A las 20.08 del 22 de septiembre del año pasado, Glenda Burstein recibió una llamada en su casa. “El teléfono de tu viejo que termina en 3307 lo tiene pinchado el Fino Palacios”, escuchó Glenda. El padre de Glenda es Sergio, dirigente de la fracción de las víctimas del atentado de la AMIA más cercana a la DAIA y al Gobierno, quien estaba en ese momento en un viaje con la Presidenta de la Nación. La mamá de Glenda, rápidamente, hizo la denuncia ante la Justicia. De turno estaba el juez Norberto Oyarbide, quien le dio absoluta prioridad a esa denuncia anónima. Le preguntó a la gente de la SIDE y describió que, bingo, era cierto. Había un espía que intervenía los teléfonos de Burstein –y que estaba contratado por el gobierno porteño– y otro espía que espiaba a ese espía y lo involucraba en esa causa. Esta historia notable de espionaje cruzado –que por momentos recuerda al querido agente 86 y en otros al Graham Greene de Nuestro hombre en La Habana– ocupa, naturalmente, la tapa de los diarios y puede terminar para siempre con la carrera política de Mauricio Macri... o, depende de cómo se den las cosas, transformarlo en presidente de la Nación.

¿Se imaginan a Cristina poniéndole la banda?

La boca se te haga a un lao, ¿no?

Así son las cosas: la gloria o Devoto, como quien dice.

Más allá de las simpatías políticas de cada uno, la causa que complica en estos días a Macri abre varias preguntas sobre el funcionamiento del sistema político, sobre todo en uno de sus aspectos: hasta dónde debe pagar el jefe de un gobierno por actitudes ilícitas de sus subordinados, o inclusive, de él mismo. Es una discusión que afecta a la democracia en los países más distantes. Por ejemplo, Richard Nixon debió renunciar para evitar ser destituido en un caso de espionaje. En cambio, Ronald Reagan terminó tranquilo su mandato pese a que altos funcionarios de su gobierno estuvieron involucrados en el tráfico ilegal de armas entre Irán y los contras nicaragüenses. ¿Cuándo paga y cuándo no, el jefe de un gobierno?

La política porteña hereda ese debate desde la tragedia de Cromañón. Estaba claro que, en parte –y no en la parte central–, el desastre se había producido porque algunos funcionarios del gobierno porteño, ligados de manera casi familiar al jefe de gobierno, no habían hecho todo lo que debían hacer para asegurar que los chicos fueran a lugares seguros. ¿Alcanzaba ese detalle para promover la destitución de Ibarra? ¿O sólo debía pagar un costo político alto por la tragedia, pero seguir gobernando? Las personas que se alinean políticamente suelen tener respuestas categóricas a estos temas: si el tipo me gusta, lo defiendo; si no me gusta, trato de voltearlo. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. Muchos de los más ardorosos defensores de Ibarra hubieran promovido la destitución de Macri por la causa Cromañón. Y muchos de los que hoy quieren interpelar a Macri –Ibarra incluido– defenderían a su gobierno si Ciro James, o alguno como él, hubieran trabajado para ellos.
Son las reglas de la política.

La cuestión es que Ibarra, como Nixon, debió dejar el cargo.

Y ya nada volvió a ser como antes para él.

Está claro que Ibarra hubiera sobrevivido si tenía mejor cintura política. Con uno o dos votos más le alcanzaba. O sea: que pagó caro no solamente por la ineficiencia, insensibilidad o corrupción de algunos de sus funcionarios, sino también –y de manera central– porque no tenía apoyo real en la clase política porteña. De haber controlado la Legislatura, hubiera sobrevivido.

¿Cuánto debe pagar Macri por lo que ocurre con las escuchas ilegales?

Si se pone la lupa sobre el caso, se encuentra lo siguiente:

Macri designó en un puesto central de su gobierno a un comisario involucrado en el encubrimiento del atentado más sangriento que sufrió la Argentina en toda su historia.

Ese comisario, vinculado a través de decenas de llamadas con otro policía, también contratado por el gobierno de Macri, intentó pinchar el teléfono del dirigente máximo de una de las asociaciones de víctimas de ese atentado.

El espía que realizaba esos trabajos sucios, además, tenia intervenido el teléfono del cuñado de Macri, enfrentado por cuestiones familiares con el papá de Macri.

