Por Adrián Murano

Tenía aires de princesa. Bella, glamorosa, joven, rubia, ambiciosa, decidida. Terminó esposada, con su rostro cubierto por una camiseta sucia, acusada de un delito infame: la presunta venta de medicamentos truchos a enfermos terminales.

Los sueños de grandeza de Solange Bellone se deshilacharon el 13 de agosto de 2008, cuando el cuerpo de su marido, Sebastián Forza, apareció acribillado en un zanjón de General Rodríguez. Esa noche la tele mostró su desconsuelo en vivo y en directo. Abrazada a su abogado, Héctor Ramírez, la viuda reconoció a su marido en medio de un aquelarre de especulaciones. Se habló de secuestro extorsivo, de deudas millonarias, de tráfico de efedrina. Ella era, todavía, la víctima colateral e inocente de un crimen mafioso. La madre de un chiquito que había perdido a su padre de tres balazos. La mujer que había movido cielo y tierra para encontrar a su marido desaparecido. Por entonces pocos sabían que Solange era, además, una pieza clave en la trama de negocios turbios y plata fácil que la llevó a la vera de aquel zanjón.

El pasado martes 2, una delegación de la Policía Federal arribó al country Pilar del Este con una orden de allanamiento y un pedido de detención. A las 7.30, Solange fue trasladada en un patrullero hasta la comisaría 23ª, de Santa Fe y Gurruchaga. Recién al atardecer supo que la acusaban de desobedecer al juez en una causa que investiga la provisión de medicamentos irregulares a la obra social del sindicato de empleados bancarios. No se sorprendió. El lunes les había dicho a dos de sus allegados: “Van a venir por mí”.

Más que una predicción, lo de Solange fue lógica pura. Su detención fue ordenada por el juez Norberto Oyarbide, el mismo que, en los días anteriores, había detenido al sindicalista Juan José Zanola, su pareja –Paula Aballay–, al empresario Néstor Lorenzo y a media docena de gerentes y secretarias. La redada masiva derivó de los avances en el megaexpediente que investiga lo que la ex ministra de Salud Graciela Ocaña bautizó como “La mafia de los medicamentos”, una presunta organización dedicada a comerciar químicos de manera irregular. En la fría letra de la ley, a este tipo de organizaciones se las denomina “asociación ilícita”, un delito con penas que van de los 5 a los 20 años de prisión.

En el aspecto formal, la detención de Bellone, que ya estaba procesada en la causa, se decidió después de que una serie de escuchas telefónicas revelara que siguió operando su droguería luego de que el propio Oyarbide le denegara la reapertura de la empresa, hace tres meses. Pero los antecedentes de Bellone y Forza en los estrados judiciales no son nuevos, y datan de 2006. El 26 de noviembre de ese año, un grupo comando asaltó la droguería ABC. Se llevaron 33 mil unidades de distintos fármacos destinados al tratamiento de patologías crónicas de alto costo como los que utilizan los pacientes hemofílicos, enfermos de cáncer o con HIV. ABC estimó que el botín superaba los 5 millones de pesos.

El nombre de la viuda se coló en el expediente a partir de una investigación paralela sobre el destino de los fármacos sustraídos. La pista llevó hasta Bellone y Forza: en su droguería se halló parte de lo robado.

La causa que investiga el asalto fue caratulada como “Carbone Gustavo y otros s/robo con armas”, y está radicada en el juzgado penal Nº 8 a cargo de Susana Yamile Bernan. Ese expediente contiene un extenso listado de droguerías sospechosas de haber comercializado los medicamentos robados en ABC. Las empresas quedaron en la mira de la Justicia cuando, tras una serie de allanamientos e inspecciones, no pudieron reconstruir de manera convincente la “trazabilidad” de la mercadería que poseían, es decir, la ruta desde el laboratorio hasta el consumidor final.

