Espectáculos
26.02.2010
La provincia de Buenos Aires estudia profundizar la urbanización de las villas
Los planes de urbanización crecen en el Conubarno y mejora la vida de casi 1 millón de personas que viven en asentamientos. Es creciente el número de accidentes por infraestructura precaria y conexiones eléctricas ilegales. Por qué, a pesar de la penetración, el cable no es considerado un servicio público.
Por:
INFOnews
Por Leandro Renou
Entre 1930 y 1940, como consecuencia de la inmigración europea de posguerra, se formaron los primeros asentamientos de emergencia en la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Una década después, el flujo de personas que se trasladaba desde el Interior del país hacia la Capital Federal por el auge de la industrialización, incrementó el volumen de las villas de manera significativa. Hoy, a 80 años de la aparición de los barrios humildes, hay en la Provincia 891 asentamientos donde viven alrededor de 1 millón de personas en condiciones de extrema precariedad e infraestructura de servicios públicos deficiente.
En este marco, en las últimas semanas, según pudo saber Buenos Aires Económico, el Gobierno bonaerense empezó a reconsiderar trabajos de urbanización en los barrios más pobres del área, que habían quedado virtualmente suspendidos desde el momento en que se desató la crisis económica internacional. La idea prioritaria del Ejecutivo comandado por Daniel Scioli es poner orden en la cuestión edilicia y completar una base de datos clara con la infraestructura de servicios públicos disponibles, para así poder medir el movimiento de los consumos.
Uno de los pedidos expresos de Scioli fue para que, desde la Dirección Provincial de Energía (DPE), se empiecen a controlar y regularizar las conexiones eléctricas, algo que incluso fue transmitido por funcionarios del área en una reunión que mantuvieron con las distribuidoras de concesión nacional (Edesur, Edenor y Edelap) por el pago de la deuda por el consumo eléctrico de las villas. Es que, justamente, en más del 80% de los asentamientos, los principales problemas son los servicios de agua y cloacas, y de luz. Por el lado eléctrico, preocupa la informalidad: en el Área Metropolitana hubo, en los últimos cinco años, cerca de 100 accidentes con alrededor de 30 victimas fatales (sólo los casos denunciados) como consecuencia de conexiones de electricidad caseras.
Actualmente, las distribuidoras que atienden a villas del Conurbano y la Capital (Edesur y Edenor), tienen medidores comunitarios que registran el consumo total del asentamiento, quedando pendiente la inclusión de medidores individuales, que llegaría de la mano de la urbanización. Sin embargo, por razones de seguridad, no controlan conexiones internas.
Con el esquema actual del servicio eléctrico, tanto en Capital como en el Conurbano, los respectivos estados comunales se hacen cargo de abonarles a las distribuidoras, en algunos casos con planes de cuotas, el equivalente al consumo total del asentamiento.
En este contexto, el problema que se presentó en los últimos años es el crecimiento exponencial de la demanda eléctrica de los conglomerados, algo que opera como factor de riesgo para el sistema interconectado nacional en días donde el consumo es elevado: en la comparación interanual, el crecimiento del consumo eléctrico en las villas de emergencia ronda el 15%, mientras que, según datos oficiales, el sector residencial crece a menos de la mitad. “En las villas, el mayor consumo se da en invierno, donde la gente improvisa formas de calefacción precaria (Ver: Calentadores caseros), que muchas veces ponen en riesgo la salud individual”, explicaron a este medio desde una de las prestatarias. La cuestión es que la gente que habita en estos barrios, no recibe gas por redes, sólo apto para viviendas de material, y está obligada, por el elevado precio del gas en garrafas, a usar la energía eléctrica para calefaccionar y hasta cocinar.
Además, hay otro foco que complica la prestación del servicio eléctrico: en los últimos cinco años, se masificó la instalación de talleres textiles y de indumentaria ilegales. Si bien las denuncias al respecto son escasas, fuentes gubernamentales aseguran que están trabajando “sobre, por lo menos, tres ó cuatro casos en la zona de La Matanza”, un partido en el cual, según datos de la Federación de Tierras y Viviendas, hay 200 villas con 100 mil personas viviendo en ellas.
