Fueron 14 tiros con balas nueve milímetros. El gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, estaba con su esposa y una empleada en su domicilio del barrio Alberdi de Rosario, el viernes por la noche, cuando recibió el ataque. Dos motos, cuatro encapuchados y apenas unos segundos para la seguidilla de disparos, algunos de los cuales entraron a la casa e impactaron a pasos de donde estaban los tres. Aunque el ataque se parecía más a una advertencia, la impericia de los agresores o la falta de profesionalismo de quienes les encomendaron la tarea creó un escenario que podría haber terminado con heridos o peor aun. Bonfatti disfrutaba hasta ese momento del buen partido de los dirigidos por Alejandro Sabella contra la selección de Perú. El gobernador, un médico laboralista con años de militancia socialista, no tiene custodia mientras está en actividades privadas, un gesto de austeridad republicana que no se condice con la temperatura que vive Rosario de cara al narco. Esa ciudad portuaria no sólo es un centro de consumo importante de drogas sino un lugar clave que conecta por vía fluvial y luego marítima con puertos europeos adonde viaja la droga ilegalmente. Pero no sólo eso, Hugo Tognoli fue el jefe de Policía hasta septiembre de 2012, cuando fue detenido y luego procesado por vinculaciones con el narcotráfico. La policía de esa provincia tuvo al frente en las dos últimas dictaduras al temible torturador y asesino comandante de Gendarmería Agustín Feced, de cuya muerte, declarada en 1986, sobran las dudas.

Exactamente un mes antes de los disparos sobre la casa de Bonfatti, en una quinta del country club de Funes, una localidad del conurbano rosarino, se localizó un centro de producción de drogas que fue caratulado por el secretario de Seguridad Antonio Berni como la mayor cocina de cocaína descubierta en la Argentina. La investigación estuvo a cargo del fiscal Juan Murray, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) dirigida por Félix Crous. El operativo tuvo participación de policías federales con apoyo del Sedronar y después de meses, según explicó Murray, lograron descubrir quiénes eran los proveedores de los precursores químicos y también el momento donde sería procesada la pasta base y convertida en clorhidrato de cocaína. Con esos datos, Murray pidió al juez federal de Rosario Carlos Vera Barrios autorizaciones para más de una docena de allanamientos en distintos lugares cuyo centro era esa quinta de Funes. El dueño de la casa, Delfín Zacarías, y otras personas fueron detenidos en el allanamiento, donde se secuestraron 300 kilos de pasta base, 1300 litros de precursores químicos y varias cosas más. En el lugar funcionaba un laboratorio y había una envasadora de vacío que puede resultar de utilidad para embalar paneles que son enviados clandestinamente al exterior.

El fiscal Murray es quien instruyó la causa contra Tognoli por sus vínculos con el narco. Tognoli era el jefe de Policía de Bonfatti y antes había estado en Drogas Peligrosas cuando Hermes Binner era gobernador. Esta aclaración no es para sembrar sospechas sobre esos dirigentes socialistas, pero es útil para comprender por qué Murray no pidió apoyo a la Policía Santafesina durante la investigación. El fiscal no ve ninguna relación posible entre ese operativo y el ataque del viernes pasado a la casa del gobernador. Sí cree que la penetración del narco en la provincia, especialmente en Rosario, es de una magnitud alarmante. En lo que va del año hubo 185 homicidios dolosos relacionados con bandas narco.

Por otra parte, desde el área de seguridad de la provincia no hubo colaboración con la Procunar. El mencionado Zacarías, que tenía ya un prontuario por delitos de narco, logró darle una entrevista a un periodista del diario La Capital de Rosario, el más influyente en la zona y que es de propiedad del Multimedios Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano. En la nota, Zacarías cuenta que dos días antes de su detención "había detectado" a un Volkswagen Polo que lo seguía y que eso lo había llevado a presentarun habeas corpus por temor a ser "víctima de un robo". Oh casualidad, el dueño del auto en cuestión "era un policía federal".

