Las pruebas sobre el sospechoso aumento patrimonial de los principales directivos del Grupo Clarín y su vínculo con la maniobra de colocación de las acciones del holding a las AFJP en 2007, reveladas ayer por Tiempo Argentino, comienzan a cerrar el círculo sobre las muchas denuncias por lavado de activos contra el multimedios que, por otra parte, no registran mayores avances en la justicia.
 
El expediente que comenzó a tramitarse a partir de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por fuga de capitales y evasión tributaria se relaciona de forma directa con las empresas offshore constituidas por el Grupo en guaridas fiscales como Panamá, y con los manejos denunciados por el financista arrepentido Hernán Arbizu en relación a los servicios de banca privada que JP Morgan prestó al multimedios.
 
La causa recayó en el fiscal Miguel Ángel Osorio, que por conexidad ya investigaba a la empresa GSCA Investment, radicada en el estado de Delaware, un paraje de los Estados Unidos con nulo control tributario. Este diario reveló en 2010 que esa sociedad, constituida con un capital accionario de 100 dólares y propiedad de los mismos directivos del Grupo Clarín, había realizado operaciones de transferencia de títulos sin justificación y créditos "back to back", frecuentes como una modalidad de lavado de activos.
 
Esa firma adquirió el 6% de las acciones de CIMECO (Grupo Clarín) en más de U$S 8 millones, a través de un presunto crédito del Credit Suisse. Ahora, GC Dominio SA, cuyos directores son Ernestina Herrera de Noble, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro, quedó bajo la lupa por haber transferido más de 3 millones de pesos a Bahamas. El dinero regresó sin tributar bajo la forma de compra de bonos del Estado pagaderos en dólares.
 
Once empresas cuyos accionistas son los principales directivos del multimedios fueron creadas –en su mayoría en 1979– bajo estatutos de Panamá, otro de los lugares con baja o nula tributación. Las firmas son AGEA, Semar, Lexsol, Noirland, Lafone International Corp, Hazel International SA, Harland Investment SA, Tayben Consultants SA, Rultand SA, Inmobiliaria Valdivia y Luarán SA. Precisamente, esta última sociedad fue monitoreada por la Unidad de Información Financiera (UIF) por las operaciones realizadas para compra de divisas. Integra el patrimonio del vicepresidente del Grupo Clarín, Aranda, cuya declaración de bienes personales en un año creció de 180 millones de pesos a $ 412.110.419.
 
La recomendación de crear sociedades offshore en Panamá y en otras guaridas fiscales fue realizada por JP Morgan, de acuerdo a lo que declaró Arbizu, tanto en sede judicial como ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), como parte de los servicios de asesoramiento que le brindaban al holding. Arbizu también presentó un listado con 469 empresas líderes en el país que fugaban capitales al exterior, con detalles de la operatoria.
 
En 2008, esa causa recayó en el juez federal Sergio Torres, quien junto al fiscal Guillermo Marijuan no encontraron elementos para imputar formalmente a ninguna persona. El fiscal fue notificado de la declaración de Arbizu ante la CNV  el 7 de diciembre de 2010, que se hizo "correr por cuerda separada", es decir, en otro expediente diferente. Allí, Arbizu contó, entre otras cosas, que el Grupo Clarín había estructurado una salida a la Bolsa de Valores para vender sus acciones a las AFJP con un valor "inflado" de corte de 29 dólares, que había sido fijado entre los directivos de la banca Morgan y Héctor Magnetto, CEO de Clarín.
 
Ese precio luego se desplomó, lo que ocasionó un perjuicio a las administradoras de los fondos de los futuros jubilados. Esta causa tampoco avanzó en el juzgado en lo Penal Económico Nº 3. Marijuan pidió a Torres que "amplíe la rogatoria internacional" para obtener información sobre la cuenta de Herrera de Noble en el JP Morgan de Nueva York por la que ordenó la transferencia de 30 mil dólares" para hacer un pago a terceros.
 
La sospecha que ahora cuenta con respaldo documental fue que además de obtener un beneficio sobre la venta de acciones –lo que generó un excedente con el que el Grupo se financio con los fondos de las AFJP–, además las acciones fueron recompradas por empresas offshore vinculadas a los propios accionistas. 
 

Entre el material que recibió Osorio, luego de haber sido analizada por la UIF y remitida por la unidad fiscal antilavado, figura que Pagliario incrementó 399 veces su patrimonio, que pasó de casi un millón de pesos a $ 367 millones, fruto del reparto de dividendos ocurridos al año siguiente de aquella salida a la Bolsa.