El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, logró reformar una serie de leyes clave que le permitirán tener bajo control al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires por los próximos años. Sin sobresaltos y disimulado dentro del paquete de leyes aprobadas en la Legislatura en un maratónico fin de año previo al recambio de bancas, los legisladores del PRO consiguieron introducir cambios en tres normas que regulan el servicio de justicia con las que el oficialismo ahora podrá promover la remoción de jueces díscolos y tendrá el control disciplinario directo sobre los fiscales. Los jueces Roberto Andrés Gallardo, Elena Liberatori y Patricia López Vergara podrían ser los primeros magistrados cuestionados por sus fallos adversos al gobierno porteño.
 
En la sesión del 6 de diciembre pasado, la bancada macrista se aseguró contar con un número holgado de voluntades –aportadas en parte por el kirchnerismo porteño– para modificar la Ley Nº 7 que regula a los tribunales de la Ciudad, la Ley Nº 31 que reforma el Consejo de la Magistratura local, y la Ley Nº 1903 que rige el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. En rigor, se trata de una reforma más profunda que la intentada por el gobierno nacional, que encontró su límite en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en medio de una oleada de críticas a la iniciativa de elección popular de consejeros para el órgano de promoción y remoción de jueces, incluidas las del macrismo. Para las organizaciones vinculadas al derecho y los cuerpos colegiados de la justicia, la implementación de estos cambios en la Ciudad no pasó desapercibida y ya alzaron la voz por sus implicancias en la independencia judicial.
 
La remoción de magistrados "díscolos" y el control sobre los fiscales, en la agenda del alcalde
 
Con 48 votos a favor se aprobó un proyecto diseñado por el diputado del PRO y ex subsecretario de Justicia porteño, Daniel Presti, para reorganizar el cuerpo normativo en la Ciudad a partir de retoques en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Capital Federal. Presti fue uno de los principales detractores de las denominadas Leyes de Democratización de la Justicia impulsadas por la Casa Rosada, pero en paralelo el proyecto de su autoría, que antes habían naufragado por falta de acuerdo, comenzó a ser revitalizado. Ya en 2012, el PRO había buscado disminuir las mayorías necesarias para poder acusar a un magistrado y llevarlo así al juicio político. Según fuentes judiciales el principal objetivo está en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT) donde el gobierno cosechó los principales reveses. 
 
La Ley Nº 31 que regula al Consejo de la Magistratura local cosechó 50 votos afirmativos, dos negativos y dos abstenciones. La mayoría de los bloques opositores aportaron su caudal para votar junto al PRO una reforma cuyo objetivo era "mejorar su funcionalidad", pero que implicaba el cambio de mayorías para la toma de decisión, y también en la integración necesaria del quórum para llevar a cabo los plenarios. En síntesis, un cambio que le permitirá a la representación del PRO impulsar no sólo la postulación de jueces, sino promover su remoción a voluntad.
 
En la propuesta de modificar la norma y derogar la Ley Nº 1988, intervinieron como autores el diputado del Frente para la Victoria Alejandro Amor –cuyo destino final fue ocupar la cabeza de la Defensoría del Pueblo en un cuestionado acuerdo entre las fuerzas políticas para ocupar los cargos a renovar– y Francisco Quintana, del PRO. Además, se creó la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial, que actuará en el ámbito del Consejo de la Magistratura y regulará los salarios y nombramientos de los jueces, además de modificaciones en los métodos para su selección. 
 
CONSEJO. La clave de los cambios en el Consejo de la Magistratura está dada por la reducción del número de consejeros necesarios para dar quórum a la propuesta de acusación a un juez. Para el tratamiento de cuestiones ordinarias, de los actuales nueve miembros sólo será necesaria la presencia "de cinco (5) miembros que componen el Consejo" para habilitar una sesión. En caso de empate, la Presidencia ocupada por el ex legislador Juan Manuel Olmos tendrá la definición.
 
