La juez Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la causa que investiga la identidad de Marcela y Felipe Herrera Noble, desmintió hoy haber recibido presiones del Gobierno, defendió su actuación, y ratificó que los abogados de la dueña de Clarín no realizaron objeciones a los procedimiento en el expediente.

"Mi actuación ha sido de acuerdo con lo que marca la Constitución, la ley, los precedentes de la corte y los míos propios, del juzgado a mi cargo", aseguró la jueza durante una entrevista televisiva.

Al respecto, recordó que hizo tres procedimientos, en tres expedientes distintos, y que fueron instrumentados de la misma manera.

"De ninguna manera", respondió la magistrada al ser consultada puntualmente sobre si había recibido presiones del Gobierno o de la Corte Suprema.

En cuanto a la tensión entre el Ejecutivo y el grupo Clarín, Sandra Arroyo Salgado advirtió que "el juez no se puede ver condicionado con ese tipo de especulaciones".

La jueza diferenció el tratamiento de los medios de comunicación sobre el caso y la realidad efectiva de la causa judicial: "El show mediático de ninguna manera fue motorizado por el juzgado, trabajo abstraída de cualquier tipo de especulación".

Sobre el procedimiento de extracción de muestras para el estudio de ADN, señaló que "se debía respetar el pudor" de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, y que "en los hechos se respetó".

En ese sentido, ratificó que que toda la diligencia se desarrolló con "sumo respeto por el pudor de las personas, y así lo confirmaron los testigos".

"En el expediente ninguna de las partes alegó una persecución policial como la que apareció en los medios", explicó la jueza, quien confirmó que "hubo una tergiversación". 

Por último, aclaró que el acta de allanamiento y secuestro de las prendas "fueron firmadas por los abogados sin dejar constancia de actos vejatorios".