Espectáculos
09.03.2010
La ministra Argibay lanzó fuertes críticas a los jueces que niegan abortos en casos previstos por la ley
La magistrada dijo que estos casos ni siquiera deberían llegar a la Justicia y también cargó contra los médicos. Finalmente autorizaron la intervención en el Chubut.
Por:
INFOnews
Por Doris Elisa Bustamante
La ministra de la Corte Suprema de la Nación, Carmen Argibay, lanzó ayer una fuerte crítica a los jueces chubutenses que habían negado el aborto terapéutico en el caso de la adolescente violada por su padrastro en Comodoro Rivadavia. “Creo que están equivocados quienes hacen esta interpretación” y detalló que “no hay razón para que se le niegue cuando está previsto en la ley como uno de los casos de excepción en el que el aborto es permitido. No veo que haya que negárselo de ninguna manera”, puntualizó.
Para fundamentar además lo que a su juicio es una mala decisión (la de rechazar el pedido de interrumpir el embarazo), la magistrada se remontó al origen de la norma en el Código Penal y explicó que “esto no es una innovación del siglo XXI, sino que está en el Código Penal desde 1921. O sea, mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Los legisladores de esa época tenían más sentido común que algunos jueces de ahora".
En el caso específico de la adolescente, conocida como A. G. y que ha tenido amplia repercusión social y mediática, el pedido fue rechazado en primera instancia por el Juzgado Nº 3 de Comodoro Rivadavia y luego también por la cámara de apelaciones de esa ciudad.
Aunque no todos parecen enmarcarse en esa falta de sentido común. Horas después de las palabras de la jueza, se supo que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut echó para atrás la prohibición ratificada por las instancias inferiores, y autorizó el aborto, que ya tenía dictamen favorable del procurador provincial. Jorge Miquelarena había argumentado que “no permitir la interrupción del embarazo de A. G. era una nueva victimización de la jovencita”.
Sin embargo, la decisión del alto tribunal chubutense sólo cobija el caso de A. G., por lo que las palabras de la ministra Argibay se pueden ampliar a casos similares que siguen sucediendo en otros estrados judiciales del país, en donde los jueces han tomado decisiones en el mismo sentido ante un rechazo médico, y la judicialización niega la aplicación de la norma o, como en este caso, demora lo que debería ser un procedimiento expedito.
En esta misma línea, aunque sus críticas también fueron extensivas a los médicos que en primer lugar se niegan a llevar a cabo el procedimiento, matizó sus palabras al reconocer que ellos no se animan porque “los jueces investigan la responsabilidad de los médicos”.
De acuerdo con su criterio, casos como éste “ni siquiera tendrían que llegar a la Justicia”. Y?explicó que “los médicos no se animan a resolver sin que un juez los autorice”, pero también puntualizó que “es muy fácil tirar la responsabilidad afuera”.
Mapa de género. El pronunciamiento de la jueza se realizó en el marco del lanzamiento de los primeros resultados del mapa de género de la Justicia, realizado por la Oficina de la Mujer, que preside, y que precisamente busca, en el día de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, realizar una radiografía de cómo influye el enfoque de género en la administración de justicia.
En la presentación que se llevó a cabo en el Palacio de Tribunales ayer, se conoció que de los 77.917 agentes que trabajan en la Justicia argentina, el 54% son mujeres y el 46%, hombres. Sin embargo, la desigualdad sigue siendo una tendencia marcada en las oportunidades para acceder a la toma de decisiones. Eso se transparenta en lo que la ministra definió como lo que “parece un club masculino, desde los cargos de jueces hacia arriba; y un club femenino, de las secretarias hacia abajo”. El ejemplo más extremo es Río Negro, en donde a pesar de tener un 63% de mujeres en la Justicia, sólo un 37% de los jueces son mujeres, 9%, camaristas y 0%, ministras.
La ministra de la Corte Suprema de la Nación, Carmen Argibay, lanzó ayer una fuerte crítica a los jueces chubutenses que habían negado el aborto terapéutico en el caso de la adolescente violada por su padrastro en Comodoro Rivadavia. “Creo que están equivocados quienes hacen esta interpretación” y detalló que “no hay razón para que se le niegue cuando está previsto en la ley como uno de los casos de excepción en el que el aborto es permitido. No veo que haya que negárselo de ninguna manera”, puntualizó.
Para fundamentar además lo que a su juicio es una mala decisión (la de rechazar el pedido de interrumpir el embarazo), la magistrada se remontó al origen de la norma en el Código Penal y explicó que “esto no es una innovación del siglo XXI, sino que está en el Código Penal desde 1921. O sea, mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Los legisladores de esa época tenían más sentido común que algunos jueces de ahora".
En el caso específico de la adolescente, conocida como A. G. y que ha tenido amplia repercusión social y mediática, el pedido fue rechazado en primera instancia por el Juzgado Nº 3 de Comodoro Rivadavia y luego también por la cámara de apelaciones de esa ciudad.
Aunque no todos parecen enmarcarse en esa falta de sentido común. Horas después de las palabras de la jueza, se supo que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut echó para atrás la prohibición ratificada por las instancias inferiores, y autorizó el aborto, que ya tenía dictamen favorable del procurador provincial. Jorge Miquelarena había argumentado que “no permitir la interrupción del embarazo de A. G. era una nueva victimización de la jovencita”.
Sin embargo, la decisión del alto tribunal chubutense sólo cobija el caso de A. G., por lo que las palabras de la ministra Argibay se pueden ampliar a casos similares que siguen sucediendo en otros estrados judiciales del país, en donde los jueces han tomado decisiones en el mismo sentido ante un rechazo médico, y la judicialización niega la aplicación de la norma o, como en este caso, demora lo que debería ser un procedimiento expedito.
En esta misma línea, aunque sus críticas también fueron extensivas a los médicos que en primer lugar se niegan a llevar a cabo el procedimiento, matizó sus palabras al reconocer que ellos no se animan porque “los jueces investigan la responsabilidad de los médicos”.
De acuerdo con su criterio, casos como éste “ni siquiera tendrían que llegar a la Justicia”. Y?explicó que “los médicos no se animan a resolver sin que un juez los autorice”, pero también puntualizó que “es muy fácil tirar la responsabilidad afuera”.
Mapa de género. El pronunciamiento de la jueza se realizó en el marco del lanzamiento de los primeros resultados del mapa de género de la Justicia, realizado por la Oficina de la Mujer, que preside, y que precisamente busca, en el día de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, realizar una radiografía de cómo influye el enfoque de género en la administración de justicia.
En la presentación que se llevó a cabo en el Palacio de Tribunales ayer, se conoció que de los 77.917 agentes que trabajan en la Justicia argentina, el 54% son mujeres y el 46%, hombres. Sin embargo, la desigualdad sigue siendo una tendencia marcada en las oportunidades para acceder a la toma de decisiones. Eso se transparenta en lo que la ministra definió como lo que “parece un club masculino, desde los cargos de jueces hacia arriba; y un club femenino, de las secretarias hacia abajo”. El ejemplo más extremo es Río Negro, en donde a pesar de tener un 63% de mujeres en la Justicia, sólo un 37% de los jueces son mujeres, 9%, camaristas y 0%, ministras.