Pero para el proceso de acusación de un juez y su envío posterior a un jury de enjuiciamiento en el que es requerida una mayoría especial, el quórum anterior de siete miembros se redujo a "2/3 del total de miembros, debiendo estar presente por lo menos un miembro perteneciente a cada uno de los tres estamentos que compone el Consejo, y el voto favorable de la mayoría absoluta del total de los miembros". Significa que, para remover a un juez, deben estar presentes sólo seis consejeros en el plenario, incluyendo un representante del Poder Judicial, uno en nombre de la Legislatura o uno del estamento de los abogados.
 
Con sólo cinco votos afirmativos (la mitad más uno del total de los miembros) se lo podrá enviar a juicio político. El mismo número será el que necesite el PRO para definir los candidatos a ocupar vacantes de jueces, fiscales, defensores o asesores tutelares. 
Hoy responden al macrismo seis miembros del Consejo, con lo que luego de esta reforma tendrá aun mayor margen para imponer sus postulantes a los cargos judiciales y de ministerios públicos, pero también para desplazarlos de su cargo. 
 
A principios de diciembre, Tiempo Argentino adelantó que con esta reforma, tampoco serían necesarios los dos tercios de los legisladores para las remociones o nombramientos de jueces. El año próximo podrán ser cambiados con mayoría simple, es decir los 31 votos con los que el macrismo pretende "rodear" a los magistrados más resistidos por la administración PRO, como Gallardo, Liberatori y López Vergara, además del asesor tutelar Gustavo Moreno, enfrentado con la vicejefa, María Eugenia Vidal, impulsora de Yael Bendel que ocupará la titularidad de la Asesoría General Tutelar. Esta nueva estructura permitirá obturar el poder de defensores y asesores tutelares para impulsar acciones colectivas que, durante toda su gestión, le quitaron el sueño al líder del PRO. La lista de antecedentes incluye los casos del Borda, los problemas habitacionales y las fallas sanitarias en hospitales públicos.
 
FISCALES. La Ley Nº 1903 obtuvo 47 votos a favor de parte del PRO, el FPV y algunos opositores y cuatro abstenciones. Su objetivo era "dotar al Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires de un poder disciplinario adecuado". Pero en realidad significó quitarle ese poder disciplinario sobre fiscales, defensores y asesores al Consejo de la Magistratura, para traspasarlo a la órbita de cada jefe del Ministerio Público.
 
En el caso de los fiscales, su cabeza será por los próximos siete años el legislador macrista Martín Ocampo, objetado por su falta de antecedentes para el cargo y su dependencia directa con el presidente de Boca Juniors y hombre fuerte de Macri en la justicia, Daniel "El Tano" Angelici. El expediente Nº 2782-D-2013 fue de autoría del diputado Enzo Pagani (PRO) y supone también que las sanciones no sean sólo correctivas sino que puedan agravarse, llegando incluso a la separación del cargo.
 
TRIBUNAL. El 12 de diciembre, en sesión especial, fueron designados los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de magistrados con mayoría del PRO. Los diputados macristas Cristian Ritondo, Helio Rebot, Héctor Huici y Cecilia de la Torre lo integrarán, junto a Jorge Taiana, Edgardo Form y Claudia Neira del interbloque kirchnerista, e Inés Gorbea de UNEN.
 
RECHAZO. Cuando esta reforma era apenas un proyecto, la Corte Suprema recibió el reclamo por escrito de la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial (FAM). El Colegio de Magistrados, Integrantes del  Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudiaron los cambios y consideraron que estas iniciativas representan "un avasallamiento inconstitucional de la independencia del Poder Judicial".
 
"Si estas normas son promulgadas, los poderes políticos podrán acusar, suspender y separar a magistrados que se estimen 'molestos' con menos garantías, conforme los arrebatos de mayorías circunstanciales", indicaron en un comunicado al que tuvo acceso Tiempo. "Dejarlos sometidos al arbitrio de las mayorías, sin adecuadas garantías, importa propender a la suma del poder público y dar por tierra con la división de poderes. Importa, además, la adopción de un curso de acción similar al que tanto se ha criticado desde el gobierno local en relación con medidas adoptadas en el ámbito nacional", sostuvieron los magistrados en la carta dirigida a Macri.
 