Zacarías le dijo a La Capital que sus malos entendidos con la Federal databan de junio de 2012, cuando denunció al jefe de Drogas Peligrosas de la Policía Federal de Rosario, el subcomisario Gustavo Serna, que luego fue desplazado. "Cuando el jueves llegaron los federales, el jefe del procedimiento me dijo en la cara: Este es el vuelto." Pero la entrevista tiene una parte más grotesca, es cuando el periodista le pregunta "¿Por qué tenía problemas con los federales?" La respuesta es un flaco favor a los uniformados santafesinos: "Nunca me paró un policía de la provincia en un patrullero. Siempre fueron los de la Federal." Junto con Zacarías fueron detenidos su esposa y sus hijos, que estaban en la casa donde funcionaba la cocina de clorhidrato de cocaína. Pese a que durante el procedimiento fueron fotografiados todos los materiales incautados que no dan margen de duda sobre el emprendimiento de Zacarías, el hombre dijo que tiene una serie de remises. Su defensa es que fue contratado para transportar cosas y que él no suele preguntar el contenido. Su discreción se hace tenue al mostrarse como una víctima: "Estoy en medio de una guerra política entre, aunque tengo miedo de nombrarlos, el socialismo y el kirchnerismo."

En los mismos días que caía preso Zacarías, una investigación de fiscales federales de Córdoba ponía al descubierto la trama narco de la Policía de Córdoba. La justicia ordenaba detener al jefe de Lucha contra el Narcotráfico, Rafael Sosa, y a otros cuatro policías de esa división. De inmediato, el gobernador José Manuel De la Sota aceptaba la renuncia del ministro de Seguridad y el máximo jefe de la fuerza, Alejo Paredes y Ramón Frías. Paredes, antes que ministro había sido el jefe policial. Le había dejado la posta a Frías.

ESCOBAR GAVIRIA Y BONFATTI. El mítico jefe del Cartel de Medellín siguió viviendo en su ciudad pese a ser el hombre más buscado de la Tierra. Allí, Pablo Escobar Gaviria recibió el tiro final hace casi 20 años, el 2 de diciembre de 1993. Tiempo antes, cuando estaba en prisión y gozaba de una reforma constitucional a medida de "los extraditables", le dio una entrevista a la periodista mexicana residente en Estados Unidos Alma Guillermopietro. En el reportaje, Guillermopietro le preguntó al narcotraficante por qué no quería enfrentar a un juez estadounidense y este respondió que él era colombiano y confiaba en la justicia de su país. La cronista, incisiva, le dijo que seguramente no podría comprar a un juez de Estados Unidos. Escobar retrucó con una pregunta: ¿Cuánto cuesta un juez allá… 100 mil dólares, un millón de dólares? La periodista le dijo que allá los jueces tenían muchos controles, amén de no dejarse comprar. El capo narco no tuvo vueltas: A esos los mandamos a matar por 1000 dólares.

Un investigador rosarino comentó algo a este cronista que parece secundario, pero que se asocia con la temeraria afirmación de Pablo Escobar. "Los narcos utilizan mano de obra muy primaria –dijo– y es posible que los tiros no estuvieran destinados a balear el interior de la casa de Bonfatti, pero quizá estaban sacados y se pasaron de rosca." El narcotráfico rosarino no puede ser entendido al margen de la historia de, al menos, los últimos 30 años. No puede combatirse mientras se conciba como ilegal cualquier sustancia que intoxique a una persona. En sociedades tóxicas, la gente se intoxica. Lo ilegal crea circuitos de altísimas ganancias. Los ejecutores de venganzas, los killers, son el último eslabón, son los lúmpenes que sirven para robar un auto o disparar con una Uzi, la mayoría de las veces se trata de delincuentes monitoreados por los agentes de las fuerzas de seguridad que integran emprendimientos narcos.

