Un hombre entró al Carrefour de Rivadavia al 5900, Caballito, con su doble identidad: periodista y ciudadano. Mientras realizaba las compras para la semana, chequeaba que el supermercado cumpliera con el acuerdo de precios. Seguro tenía una nota en mente, una idea, una hipótesis. Pero fue imposible llevarla adelante. Al tiempo que comparaba los valores de góndola con los que tenía en mano, se acercó el encargado del local.

-¿Qué hacés? Acá no se pueden sacar fotos.

-No estoy sacando fotos, sólo tomo nota.

-Te están viendo por las cámaras de seguridad con el celular y tampoco se puede anotar, así que por favor retirate. 

El episodio tuvo repercusión porque el afectado es periodista y pudo difundirlo. Sin embargo, son varias las denuncias realizadas por ciudadanos que en el afán de controlar que se cumpla el acuerdo de precios resultan echados del local. ¿Las empresas tienen derecho a pedir a sus clientes que se retiren por chequear los valores de los productos?

Los consumidores “no tienen ninguna limitación legal a la hora de controlar los precios”, aseguró a INFOnews Fernando Blanco Muiño, presidente de Unión de Consumidores de Argentina. Sin embargo, el argumento de los supermercados es que cada lugar se reserva el derecho de admisión –por eso podrían echarte- y muchos aseguran que “es política de la empresa la prohibición de sacar fotos”. Pero es un argumento inválido. 

Los consumidores “no tienen ninguna limitación legal a la hora de controlar los precios”

“Puede ser que tengan como una decisión administrativa la prohibición de tomar fotos, pero eso no puede contradecir una ley general como es la de Defensa al Consumidor que establece que en las góndolas tienen que estar los precios de los productos. Si la foto se saca sobre la etiqueta de un producto que la empresa en forma pública está ofertando” no debería haber objeciones, explicó Blanco Muiño. De este modo el costo de los productos es información pública, por lo que los consumidores tienen derecho a acceder a ellos sin ningún tipo de impedimento. 

Sin embargo esa no fue la experiencia de Noemí Isabel Grassi, una consumidora que denunció que fue echada por reclamar la presencia de productos del programa Precios Cuidados en un comercio de Día de Loma Hermosa. "Con mi lista de productos en mano, comencé a controlar cada vez que hacía mis compras. No encontraba muchas de las marcas que figuran en la lista, ni la revista que indica cuáles son los los productos que entran en el acuerdo". Pero la tarea de fiscalización ciudadana de Noemí fue interrumpida por el encargado del local, quien además de organizar el súper se encargó de echarla.

“Los propios supermercadistas firmaron el acuerdo. Nadie los obligó. Pero además de incumplirlo, cuando el ciudadano los va a controlar, los aprietan”, analizó el presidente de Unión de Consumidores de Argentina. Pero los argumentos empresariales no tienen peso. Sobre todo cuando fue la propia Secretaría de Comercio la que desarrolló dos aplicaciones de iPhone, Precios Ciudados y Precios Ok, para que los ciudadanos puedan fiscalizar los valores.

Con esas herramientas tecnológicas “necesariamente la gente tiene que sacar sus teléfonos” para comprar los valores de góndola con los del programa y eso sin que “los saquen a escobazos”, comentó Blanco Muiño, quien junto a su equipo de trabajo también ha sido víctima de la persecución de supermercados. “No sólo a los consumidores les pasa”. Por eso, en caso de que a un consumidor lo echen o lo intimiden dentro del comercio, hay una línea para hacer la denuncia: 0800 666 1518.