Dos antecedentes polémicos
 
El afán del oficialismo porteño por controlar a la Justicia de la Ciudad no es novedoso. Durante varios meses, el alcalde porteño, Mauricio Macri, intentó que la fiscal de Cámara Daniela Bruno Ugolini integrara el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Ugolini cobró fama por sus dictámenes siempre favorables al Ejecutivo PRO y resoluciones tales como pronunciarse en contra de remover las placas con nombres de represores de calles, plazas y escuelas.
 
Más cerca en el tiempo, el actual fiscal general, Germán Garavano, designó como fiscal a Martín García Berro. Fue el 25 de julio de 2013 y por 90 días. Su actuación en la causa que investigaba una "campaña sucia" encabezada por el gurú del PRO Jaime Durán Barba contra Daniel Filmus fue, al menos, curiosa. García Berro se dedicó a realizar pesquisas sobre Salomón Filmus, padre del por entonces candidato a jefe de gobierno. Por eso, envió requerimientos en los que pidió los antecedentes de Filmus padre al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, para ver si se encontraba matriculado, y a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para chequear si había sido empleado allí.
 
Los jueces en la mira del Pro
 
Roberto Andrés Gallardo. Es el juez que más dolores de cabeza le ocasionó a Macri. Declaró la inconstitucionalidad del veto sobre la ley de abortos no punibles en hospitales porteños y multó a varios funcionarios PRO por irregularidades. Además, inició una investigación sobre cadáveres faltantes en las morgues de la Ciudad, lo que le valió una recusación por parte del gobierno PRO por su supuesta simpatía con Justicia Legítima. Lleva en su haber múltiples fallos en contra del macrismo por incumplimientos en materia sanitaria, habitacional y educativa, sobre todo en las villas.
 
Patricia López Vergara. Frenó el protocolo macrista contra los abortos no punibles y multó al ex ministro Diego Santilli por haber avanzado en una obra con un fallo judicial en contra. También paró el proyecto del Centro Cívico con una cautelar por violatorio a varias leyes de protección y porque no hubo estudio de impacto ambiental. Dio de baja el 0800 para la delación de actividades políticas ideado por la cartera de Educación y obligó al PRO a recibir los fondos del gobierno nacional para el traspaso del subte que estaban en el Banco Nación y transferírselos a Metrovías. 
 
María Elena Liberatori. Estuvo a cargo del censo a los ocupantes del Parque Indoamericano para atender las necesidades habitacionales y sociales durante la ocupación. Ordenó al ministro de Educación, Esteban Bullrich, dialogar con los estudiantes que llevaron a cabo las tomas en los secundarios y mandó restituir a los docentes echados por parodiar a Mauricio Macri. Exigió reglamentar una ley para asistir a testigos, querellantes y víctimas del terrorismo de Estado. También dictaminó la reapertura de los Talleres Protegidos del Borda demolidos por el PRO. 
 
Los ideólogos del nuevo esquema
 
Martín Ocampo. El legislador del PRO Martín Ocampo consiguió acceder a la jefatura de todos los fiscales porteños luego de sortear siete impugnaciones a su nominación provenientes de ONG ligadas a la justicia, como la Asociación Americana de Juristas, ACIJ, ADC, Directorio Legislativo, INECIP, Poder Ciudadano, y REDI. Le reprocharon que el abogado ligado a Angelici carece de "sólidos antecedentes" para ser la cabeza del Ministerio Público y "tiene fuertes compromisos partidarios". En su defensa, el ex legislador macrista sostuvo que no está afiliado al PRO. 
 
Daniel Presti. Durante cuatro años fue subsecretario de Justicia bajo la gestión de Guillermo Montenegro hasta que, en 2011, fue electo para la Legislatura. El año pasado diseñó el proyecto de modificación de las mayorías y el quórum para el Consejo de la Magistratura que finalmente se aprobó un año después. Es uno de los hombres clave del PRO en materia judicial y fue el principal crítico de los proyectos de reforma impulsados por el gobierno nacional. Dijo que en la Ciudad "hay jueces que entorpecen la gestión" y que "si un juez quiere hacer política, que renuncie al cargo".