Bonfatti no tiene custodia. Hermes Binner tampoco la tuvo ni la tiene. Los socialistas santafecinos deben tener una concepción mágica de este fenómeno. En febrero pasado, el periodista de investigación Carlos Del Frade, decía al portal Marcha: "Hoy en Rosario hay cuatro grupos que manejan el narcotráfico: la zona sur, donde están los Cantero; en la zona centro, los Altamirano, que es una familia con bajo perfil; en la zona oeste, Luis Medina; y en la zona norte hay toda una discusión porque hay quienes posicionan todavía a los Romero. Pero da la sensación de que ahí ganó la pulseada el Pillín Bracamonte que es nada menos que el jefe de la barra de Rosario Central. Este es el problema serio, todos ellos tienen relaciones con abogados, que terminan firmando contratos, que a la vez terminan creando razones sociales económicas. Por ejemplo, una Jazmín Sociedad Anónima que maneja dineros vinculados con todo esto. Aparece el negocio de Esperanto Rosario a partir de un prestanombres, que es el señor Capuchi, que le presta el nombre en realidad a Medina para comprarle la firma a Batagglia que es el titular de la firma Esperanto en Buenos Aires".

Esperanto Rosario es un boliche, propiedad de Luis Medina. El sábado, La Capital decía que un tal Luis M. es una pista fuerte en la investigación. Todos saben en Rosario que se refiere a Medina. La forma detectivesca de presentar la noticia solo sirve para perder de vista la trama compleja de los delitos narcos. Trama asociada a las fuerzas policiales. En esa provincia existe una organización que los socialistas no desconocen pese a esa visión ingenua. Es Apropol, una entidad que representa a algunos efectivos en actividad y retiro, la familia policial como suele decirse, que cuenta con su propia página web. A las horas de producido el ataque a la casa de Bonfatti, Apropol puso una escueta noticia en la que advertía que, tras las elecciones del 27 de octubre, habrá un relevo del "equipo del ministerio de Seguridad" porque "llegó el mensaje de quienes no dejarán los espacios que el propio gobierno les dio y reclaman los negocios pactados que no les cumplen". Dice luego que tras el ataque el gobernador recurrió a Gendarmería para su custodia y para la investigación del caso. "La pregunta es –dice Apropol–: ¿teniendo a su cargo la policía provincial y un ministerio con más de 100 funcionarios no le alcanza para estar seguro? Y, además, ¿qué nos queda a los ciudadanos si el propio gobernador no confía en la policía que él mismo comanda?" Es casi una declaración que serviría para encontrar algunas ramificaciones que conduzcan a los autores materiales e intelectuales. La pregunta que se hace este cronista es si Bonfatti no deberá tomar el toro por las astas e intervenir a la fuerza policial, cuyos operativos tras el ataque sólo les permitió capturar algunas armas y detener a personas cuya vinculación con el ataque es más que difusa.

Pero no son distintas las cosas donde gobierna el peronismo en sus distintas variantes y en la Argentina impera el mito de que los peronistas saben lo que es el poder. Esto no es un tema que se divida entre ingenuos y sabedores. Enfrente hay un poder transnacional, con ramificaciones en las instituciones judiciales, del ministerio público y de los ámbitos de la inteligencia y las fuerzas de seguridad. Así como la investigación federal avanzó en Córdoba y Santa Fe, podría avanzar en cualquier otra jurisdicción argentina y toparse con aberraciones completas. Hace poco, un jefe comunal del Conurbano Bonaerense confiaba a este cronista la historia que le había contado un oficial de la Bonaerense enfrentado con otro oficial de la misma fuerza. El jefe comunal pudo corroborar una parte de la historia y logró que removieran a ese oficial que estaba al frente de una comisaría en su distrito. La historia es tan simple como bizarra: el oficial se ocupaba personalmente de golpear y torturar a un detenido por un delito asociado a la venta de drogas hasta que en un momento le preguntó cuánto juntaba al mes. El detenido dio una cifra del resultado de su comercio ilegal. El policía dejó de golpearlo y le dijo que se presentara todos los meses en la comisaría y lo viera directamente a él… con una interesante cifra fija de dinero en efectivo.