En tanto, en materia de agua y saneamientos, los asentamientos más postergados son los del área sur del Conurbano, como Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. Con la vista puesta en reducir los inconvenientes en la materia, desde hace más de cuatro años, la estatal de aguas AySA, trabaja en barrios marginados a través de dos planes, uno de aguas y otro de cloacas, que proponen un esquema particular de capacitación de mano de obra desempleada que luego se encarga de hacer las obras: desde el 2006 a esta parte, el plan Agua+Trabajo benefició a más de 780 mil personas que tenían problemas de acceso al fluido, con un tendido de 1.638 km de nuevas cañerías. En el caso de Cloacas+Trabajo, desde 2008 a esta parte se logró el acceso al saneamiento de casi 14 mil personas, con 6,75 km de cañerías instaladas.
Paralelamente, está vigente el Modelo Participativo de Gestión (MPG), que articula el trabajo entre los barrios, municipios, y la empresa. A través del MPG, 60.612 vecinos accedieron al agua potable, mientras que 3.285 tuvieron cloacas.
La inversión total en redes de agua y cloacas desde el comienzo de los planes supera los $500 millones.
La inversión para este año. En diálogo con Buenos Aires Económico, el subsecretario Social de Tierras de la Provincia, Pablo Gualchi, explicó que, para este año, “se planea invertir más dinero que en 2009 en el marco del Plan de Mejoramiento Barrial (PROMEBA)”, un proyecto que se realiza con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tiende a mejorar la estructura de servicios públicos y aspectos sociales de los asentamientos: por esta iniciativa, que nació en 2005 y es administrada por el Gobierno Nacional -que se encarga luego de girar partidas a todo el país-, se invirtieron en urbanización de barrios de emergencia $50 millones en 2009, y la cifra ascenderá a más de $75 millones en todo el 2010. Consultado respecto al trabajo en las villas más superpobladas, Gualchi manifestó que “es complejo y lleva mucho tiempo poder urbanizar los asentamientos más importantes, dado que es difícil parcelar y escritura donde la gente vive en superficies tan pequeñas”.
De todas maneras, el proceso de urbanización tiene una faceta paralela: sobre todo los municipios en los que se concentran las villas más grandes, han empezado a licitar por su cuenta, con el aval del Ejecutivo Nacional, trabajos de construcción de viviendas para hacer “corrimientos” de gente y luego trabajar sobre el barrio abriendo calles y regularizando los servicios. Este es el caso de la villa Itatí, ubicada entre Bernal y Wilde, donde habitan 50 mil personas. Allí se demolió un histórico hipermercado abandonado lindante con el barrio y se edificaron casas similares a las que se instalaron hace unos años en el barrio Isla Maciel, en Dock Sud. El proyecto se encaró en conjunto entre los municipios de Avellaneda y Quilmes.
A pesar de que el 2010 acaba de empezar, fuentes oficiales especularon ante este medio que, la inversión en las licitaciones que harán los municipios y el Gobierno Nacional por fuera del PROMEBA en lo que queda del año, ascenderá a “entre $15 y 20 millones”, lo que sumado al plus del programa antes mencionado, resulta en una inversión que superaría en casi $40 millones a la del año 2009.
Qué pasa en la Capital. El jueves 3 de diciembre de 2009, y a pesar de que Mauricio Macri pretendió demolerla y/o trasladarla al comienzo de su gestión, la Legislatura porteña transformó en Ley el proyecto de urbanización de uno de los conglomerados más importantes de la Capital: las Villas 31 y 31 bis, de Retiro, donde viven unas 26 mil personas, aunque cifras extraoficiales hablen de hasta 60 mil habitantes, dispuestos en una complicada geografía urbana que incluye casas de hasta dos y tres pisos, en terrenos endebles y de dudosa calidad de construcción.
