Argentina y Brasil, en nombre del Mercosur, presentaron una propuesta ante la ONU para que los Estados evalúen la aplicación de penas para los clientes de la trata de personas. La iniciativa fue recibida positivamente por las ONG locales que trabajan en el tema.
La presentación fue realizada por el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Seguridad, y Derechos Humanos de la Nación, Juan Martín Mena, en el marco de un reunión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONU, que se realizó días atrás en Viena.
Se trata de la primera vez que países latinoamericanos proponen penalizar al cliente de la trata de personas.
La supervisora general de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, Zaida Gatti, explicó que la iniciativa argentina apuntó a “alentar a los Estados a evaluar los efectos negativos de la demanda en la lucha contra la trata y, en ese marco, proponer que se tenga en cuenta una amplia variedad de sanciones” para los usuarios de los “servicios” surgidos de ese delito.
La trata de personas fue incorporada al Código Penal a través de la ley 26.364, impulsada por el Gobierno nacional, que se aprobó en 2008.
“También se propuso evaluar la modificación del Protocolo de Palermo, aprobado hace diez años, para convertirlo en una herramienta más eficaz” para combatir ese delito, señaló la titular de la Oficina de Rescate y Acompañamiento, en diálogo con Buenos Aires Económico.
Gatti afirmó que la importancia de la declaración ante la ONU reside en “la voluntad regional de penalizar a los usuarios de la explotación sexual o laboral que surge de la trata de personas”. En ese sentido, recordó que Argentina y Brasil son países de destino y origen de víctimas de ese delito.
La funcionaria afirmó que “la presidenta Cristina Fernández se ha manifestado públicamente por la implementación de sanciones contra los usuarios de trata”, y sostuvo que es viable la implementación, a nivel local, de la iniciativa recientemente presentada.
Con respecto a la actitud de los clientes, fundamentalmente de la explotación sexual, Zaida Gatti aseveró que “por su actitud son parte de las organizaciones de tratante o, cuanto menos, cómplices”.
En este sentido, dijo que en los allanamientos que realizan las fuerzas de seguridad en prostíbulos los clientes aseguran que “no sabían que allí había trata de personas”.
“Hemos rescatado a mujeres embarazadas y en estado de desnutrición. Un hombre que mantiene relaciones con esa persona no puede aducir que no sabe que está siendo cómplice de un delito”, graficó.
Desde la implementación de la ley 26.364 hasta fines del mes pasado fueron rescatadas en todo el país 753 víctimas de trata de personas. 

CONSENSO. Dirigentes de las principales entidades que trabajan en la denuncia de la trata de personas en nuestro país conversaron con Buenos Aires Económico acerca de la propuesta oficial de penalizar a los clientes. Con algunos matices menores, los consultados, destacaron la necesidad de implementar la medida que alienta el Gobierno.
La coordinadora general de la Casa del Encuentro, Fabiana Túñez, dijo que la medida impulsada por el Ejecutivo nacional “es consecuente donde, por ley, los prostíbulos son ilegales”.
“Estamos de acuerdo con penalizar a los clientes de trata para la explotación sexual porque es una manera clara de desalentar el consumo de sexo pago”, sostuvo. Y calificó a la presentación del Estado nacional como un "paso importante" en el combate contra la trata.
Túñez dijo que "hasta ahora en el debate sobre este delito, uno de los grandes ausentes era el cliente, que tampoco aparece en la ley que contempla el delito".
La dirigente sostuvo que "los clientes, con su actitud, colaboran en la profundización de las desigualdades que ya se encuentran en la trata y favorecen la cosificación de las víctimas".
Por su parte, Mercedes Assorati, coordinadora general del Programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro, se mostró de acuerdo con la propuesta de incluir en la legislación local la punibilidad de los clientes de la trata de personas.
"La propuesta de Argentina y Brasil es original en Latinoamérica aunque hay algunos países europeos que ya la han implementado con buenos resultados", dijo.
Assorati afirmó que la medida es útil "para desalentar la demanda en la trata de personas" y subrayó que "sin demanda, la oferta disminuye".
No obstante, la especialista en el tema advirtió que "el hecho de estar contemplada una pena en la ley no significa que los clientes van a dejar de existir. Se trata de un trabajo muy complejo".
En tanto, el titular de la Cooperativa La Alameda, Gustavo Vera, celebró la presentación del Estado nacional en el encuentro de la ONU, en Viena.
"Se debe penar al cliente con prisión para desalentar el consumo", coincidió el dirigente social, que en los últimos meses ha realizado una serie de denuncias contra la explotación en prostíbulos de diversos puntos del país.
Vera recordó que en Suecia se contempla la sanción a los clientes de 1995. "Lograron la reducción de prostituyentes que requieren sexo. Por eso, recientemente Noruega adaptó su legislación de la misma forma", ejemplificó.
Más allá de estar de acuerdo con la propuesta oficial, el dirigente afirmó que "se deben implementar acciones para combatir el proxenetismo" y recordó que "si se cumpliera la ley vigente, todos los prostíbulos deberían estar cerrados".