Los chicos son albergados sin control del servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos del Niño en Transición de La Plata, carecen de legajos y DNI, y no están en manos de personas capacitadas, afirma la justicia. El fallo -que fue firmado el 9 de diciembre pero que trascendió ayer- surgió tras la presentación de un habeas corpus por Matías, de 5 años, quien creció tras las rejas, fue externado y no visita periódicamente a su mamá.
La jueza Blanca Lasca resolvió favorablemente un habeas corpus presentado por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, que detectó que Matías había sido alojado en el Hogar Luz Divina de Magdalena, por decisión del Consejo Asistido de la Unidad Nº 33 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), tras la autorización de la madre del chico.
"El fundamento de la presentación es que el contacto de Matías con su madre se da a veces, porque depende de la capacidad de la gente del Hogar, que lo traen cuando vienen a la Unidad 33", explicó Laureana Malacalza, del Comité.
La permanencia de los chicos en ese Hogar se realiza sin dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 13.298 de Promoción y Protección de los derechos del Niño, y sin el control ni participación de los Servicios Local y Zonal de Promoción y Protección de Derechos del Niño que dependen del ministerio de Desarrollo Humano.
En su resolución, Lasca ordenó "al consejo asistido (a que) articule su intervención con el servicio Zonal de Promoción en Transición de La Plata a fin de establecer mecanismos que garanticen la vinculación familiar de los niños alojados con sus madres en dicha Unidad penitenciaria, las externaciones y las posteriores visitas con sus madres detenidas".
Además, el fallo obliga al servicio Zonal a que "intervenga", y que establezca "un sistema de visitas que garanticen la vinculación fluida (de Matías) con su progenitora, Marta, garantizando la continuidad del vínculo madre-hijo".

IRREGULAR. En las cárceles de la Provincia está permitido que los niños convivan hasta los 4 años con sus madres. Pero el Comité detectó que cuando la detenida carece de familia, "organizaciones no gubernamentales (sobre todo de carácter religioso) solicitan la autorización de las madres para sacar a los niños/as de las unidades penales", autorizaciones que se realizan de manera "arbitraria e ilegal", subrayó Malacalza.
Además, la Justicia detectó que "la permanencia de los niños en el Hogar (de Magdalena) es irregular, dado que no existe documentación ni autorización legal de ningún organismo que lo acredite. No existen legajos, ni historias sociales, ni DNI de los niños. El establecimiento no posee equipo profesional, (…) el personal a cargo de la institución no posee capacitación, apelando al sentido común y a la voluntad, no teniendo registro de la responsabilidad que están asumiendo".