La villa 31 nació en los años ´40, junto a otro asentamiento popular como la villa 21, de Barracas. A pesar de los esfuerzos que se hicieron para resolver el problema del barrio, desde los sucesivos gobiernos, nunca se alcanzó una solución definitiva: en 1956 ya había 21 barrios de emergencia instalados en la Ciudad de Buenos Aires y, en total, incluyendo al Gran Buenos Aires, había 78.430 personas viviendo en asentamientos precarios. Hoy, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad estima que existen casi 200 mil habitantes en los 25 barrios marginales en la ciudad de Buenos Aires, sin contar una cantidad similar que, según datos privados, corresponden a nuevos asentamientos en formación. De ese total, cerca del 40% se reparten entre la 31 y 31 bis.
La legisladora porteña por la Coalición Cívica-ARI, Rocío Sánchez Andía, que presidirá la Comisión de Vivienda una vez que se conformen las comisiones, adelantó a BAE que, “en los primeros días de marzo, se reunirá la Mesa de Participación para la Urbanización de la villas y allí se analizará, entre otros puntos, cuánto dinero se necesita para los trabajos”. El grupo de debate está formado por representantes del Ejecutivo Nacional y el porteño, y ambas legislaturas. Según explicó la diputada -que realizó estudios sobre las villas de Brasil para aplicar en Capital (Ver: Política anti-topadora)-, “los recursos serán, en principio, aportados por la Ciudad, aunque esperamos que de la reunión salga un apoyo importante de Nación”.
El plan de urbanización de la 31 fue elaborado por el Instituto de la Espacialidad Humana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, y, según estimaciones de especialistas que trabajaron en el asentamiento, habrá que demoler el 30% de las viviendas por no presentar condiciones edilicias suficientes, y la meta es lograr que todas las viviendas cuenten servicios regularizados de electricidad, agua, cloacas y gas.
Por su parte, el Arq. Javier Fernández Castro. Jefe Anteproyecto Urbano Barrio 31, señaló que “la inversión total para urbanizar el asentamiento alcanza los $900 millones”, que se ejecutarán en los cinco años que duraría la obra. El arquitecto, aclaró que, “si bien Capital es el único distrito del país no incluido en el plan, sería muy positivo que se replantee su inserción dentro del PROMEBA”, para adquirir financiamiento de la Nación, y así acelerar los trabajos.
Entre 1930 y 1940, como consecuencia de la inmigración europea de posguerra, se formaron los primeros asentamientos de emergencia en la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Una década después, el flujo de personas que se trasladaba desde el Interior del país hacia la Capital Federal por el auge de la industrialización, incrementó el volumen de las villas de manera significativa. Hoy, a 80 años de la aparición de los barrios humildes, hay en la Provincia 891 asentamientos donde viven alrededor de 1 millón de personas en condiciones de extrema precariedad e infraestructura de servicios públicos deficiente.
En este marco, en las últimas semanas, según pudo saber Buenos Aires Económico, el Gobierno bonaerense empezó a reconsiderar trabajos de urbanización en los barrios más pobres del área, que habían quedado virtualmente suspendidos desde el momento en que se desató la crisis económica internacional. La idea prioritaria del Ejecutivo comandado por Daniel Scioli es poner orden en la cuestión edilicia y completar una base de datos clara con la infraestructura de servicios públicos disponibles, para así poder medir el movimiento de los consumos.
Uno de los pedidos expresos de Scioli fue para que, desde la Dirección Provincial de Energía (DPE), se empiecen a controlar y regularizar las conexiones eléctricas, algo que incluso fue transmitido por funcionarios del área en una reunión que mantuvieron con las distribuidoras de concesión nacional (Edesur, Edenor y Edelap) por el pago de la deuda por el consumo eléctrico de las villas. Es que, justamente, en más del 80% de los asentamientos, los principales problemas son los servicios de agua y cloacas, y de luz. Por el lado eléctrico, preocupa la informalidad: en el Área Metropolitana hubo, en los últimos cinco años, cerca de 100 accidentes con alrededor de 30 victimas fatales (sólo los casos denunciados) como consecuencia de conexiones de electricidad caseras.
