La iniciativa los diputados Carlos Heller y Martín Sabbatella, referentes del bloque Nuevo Encuentro, de reformar la ley de entidades financieras mantiene el debate sobre el papel del Estado en la regulación del sistema financiero iniciado a raíz de las controversias en torno al Fondo del Bicentenario.

La actual arquitectura financiera proviene de los tiempos de la gestión económica de Martínez de Hoz, durante la última dictadura militar. Más específicamente de junio de 1977, cuando se sancionaron la ley 21.495 de descentralización de depósitos y la ley 21.526 sobre entidades financieras. Con esta reforma se dio marcha atrás con la ley de nacionalización de depósitos de 1973, devolviendo a las entidades financieras la capacidad de creación monetaria. De esta manera, la captación de depósitos y la creación y orientación del crédito pasó a ser exclusiva responsabilidad de las entidades financieras. También se dejó en sus manos la determinación de las formas, tasas y plazos de los depósitos y créditos.

Estas medidas se apoyaron en una concepción que valoriza a la desregulación de los mercados financieros como elemento dinamizante de las economías periféricas. Bajo esta óptica, la intervención estatal regulando las tasas de interés, desalienta el ahorro y permite la realización de inversiones de baja productividad. El exceso de demanda de crédito que ello genera, y la consiguiente racionalización del mismo por el Estado, reemplaza la lógica de la rentabilidad propia del mercado por las vigentes en la administración estatal. Se supone que ello conduce a una asignación ineficiente del ya de por sí escaso ahorro.

La reforma fue complementada con una larga serie de medidas tendientes a liberalizar el movimiento de capitales desde y hacia el exterior. Bajo el supuesto de que el rendimiento del capital es menor en los países del centro que en los de la periferia -por ser en ellos relativamente más abundante- la apertura generaría un fuerte ingreso de capitales del exterior.

De esta manera, la reforma financiera y la liberalización de la cuenta de capitales se presentaron como dos elementos complementarios para el desarrollo económico. La primera para garantizar que la tasa de interés refleje el verdadero valor del capital en la economía, dado por su escasez relativa, generando una asignación eficiente del mismo. La segunda para permitir el arribo de capital externo desde los países en dónde es más abundante, donde las tasas de interés son menores, que complementaría al ahorro local para el financiamiento de la inversión.

No hace falta decir que los resultados no fueron los publicitados. Un salto espectacular del endeudamiento externo, una crónica fuga de capitales, una década robada y tres profundas crisis financieras que incluyeron cesaciones de pagos de la deuda y confiscaciones de depósitos, no nos llevaron por la senda del desarrollo, ni siquiera del mercado de crédito. Por el contrario, el resultado final fue un sistema financiero raquítico e ineficiente, donde el volumen de crédito equivale a tan sólo el 12% del valor de la producción interna, uno de los más bajos de la región.

Mientras que los creyentes del libre mercado atribuyen su fracaso a fallas de implementación, puede decirse que existen también errores de concepción. Desde una perspectiva económica menos ortodoxa, el fomento del ahorro puede ser consecuencia de políticas que incentiven a la inversión y la producción, lo que no se logra justamente incrementando las tasas de interés como asumía Martínez de Hoz. Por el contrario, las altas tasas pueden desincentivar las inversiones productivas, reduciendo la actividad económica y los ingresos y, por lo tanto, la capacidad de generar ahorros. Y esto no lo inventó Marcó del Pont sino que tiene una larga historia en la teoría económica cuyo capítulo más conocido lo escribió Keynes.

Tampoco es cierto que el rendimiento del capital sea menor en aquellos países donde es más abundante. Ello se fundamenta en el concepto de rendimiento decreciente de los factores que reza: cuando un factor es relativamente más abundante su rendimiento es menor. La idea es que un serrucho le es muy productivo a un carpintero, pero tener dos no le es tanto y ya comprarse tres, diez o cien es tirar la plata. Asociando el serrucho con el capital se sostiene que su rendimiento es decreciente. Sin embargo, el carpintero puede comprarse una sierra eléctrica en lugar de cien serruchos y su producción pegar un gran salto. De esta manera, la existencia de cambio tecnológico da por tierra con el supuesto rendimiento decreciente de capital.

Pero entonces, el rendimiento de las inversiones en los países donde el capital es abundante puede ser mayor que en la periferia gracias a que pueden aplicar tecnologías más caras pero más productivas. Y así se explica porque la apertura de la cuenta de capitales no condujo a nuestro desarrollo de la mano de las inversiones extranjeras sino a bicicletas financieras que terminaron en la fuga de nuestros capitales hacia el mundo desarrollado.

Desde esta perspectiva, la existencia de mayores tasas de interés reales en los "emergentes" que en los países desarrollados, nada tiene que ver con su escasez de capital productivo. Las altas tasas del interés son la forma de evitar la fuga hacia el dólar en una economía donde rige la apertura de la cuenta de capitales y existe un permanente riesgo de devaluación del peso. Y ese riesgo de devaluación se ve acentuado por los intereses y amortizaciones de la deuda externa, las utilidades emitidas por las empresas de propiedad de extranjeros y la fuga de capitales, que en gran medida son subproductos de la arquitectura financiera instaurada en 1977 y que aún se encuentra en vigencia.

En conclusión, se puede señalar que el experimento liberal de apertura y desregulación del mercado financiero ha dado muestras suficientes de su fracaso, evidenciando profundos errores en su concepción. A casi treinta y tres años su implementación, la apuesta por un país productivo con inclusión social requiere de una nueva reforma financiera. En líneas generales, sus ejes deben ser una menor apertura de la cuenta de capitales y una mayor participación estatal en la creación, orientación y costo del crédito.

* Profesor de la FCE-UBA e investigador del CEMOP-Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.