Nota de Tiempo Argentino

Más de 20 asociaciones de consumidores se reunieron ayer con el director nacional de Comercio Interior, Ariel Langer, con la intensión de sumarse –en forma progresiva y con los recursos humanos que cuentan– al monitoreo de los acuerdos de precios (el programa precios cuidados). A los fines prácticos, los funcionarios les prometieron a las organizaciones civiles otorgarles los listados de precios para que realicen las comparaciones necesarias y habilitaron, además, un mecanismo del tipo online para que puedan denunciar abusos de precios. Por medio de un código (que también tienen los supermercados y los proveedores) las asociaciones podrán enviar señales de alerta temprana de anomalías al sistema informático que controla Comercio Interior. "Vamos a colaborar, pero pedimos los listados de precios para tener referencia", dijo a Tiempo Argentino Pedro Busetti, titular de Deuco.

El encuentro entre el gobierno y las asociaciones parece haber sido, además, una "bandera blanca" en la relación entre ambos actores. Una historia de muchos chisporroteos en torno a la medición de índice de precios por parte de las organizaciones. En la reunión de ayer, en el edificio de la Diagonal Roca, hubo "amnistía" incluso para aquellas asociaciones de usuarios que habían sido multadas y sumariadas por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. En la mesa estuvieron Sandra González, de ADECUA; representantes del Centro de Educación al Consumidor (CEC) que conduce Susana Andrada; gente de Consumidores Libres, del ex dirigente socialista Héctor Polino; y hasta Fernando Blanco Muiño, de UCA, una de las pocas entidades que, en su momento, salió a defender en los medios al Grupo Clarín en los casos de abusos tarifarios de Cablevisión y en el intento de quita de la licencia a Fibertel, en el año 2010.

La "tregua" fue, incluso, entre las propias asociaciones: los históricos de las entidades saben que, en los últimos años, hubo organizaciones que se distanciaron entre sí porque realizaron acusaciones mutuas de jugar políticamente y de perder la independencia de conceptos, quedando algunas de ellas seriamente enfrentadas con el gobierno nacional. "Nosotros tenemos que sumar, y estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario", aseguró a Tiempo González, de ADECUA, una de las entidades que hace relevamientos de precios en comercios de barrio. La defensora del usuario explicó que "les contamos a los funcionarios que, cuando vamos a los supermercados a tomar precios, gente dentro de los comercios nos persigue y nos prohíben hacerlo".
Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, confirmó que "vamos a estar en todas las tareas que se nos den. Vemos un buen clima de trabajo"; mientras que Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, detalló que "hay una buena organización y nos parece interesante que podamos denunciar online los abusos".

El control que ejercerán las entidades de usuarios se sumará al de los municipios. El gobierno rubricó ayer un convenio con la Federación de Municipios (FAM), para que los jefes comunales destinen personal para el monitoreo de los valores comerciales.
Por último, los funcionarios les adelantaron a los presentes que está a la firma del Poder Ejecutivo el decreto del organigrama de la Defensoría del Usuario. Así las cosas, se espera que en las próximas semanas asuma la Dirección Nacional del Consumidor la economista Laura Goldman.