Actualmente, las distribuidoras que atienden a villas del Conurbano y la Capital (Edesur y Edenor), tienen medidores comunitarios que registran el consumo total del asentamiento, quedando pendiente la inclusión de medidores individuales, que llegaría de la mano de la urbanización. Sin embargo, por razones de seguridad, no controlan conexiones internas.
Con el esquema actual del servicio eléctrico, tanto en Capital como en el Conurbano, los respectivos estados comunales se hacen cargo de abonarles a las distribuidoras, en algunos casos con planes de cuotas, el equivalente al consumo total del asentamiento.
En este contexto, el problema que se presentó en los últimos años es el crecimiento exponencial de la demanda eléctrica de los conglomerados, algo que opera como factor de riesgo para el sistema interconectado nacional en días donde el consumo es elevado: en la comparación interanual, el crecimiento del consumo eléctrico en las villas de emergencia ronda el 15%, mientras que, según datos oficiales, el sector residencial crece a menos de la mitad. “En las villas, el mayor consumo se da en invierno, donde la gente improvisa formas de calefacción precaria (Ver: Calentadores caseros), que muchas veces ponen en riesgo la salud individual”, explicaron a este medio desde una de las prestatarias. La cuestión es que la gente que habita en estos barrios, no recibe gas por redes, sólo apto para viviendas de material, y está obligada, por el elevado precio del gas en garrafas, a usar la energía eléctrica para calefaccionar y hasta cocinar.
Además, hay otro foco que complica la prestación del servicio eléctrico: en los últimos cinco años, se masificó la instalación de talleres textiles y de indumentaria ilegales. Si bien las denuncias al respecto son escasas, fuentes gubernamentales aseguran que están trabajando “sobre, por lo menos, tres ó cuatro casos en la zona de La Matanza”, un partido en el cual, según datos de la Federación de Tierras y Viviendas, hay 200 villas con 100 mil personas viviendo en ellas.
En tanto, en materia de agua y saneamientos, los asentamientos más postergados son los del área sur del Conurbano, como Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. Con la vista puesta en reducir los inconvenientes en la materia, desde hace más de cuatro años, la estatal de aguas AySA, trabaja en barrios marginados a través de dos planes, uno de aguas y otro de cloacas, que proponen un esquema particular de capacitación de mano de obra desempleada que luego se encarga de hacer las obras: desde el 2006 a esta parte, el plan Agua+Trabajo benefició a más de 780 mil personas que tenían problemas de acceso al fluido, con un tendido de 1.638 km de nuevas cañerías. En el caso de Cloacas+Trabajo, desde 2008 a esta parte se logró el acceso al saneamiento de casi 14 mil personas, con 6,75 km de cañerías instaladas.
Paralelamente, está vigente el Modelo Participativo de Gestión (MPG), que articula el trabajo entre los barrios, municipios, y la empresa. A través del MPG, 60.612 vecinos accedieron al agua potable, mientras que 3.285 tuvieron cloacas.
La inversión total en redes de agua y cloacas desde el comienzo de los planes supera los $500 millones.
La inversión para este año. En diálogo con Buenos Aires Económico, el subsecretario Social de Tierras de la Provincia, Pablo Gualchi, explicó que, para este año, “se planea invertir más dinero que en 2009 en el marco del Plan de Mejoramiento Barrial (PROMEBA)”, un proyecto que se realiza con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tiende a mejorar la estructura de servicios públicos y aspectos sociales de los asentamientos: por esta iniciativa, que nació en 2005 y es administrada por el Gobierno Nacional -que se encarga luego de girar partidas a todo el país-, se invirtieron en urbanización de barrios de emergencia $50 millones en 2009, y la cifra ascenderá a más de $75 millones en todo el 2010. Consultado respecto al trabajo en las villas más superpobladas, Gualchi manifestó que “es complejo y lleva mucho tiempo poder urbanizar los asentamientos más importantes, dado que es difícil parcelar y escritura donde la gente vive en superficies tan pequeñas”.