Ni Macri ni ninguno de sus funcionarios puede dar una explicación clara acerca de cómo ese espía llegó a ser contratado en el gobierno porteño. Balbucean, se contradicen, repiten pavadas pero no explican nada.

La exposición pública de todos estos dislates –algunos de ellos, como la designación de Palacios, profundamente inmorales– de por sí le genera un alto costo político a Macri.

Pero eso no responde la pregunta central: ¿hasta dónde debe pagar? ¿Debe ser destituido? ¿Debe correrse de la carrera presidencial? Pino Solanas, por ejemplo, cree que debe pedir licencia si la Cámara confirma el procesamiento.

En ese lío acaba de meter la cola el juez Norberto Oyarbide, quien acusa a Macri de formar parte de una asociación ilícita. Esa suele ser la figura que algunos jueces incorporan cuando quieren inculpar a alguien sobre quien no existen pruebas directas. De hecho, en ningún lugar de la causa se prueba que hubiera un vínculo entre Macri y el espía Ciro James. Entonces, se lo culpa por el armado que hizo –o intentó hacer– un subordinado de él. El lío es que Oyarbide interviene de esta manera directamente en el proceso político. Si sus fallos son confirmados, y la causa avanza a velocidad crucero, como lo ha hecho hasta ahora –son supuestos delitos ocurridos hace sólo ocho meses–, es posible que Macri deba abandonar la carrera presidencial.

Por un momento, sólo para percibir la complejidad del asunto, pensemos en otra causa de Oyarbide. El juez también tiene procesado por enriquecimiento ilícito al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Es decir: sospecha que Jaime es un ladrón y que robó mientras era funcionario. Durante ese período, hubo serias advertencias sobre los procedimientos de Jaime de la Auditoría General de la Nación, de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, de la Oficina Anticorrupción, de la Sindicatura General de la Nación. No sólo eso: según declaró el ex subsecretario de Transporte Aeronáutico, Ricardo Cirielli, Jaime le habría confesado que él entregaba parte de la plata que recaudaba a altísimos funcionarios del gobierno nacional. ¿No sería, de alguna manera, un escándalo que Oyarbide procesara a Néstor Kirchner por asociación ilícita debido a los desaguisados de Jaime? Si lo hiciera, y sus fallos fueran confirmados, Kirchner también debería desistir de su candidatura.

Por supuesto, muchos de los que hoy apuntan contra Macri denunciarían a gritos al juez por destituyente y –viceversa– muchos de los que defienden a Macri estarían dispuestos a construirle un monumento al mismo juez.

Es un entuerto difícil de resolver.

Pero, si me permiten una mera opinión, preferiría que –salvo episodios gravísimos en los que no queden lugar a dudas– el destino de los dirigentes políticos sea decidido por la población y no por uno o un grupo de jueces.

Pero la opinión de cada uno, en todo caso, es irrelevante.

Este proceso está lanzado. Afectó a ciertos dirigentes en el pasado, los afecta ahora –en el presente–, y afectará a otros en el futuro.

Son las reglas de la política.

Ahora, incluso dentro de esas reglas, hay gente que se maneja mejor o peor. El año pasado, el juez Faggionato Márquez –muy vinculado al Gobierno– le dio enorme visibilidad a la figura de Francisco de Narváez, quien supo victimizarse y así consiguió el empujoncito que le faltaba para ganarle a Néstor Kirchner. Las decisiones de Oyarbide respecto de Macri ponen el foco sobre este, pero puede ocurrir que el acusado gane la batalla mediática, se transforme en acusador, y logre que muchos de quienes rechazan al gobierno nacional empiecen a mirarlo con simpatía sólo por oposición. Y, entonces, así como el espía fue espiado, el acusado sea acusador, y en lugar de debatir los supuestos métodos de Macri, se empiecen a debatir los supuestos métodos de Kirchner.
Por alguna extraña razón, en estos días, ha vuelto el optimismo en el gobierno porteño acerca de las perspectivas presidenciales de Macri.

Cosas más raras hemos visto en este país.

Desespero por saber, mientras tanto, de quién era la voz en el teléfono de Glenda Burstein.

Qué misterio, ¿no?