para condicionamientos peligrosos, ¿a qué se debe entonces la resistencia del Gobierno a aceptar la revisión de sus números? En los principales despachos del Ministerio de Economía explican que el tema está trabado y demorado porque se está negociando la forma en que se realizará la supervisión. Ellos aspiran a que los técnicos del Fondo mantengan un perfil bajísimo, que no se contacten ni con economistas ajenos al Gobierno ni con políticos de la oposición, y que el reporte final de la revisión no se extralimite. Reconocen que temen al impacto mediático y político que pueden provocar opiniones negativas sobre la política económica.

No es un tema para descuidar, pero el miedo que dicen tener es como mínimo exagerado. Por empezar, porque ni siquiera a la luz de la tradicional óptica fondomonetarista, la situación macroeconómica argentina puede ser evaluada desfavorablemente en términos globales: hay un horizonte de crecimiento moderado, perspectivas de fuerte superávit externo con mercado cambiario muy descomprimido, nivel de deuda pública con cronograma de vencimientos no muy complicado de afrontar, y si bien las cuentas fiscales ya no arrojan el excedente de entonces, distan de presentar un panorama grave.

Por supuesto que los técnicos del Fondo objetarán varios aspectos de la política económica, entre los que casi seguramente habrá un señalamiento crítico al manejo del Indec y de las estadísticas oficiales. Pero nada de lo que pueda cuestionar una misión del FMI no ha sido ya observado públicamente por economistas con predicamento.

Y que sea el Fondo el que repita lo que otros ya dijeron no justifica demasiada preocupación. En el fondo no hay un problema de la dimensión que el Gobierno le adjudica.

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