De todas maneras, el proceso de urbanización tiene una faceta paralela: sobre todo los municipios en los que se concentran las villas más grandes, han empezado a licitar por su cuenta, con el aval del Ejecutivo Nacional, trabajos de construcción de viviendas para hacer “corrimientos” de gente y luego trabajar sobre el barrio abriendo calles y regularizando los servicios. Este es el caso de la villa Itatí, ubicada entre Bernal y Wilde, donde habitan 50 mil personas. Allí se demolió un histórico hipermercado abandonado lindante con el barrio y se edificaron casas similares a las que se instalaron hace unos años en el barrio Isla Maciel, en Dock Sud. El proyecto se encaró en conjunto entre los municipios de Avellaneda y Quilmes.
A pesar de que el 2010 acaba de empezar, fuentes oficiales especularon ante este medio que, la inversión en las licitaciones que harán los municipios y el Gobierno Nacional por fuera del PROMEBA en lo que queda del año, ascenderá a “entre $15 y 20 millones”, lo que sumado al plus del programa antes mencionado, resulta en una inversión que superaría en casi $40 millones a la del año 2009.
Qué pasa en la Capital. El jueves 3 de diciembre de 2009, y a pesar de que Mauricio Macri pretendió demolerla y/o trasladarla al comienzo de su gestión, la Legislatura porteña transformó en Ley el proyecto de urbanización de uno de los conglomerados más importantes de la Capital: las Villas 31 y 31 bis, de Retiro, donde viven unas 26 mil personas, aunque cifras extraoficiales hablen de hasta 60 mil habitantes, dispuestos en una complicada geografía urbana que incluye casas de hasta dos y tres pisos, en terrenos endebles y de dudosa calidad de construcción.
La villa 31 nació en los años ´40, junto a otro asentamiento popular como la villa 21, de Barracas. A pesar de los esfuerzos que se hicieron para resolver el problema del barrio, desde los sucesivos gobiernos, nunca se alcanzó una solución definitiva: en 1956 ya había 21 barrios de emergencia instalados en la Ciudad de Buenos Aires y, en total, incluyendo al Gran Buenos Aires, había 78.430 personas viviendo en asentamientos precarios. Hoy, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad estima que existen casi 200 mil habitantes en los 25 barrios marginales en la ciudad de Buenos Aires, sin contar una cantidad similar que, según datos privados, corresponden a nuevos asentamientos en formación. De ese total, cerca del 40% se reparten entre la 31 y 31 bis.
La legisladora porteña por la Coalición Cívica-ARI, Rocío Sánchez Andía, que presidirá la Comisión de Vivienda una vez que se conformen las comisiones, adelantó a BAE que, “en los primeros días de marzo, se reunirá la Mesa de Participación para la Urbanización de la villas y allí se analizará, entre otros puntos, cuánto dinero se necesita para los trabajos”. El grupo de debate está formado por representantes del Ejecutivo Nacional y el porteño, y ambas legislaturas. Según explicó la diputada -que realizó estudios sobre las villas de Brasil para aplicar en Capital (Ver: Política anti-topadora)-, “los recursos serán, en principio, aportados por la Ciudad, aunque esperamos que de la reunión salga un apoyo importante de Nación”.
El plan de urbanización de la 31 fue elaborado por el Instituto de la Espacialidad Humana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, y, según estimaciones de especialistas que trabajaron en el asentamiento, habrá que demoler el 30% de las viviendas por no presentar condiciones edilicias suficientes, y la meta es lograr que todas las viviendas cuenten servicios regularizados de electricidad, agua, cloacas y gas.
Por su parte, el Arq. Javier Fernández Castro. Jefe Anteproyecto Urbano Barrio 31, señaló que “la inversión total para urbanizar el asentamiento alcanza los $900 millones”, que se ejecutarán en los cinco años que duraría la obra. El arquitecto, aclaró que, “si bien Capital es el único distrito del país no incluido en el plan, sería muy positivo que se replantee su inserción dentro del PROMEBA”, para adquirir financiamiento de la Nación, y así acelerar los trabajos.