Entre esas firmas figura Baires Med, el nombre de fantasía de la droguería que Bellone y su esposo manejaban con su empresa Seacamp SA. La misma que, al momento de su muerte, tenía a Forza como director suplente y a Bellone de presidenta, y que lucía un “rojo” intenso con 470 cheques rechazados.

Durante un allanamiento se detectó parte de lo robado a ABC en la droguería Oncolife, que a su vez los había adquirido a la firma de Forza y Bellone. Entre esos fármacos estaban los conocidos comercialmente como Avonex –del laboratorio Abbott, para casos de esclerosis múltiple–, Herceptin –de Roche, usado en el cáncer de mama– y Erbitux –de Merck Química, empleado en la lucha contra el cáncer–. En su momento, ABC había informado en una solicitada que en el episodio de 2006 le fueron sustraídas 8 unidades de Avonex, una de Herceptin y 395 de Erbitux 100, todos productos con precios de venta que en el país rondan los 10 mil y 20 mil pesos.

El 26 de septiembre de 2008 se presentó a declarar la farmacéutica Gilda Otilia Herrera, que al momento de los hechos era la directora técnica de Baires Med. Ante la jueza, Herrera dejó en claro que era Bellone quien llevaba adelante el manejo real de la empresa. El testimonio fue convincente: la viuda de Forza fue llamada a declarar. En los tribunales, Bellone ensayó una doble defensa: por un lado, repitió que era su marido quien se ocupaba de la compraventa de medicamentos y que ella sólo llevaba adelante la parte administrativa. En segundo lugar, la viuda dijo que los remedios cuestionados habían sido adquiridos de otras dos droguerías.

El primer argumento es la muletilla de la defensa de Solange. Pese a figurar como presidente de la empresa, y tener firma autorizada para expender cheques, cada vez que pudo la viuda se presentó como poco menos que una figura decorativa de los negocios de su marido. Pero abundan los relatos de ex empleados de Seacamp que la recuerdan al frente de la firma. Y hasta sus propios suegros lo aseguraron ante Veintitrés: “Ella estaba al tanto de todos los negocios” (ver recuadro).

El segundo tramo de su declaración remitió a una práctica extendida en el ámbito farmacéutico: el traspaso de fármacos entre droguerías es un clásico de ese negocio. Los especialistas sospechan que, de ese modo, se encubre el posible origen ilícito de la mercadería, ya sea porque provino de un asalto –como en el caso de ABC– o porque se trata de medicamentos adulterados. La Justicia sospecha que la droguería de Forza habría participado en ambas experiencias.

La megacausa que lleva el juez Oyarbide estableció que en el Policlínico Bancario (POBA) se entregaban medicamentos apócrifos. Esto es: placebos, envases rellenados. Una investigación realizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sobre muestras de fármacos entregados en el POBA determinó que eran “no aptos para consumo humano”. A cargo de la farmacia del Policlínico estaba la droguería San Javier, propiedad de Lorenzo. El lazo entre la firma y la obra social era estrecho: el 13 de agosto de 2008 –el mismo día en que aparecieron los cuerpos de Forza y sus socios Leopoldo Bina y Damián Ferrón–, Zanola firmó el contrato del fideicomiso entre el BAPRO Mandatos y Negocios SA, y la Obra Social de La Bancaria (OSBA), en donde se explicita que San Javier recibirá los subsidios de la Administración de Programas Especiales (APE) para la medicación y tratamientos de alta complejidad, como el cáncer y el HIV.

El APE es un organismo oficial que administra un fondo especial destinado al pago de tratamientos complejos. En los allanamientos al Policlínico, la Justicia secuestró cientos de carpetas que incluían recetas apócrifas y troqueles falsos con los que se pretendía justificar el pago de medicamentos costosos. Según pudieron reconstruir los pesquisas, el mecanismo consistía en fraguar la historia clínica de un paciente –que incluso podía ser inexistente–. Para reclamar el pago al APE, las droguerías entregaban los troqueles y cobraban por medicamentos jamás proporcionados.

