Por Carlos Romero y Tomás Elischev

En cierto sentido, el gobernador Daniel Scioli y su atribulado ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, tienen razón: la Policía Bonaerense “satura”. Y no exactamente por los 6.954 efectivos que participan del tan promocionado Operativo Verano, con los que Scioli quiere blindar la costa atlántica. La Bonaerense “satura” –y lo viene haciendo hace décadas– por esa matriz de delincuencia y corrupción uniformada que se hunde como una astilla ciega en la fuerza de seguridad más numerosa y poderosa del país. La arena y el mar de las playas argentinas no parecen motivo suficiente para cambiar este estado de cosas. Más aún después de que el propio Stornelli acusara a la institución que tiene a su cargo de reclutar delincuentes e instigar crímenes para desestabilizar al gobierno. Fue el 14 de diciembre. Dos semanas después, un ex oficial de la Bonaerense y otro asaltante irrumpieron en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, encañonaron a su titular y sustrajeron documentación clave. Está claro que este verano, la Policía de la Provincia de Buenos Aires –como la llama Scioli para edulcorar un poco su prontuario– no se toma vacaciones.
El gobernador lo sabe. O al menos lo sospecha. En el mismo momento en que lanzaba con toda la pompa el mega Operativo Verano 2010, hizo público su temor de que un caso con el inconfundible copyright de la “maldita policía” le empañe la temporada, como ya otras veces sucedió. Atrás quedaron los días en que el ex motonauta y su ministro de Seguridad daban un apoyo total a esos señores de gorra y placa con los que todo político tiene que sentarse a negociar normas de convivencia. Un pacto que suele terminar de la misma manera: mal.

A pesar de estos antecedentes, la gestión Scioli se caracterizó por ceder a los deseos de la Bonaerense: dotó a la fuerza de más efectivos y le repuso algunas atribuciones que había perdido con la reforma del ex ministro León Arslanian. Así, de a poco, se fue restableciendo parte de esa estructura que tiene al delito como una actividad a administrar, y que había hecho eclosión luego del asesinato de José Luis Cabezas, durante el verano de 1997. Ese 25 de enero, con brutalidad, quedó al descubierto la organización delictiva que fluía al amparo de la “mejor policía del mundo”, como la había bautizado Eduardo Duhalde. El ataque a la Secretaría de Derechos Humanos que dirige Sara Derotier de Cobacho, de donde se robó información sobre crímenes de lesa humanidad y casos actuales de corrupción policial, es el último eslabón de un proceso que se inició con la desaparición de Jorge Julio López y que tuvo otro pico con el caso del adolescente Luciano Arruga.

Mateos. Los dos hombres que el 30 de diciembre pasado se presentaron en la mesa de entradas del organismo que dirige Cobacho dijeron que tenían “un presente” para la secretaria. No les interesaba el dinero. Querían otro tipo de papeles. Uno de ellos, capturado luego del episodio, fue identificado como el sargento Juan Manuel Mateos, que se había desempeñado en la División Narcotráfico de la Bonaerense hasta el 10 de diciembre último, cuando fue desafectado. A Mateos lo buscaban por el asesinato del niño de 8 años Santiago Pellegrini, que el 7 de diciembre, en Gonnet, fue alcanzado por una bala perdida. El auto en el que viajaban los supuestos agresores era propiedad de Mateos. Ya antes, en 2007, había sido desafectado del servicio, pero a fines de ese año lo reincorporaron y recibió un ascenso. En la secretaría, Mateos portaba una 9 milímetros, el arma reglamentaria de los bonaerenses. Su compañero –que al cierre de esta edición seguía prófugo y sin identificar– tenía un arma calibre 32. Querían las llaves de la caja fuerte, de donde se llevaron legajos y discos con datos que comprometían a la policía provincial. Por caso, había documentación sobre la desaparición de Arruga y legajos vinculados a los centros clandestinos el “Pozo de Arana” y el “Pozo de Banfield”, dos casos que muestran el accionar de la Bonaerense durante la última dictadura. Otros expedientes tenían que ver con los delitos de lesa humanidad sufridos por la propia Cobacho y su familia (ver recuadro).

Los asaltantes también se llevaron la notebook personal de la secretaria, en donde había recopilado las denuncias recibidas, de propia voz de los policías, sobre “delitos institucionales”. Cobacho cree que uno de los uniformados se sentó en su despacho para hacer inteligencia sobre los movimientos en su oficina. El día anterior al ataque fueron robadas las cámaras de seguridad. Los agresores habían hecho bien los deberes.

Temporada. En conferencia de prensa, el jefe de Policía Juan Carlos Paggi detalló las cifras del Operativo Sol. El objetivo: controlar el “descontrol” en la costa. El temor: que la propia policía sea el riesgo. Sucede que la distancia entre lo que dice el Ejecutivo sciolista y lo que pasa en las calles, donde manda la Bonaerense, puede quedar en evidencia otra vez. Como en el verano pasado, con el secuestro del empresario Leonardo Bergara, liberado tras del pago de un rescate en Pinamar. En esa investigación surgió que la mayoría de los sospechosos tenían la marca de la gorra. Desde entonces, la fuerza siguió sumando manchas que acabaron por desatar la ira de Stornelli. El ministro habló del “reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia que habrían o estarían llevando a cabo presuntamente policías bonaerenses retirados o exonerados quienes (...) les encomendarían tareas delictivas”. Esa denuncia generó un cimbronazo cuyas consecuencias son imprevisibles. Por lo pronto, Stornelli cree que, a partir del 16 de noviembre, cuando relevó de la División Automotores al jefe Marcelo Andrade por su vinculación con el negocio de los desarmaderos, se desató una llamativa serie de hechos delictivos. En pocos días, tres mujeres fueron asesinadas y una cuarta sobrevivió de milagro.

El clima ya se había recalentado con dos antecedentes. El caso de la familia Pomar, hallada sin vida luego de 24 días de búsqueda en base a teorías disparatadas, puso a la policía en ridículo y una veintena de jefes tuvo que dar un paso al costado. Y el 14 de ese mismo mes, cuatro jóvenes murieron intoxicados en un incendio en la Comisaría 8ª de Lomas del Mirador, de la cual dependen los agentes investigados por el caso Arruga.

Doble mensaje. El mismo día en que la Secretaría de Derechos Humanos provincial recibió un claro mensaje de impunidad, Scioli y Stornelli echaron a seis empleados civiles de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad. El despido involucró a abogados con más de diez años de antigüedad, que tenían a su cargo al menos 200 expedientes sobre irregularidades cometidas por la Bonaerense, entre ellos, el de Mateos.

“Es alarmante que el ministro tome una medida que garantiza impunidad a la policía corrupta, la misma que denunció semanas atrás”, sostuvo Julio Ortellado, dirigente de ATE. Entre los funcionarios del gobierno provincial que no comulgan con el estilo “garantista” que Scioli aplica con la policía, muchos tienen en claro que la Bonaerense es la fuerza de seguridad menos “depurada” de todas las que existen en el país. “Hoy hay 55 mil efectivos y el 25 por ciento pasó por los ’70. Hay gente que aprendió a trabajar en dictadura y como la institución es tan corporativa los nuevos se hacen parte de esa cultura represiva”, describe un miembro del gabinete sciolista.

Rodeada de hechos de corrupción y con guiños al peor de los pasados, la Bonaerense llegó al verano 2010. Y no hay protector solar que pueda evitar el riesgo de un nuevo escándalo. De esos que pueden marcar a fuego el futuro inmediato del gobierno de Daniel Scioli.