Apartir del mismo momento en que se conocieron los resultados de las elecciones de octubre pasado, desde los medios hegemónicos y muchas de las fuerzas de la oposición se ha intentado instalar la idea de que estamos asistiendo a un “fin de ciclo”. No es la primera vez que el proyecto que se inició con la presidencia de Néstor Kirchner enfrenta este tipo de campañas. El mismo 25 de mayo del 2003, desde uno de los principales diarios del país se propuso que los argentinos habían elegido un gobierno de carácter transitorio que no duraría más allá del final de aquel año. El “final de ciclo” también fue profetizado luego del voto “no positivo” del 2008, después de las elecciones del 2009 y en muchos momentos más. Como todos hemos visto, la voluntad popular expresada en el 46 y 54% de los votos con los que Cristina fue electa presidenta, dio por tierra con esas especulaciones.
 
Los primeros dichos y medidas adoptadas por Cristina luego de reintegrarse plenamente al ejercicio de su función esta última semana, muestran que lejos de estar frente a un “fin de ciclo” nos encontramos frente a la posibilidad de asistir al “fin de los procesos cíclicos” nefastos que se han reiterado una y otra vez en la historia política, social y económica de la Argentina.
 
Ello se debe a que en lo político, el cumplimiento de los primeros 30 años consecutivos de democracia no proscriptiva en la Argentina moderna, muestra que ya no es posible terminar con los gobiernos populares mediante golpes de Estado que dan lugar a dictaduras represivas.
 
Pero al mismo tiempo, en lo económico Cristina ha planteado que todo el esfuerzo del Gobierno estará colocado en dirección a no repetir los ciclos que luego de procesos redistributivos y de expansión de la economía nacional, promueven políticas de efectos inversos. Políticas que a través de megadevaluaciones y estrategias de ajuste producen efectos de redistribución regresiva del ingreso en favor de los sectores más poderosos, con las consabidas consecuencias de desocupación, pobreza y exclusión para la mayoría de la población.
 
Los cambios de Gabinete y los discursos de Cristina y los nuevos funcionarios de los últimos días han significado una reafirmación del rumbo que se inició en el 2003. Frente a los desafíos que surgen de la crisis financiera internacional y de las propias dificultades de los procesos económicos y sociales internos, se ha planteado que el objetivo principal de estos 2 años de gobierno será defender la producción y el trabajo nacionales y profundizar el proceso de distribución del ingreso.
 
Apartándose de las recetas reiteradas por los organismos de financiamiento internacional y por los economistas del establishment, los nuevos ministros han enfatizado en que la prioridad estará dirigida a fortalecer el papel del Estado con el objetivo de proteger nuestra industria a partir de incentivar el consumo masivo y dinamizar el mercado interno defendiendo el poder adquisitivo de las grandes mayorías.
 

El desafío del momento es lograr que en lugar del “fin del ciclo” del proyecto kirchnerista que combinó desarrollo productivo con justicia social y ampliación del horizonte de derechos para todos, se dé lugar al “fin de los ciclos” históricos que permitieron los perversos círculos del estancamiento, la pobreza y la pérdida de soberanía en nuestro país. Ello exige un gran esfuerzo en 3 direcciones. En primer lugar, un esfuerzo de elaboración y gestión de políticas públicas creativas y originales que enfrenten exitosamente los nuevos problemas y demandas que surgen del crecimiento y mejora de los últimos 10 años.

En segundo lugar, de organización de una fuerza política sólida que, con la columna vertebral del peronismo, esté en condiciones de sostener con éxito la pugna distributiva, por el poder y por la continuidad más allá del 2015 para lograr la consolidación y profundización del modelo llevado adelante por Néstor y Cristina durante los últimos 10 años. Por último, el desafío de ampliar con generosidad y pluralismo la base de sustentación política y social del proyecto, recuperando para su defensa a amplios sectores nacionales, populares y progresistas que forman parte de los beneficiarios de las profundas medidas de transformación económica y social que se vienen llevando adelante en la última década.