Oyarbide cree que podría haber varios gremios involucrados en este tipo de estafas. De hecho el fiscal Luis Comparatore aseguró que el sindicato de camioneros, de Hugo Moyano, “también está en la mira”. Pero en el caso de La Bancaria las detenciones se aceleraron a partir de una prueba esencial: a través del fideicomiso, Zanola intentó que fuera directamente Lorenzo quien cobrara los aportes del APE. Hasta donde figura en el expediente, ninguna otra obra social se mostró tan elocuente a la hora de beneficiar a una droguería.

Esa evidencia fue determinante para que el titular del gremio empezara la semana en prisión junto a su pareja, Paula Aballay, una ex enfermera que ascendió a mandamás del policlínico de la mano de su marido. En el cuadro de relaciones que dibujan los investigadores, Aballay aparece ligada a uno de los muertos del triple crimen: Damián Ferrón. Micky Fontanarrosa, integrante de la comisión interna del Banco Nación, denunció que la pareja de Zanola solía movilizarse en la Suzuki Vitara de Ferrón. En la víspera de la aparición de los cuerpos en General Rodríguez, esa camioneta apareció incendiada a cuatro cuadras del policlínico. Para el juez Oyarbide, la corta distancia no fue una coincidencia.

Mariela Izquierda, viuda de Ferrón, también confirmó los vínculos comerciales entre Zanola y su marido. “Su droguería –Pharma Group– trabajaba para la OSBA”, le dijo en agosto de este año al diario Perfil, y abundó: “Damián hablaba constantemente de OSBA, por eso me quedó grabado. Es el cliente del que más hablaba. Estaba muy contento porque decía que era un negocio que les iba a traer buena plata. Decía que era lo que más plata le daba, que le compraban bien. También me dijo que se reunió con Zanola”.

En su momento, el líder sindical desmintió esos contactos y enfatizó: “No conocí ni tuve nada que ver con los muertos del triple crimen”. Existe al menos un indicio que contradice su afirmación: según consta en la causa por el presunto tráfico de efedrina, la OSBA giró 139 cheques a Baires Med –la droguería de Forza y Bellone– por más de 2 millones de pesos para la provisión de medicamentos de alta complejidad entre octubre de 2007 y marzo de 2008. Uno de esos medicamentos era el Beriate P 1000, un concentrado sustituto del plasma humano destinado a los pacientes hemofílicos tipo A. Luego de allanar sus instalaciones, la ANMAT publicó la disposición 4708/2008 que prohibió la comercialización de productos de la Droguería San Javier fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. En ese documento se asentó que todos los medicamentos Beriate P 1000 comprados a Baires Med eran retirados en San Javier y remitidos a OSBA, que actuaba como depositario en sus heladeras.

Los investigadores intuyen que Solange guarda secretos sensibles y cruciales para la causa. Creen que la viuda conoce en profundidad los pliegues de la OSBA, y de las otras obras sociales sospechadas de operar en forma similar. Pero no sólo eso. Su testimonio también ayudaría a comprender el rol en esta historia de Julio César Pose, un informante de la SIDE y la DEA que trabajó como custodio de Forza y luego cumplió tareas similares para Lorenzo. Bellone además podría echar algo de luz sobre los aportes a la campaña del Frente Para la Victoria –tanto Lorenzo como Forza figuran en la nómina de contribuyentes, junto a otras droguerías–, y podría aportar pistas sobre el accionar de Héctor Capaccioli –cuya citación a indagatoria en esta causa fue requerida por el fiscal Comparatore–, recaudador de la campaña y ex superintendente de Servicios de Salud de la Nación, el organismo que debía controlar a las obras sociales.

En el juzgado confían en que, con tiempo para reflexionar a la sombra, tarde o temprano Solange revelará los secretos de su negocio. No será sencillo convencerla: su marido se llevó esos secretos a la tumba.