Nota de Tiempo Argentino

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, avanzó ayer en su decisión de denunciar penalmente a los usuarios de redes sociales que vienen utilizando la tecnología para promover nuevos saqueos en coincidencia con el 20 de diciembre, una fecha caliente que suele ser usada para tratar de generar conmoción. La denuncia de la cartera que encabeza Julio Alak fue presentada ayer mismo en la Procuración General de la Nación, con el objeto de que el ministerio público –a través de la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó—inicie una investigación sobre los hechos. La presentación del Ministerio de Justicia solicita que se investigue la presunta participación del ex subjefe de la Policía Bonaerense Salvador Baratta, hoy concejal del Frente Renovador en Lanús, en la organización de los acuartelamientos en Adrogué, Mar del Plata y La Plata. La propia Gils Carbó, entretanto, encabezará hoy una reunión con todos los fiscales que forman parte de la comisión que investiga los delitos contra el orden constitucional. Mientras el Poder Ejecutivo, el ministerio público y el Poder Judicial profundizan su intervención para penar los delitos cometidos en los últimos días, en la provincia de Buenos Aires se 164 personas resultaron detenidas ayer.

Según los datos que circulaban ayer por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad y los organismos similares de la provincia, de las 164 personas detenidas –acusados de participar en saqueos y actos de vandalismo– 71 quedaron tras las rejas, 37 fueron liberadas y otras 56, por tratarse de menores, fueron entregadas a sus padres. El mayor número de detenidos corresponde a la jefatura departamental de Mar del Plata. La información con el número de apresados y la procedencia de cada uno de ellos –según las distintas jefaturas departamentales en las que está organizada la Policía Bonaerense– llegó a la Casa Rosada tras el encuentro que mantuvo el ministro de Justicia, Julio Alak, con la procuradora general de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen "Pochi" Falbo. Luego de esa reunión, Falbo se comprometió a que los 720 fiscales bonaerenses permanecieran en alerta permanente las 24 horas para prevenir o actuar ante (eventuales) nuevos hechos.

Desde la Procuración General de la Nación, a cargo de Gils Carbó, la decisión es darle operatividad al funcionamiento de la comisión creada especialmente para investigar los delitos que atentan contra el orden constitucional. Dicha comisión está integrada por los fiscales generales de Resistencia (Federico Carniel), Paraná (José Candioti Puyol), Rosario (Adolfo Villate) y San Isidro (Rodolfo Domínguez). Fue creada el lunes último por decisión de la Procuradora y en virtud de lo dispuesto por la Ley de Defensa de la Democracia (Ley 23077). La actuación del ministerio público, que es esencial para la acción de la justicia porque se trata de quien debe impulsar las acusaciones, mostró su mayor avance en Mar del Plata. En la ciudad balnearia se registró uno de los acuartelamientos de la Policía Bonaerense: la inacción policial coincidió con saqueos en la periferia de la ciudad.

El lunes, el fiscal general del Departamento Judicial marplatense, Daniel Adler, ordenó al fiscal federal de turno que investigue la protesta policial, que consistió en la cesación del servicio de seguridad y patrullaje. Esa medida de fuerza posibilitó que se multiplicaran los robos. El contenido de la resolución firmada por Adler, con acusaciones durísimas, podría ser replicado por otros fiscales en los días venideros. "El acuartelamiento de personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad que portan armas de fuego implica un alzamiento en armas contra los poderes públicos reprimido en la ley penal argentina. Las acciones descriptas constituyen delito de asociación ilícita agravada (artículo 210 y 210 bis) y sedición en concurso real (artículo 229 del Código Penal)", imputó el fiscal general marplatense en su requerimiento al fiscal de primera instancia. Adler consideró que los protagonistas de los saqueos incurrieron en el delito de robo en poblado y en banda (artículo 167 inciso 2º del C. Penal). Pero también acusó a los policías acuartelados como partícipes necesarios de los robos. "El no actuar en forma debida cuando ello les es exigido por ley, ha contribuido a la producción de los robos, motivo por el cual cabe imputarles su comisión a título de partícipes necesarios", planteó.

Como ya lo había adelantado el propio Alak y su segundo, el secretario de Justicia Julián Alvarez, el Ministerio de Justicia puso bajo la lupa el rol de Baratta en la preparación del clima –la organización e impulso del descontento policial– que desencadenó las protestas de los efectivos de infantería de La Plata, como también en Adrogué y Mar del Plata. En la denuncia de la cartera de Justicia, se citan párrafos desgrabados de la entrevista radial que el periodista Jorge Rial le hizo a Baratta en la mañana del lunes 9 de diciembre. En aquel reportaje que emitió al aire radio La Red, el ex subjefe de la policía provincial se presentó como dirigente del supuesto Sindicato de Policías y Penitenciarios (SinPoPe), organización que no tiene ningún reconocimiento legal. "Nosotros, el sindicato que represento yo (por SinPoPe), este fin de semana paramos casi doce conflictos en diferentes lugares", dijo Baratta en aquella entrevista.

La denuncia del Ministerio de Justicia sostiene, además, que el ex subjefe policial realizó declaraciones amenazantes, de cierto carácter extorsivo. "Baratta se ha presentado en los medios no en su condición de concejal, sino como si fuese un policía en actividad, por ejemplo cuando dice: '¿A usted le parece que los policías no nos sentemos en las paritarias provinciales?', en el intento de defender los intereses de los segmentos policiales que ejercen reclamos, advirtiendo que si no se cumple con lo que demandan habrá más saqueos. Como se deduce en su respuesta a la pregunta de si la situación se puede agravar, cuando dice: 'Pero siempre, Jorge (por Rial), siempre'", reconstruye textualmente el escrito de la cartera que encabeza Alak. La presentación de la denuncia ratificó lo que se había anunciado en la conferencia de prensa que compartieron Alak y Álvarez.

Otro aspecto de la acusación del Ejecutivo –la instigación a realizar saqueos a través de las redes sociales, sobre todo Facebook– tuvo en la noche del martes sus primeros resultados concretos: en la ciudad bonaerense de San Nicolás se allanaron dos domicilios en los que se constató que dos individuos eran el creador, cuyo apellido sería Valenzuela, y el coordinador, respectivamente, de la página de Facebook SAKEOS SN (SN por San Nicolás). En los últimos días, esa página instó a movilizarse a los supermercados chinos de la ciudad y alrededores.

Ayer, la provincia de Buenos Aires pareció recobrar la normalidad tras el aumento por decreto dispuesto por el gobernador Daniel Scioli: sin embargo, por la tarde, mientras el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, se encontraba realizando un acto en el tradicional Teatro Roma, un grupo de 20 individuos jóvenes, movilizados en motocicletas, robó un local de la cadena de ropa Cultura Jeans en Laprida y Mitre, pleno centro comercial de la zona. El episodio causó sorpresa y alarma: un robo de esa forma, en un lugar tan transitado, sólo puede ser realizado con éxito si existe la certeza previa de que no va a haber vigilancia ni rápida respuesta policial.

Respaldo de defensores del pueblo

Los defensores del Pueblo de toda la provincia manifestaron ayer su total respaldo a la gestión del gobierno bonaerense frente a los episodios de público conocimiento que alteraron la paz social durante los últimos días.

Reunidos en La Plata, el defensor del Pueblo provincial, Carlos Bonicatto, y sus pares de los municipios de Avellaneda, Quilmes, La Plata, Escobar, Pilar, La Matanza, Ituzaingó, Morón y General Pueyrredón coincidieron en que “la construcción y protección de derechos sólo es posible en la plena vigencia y respeto de las instituciones democráticas elegidas por el pueblo”.