La noticia se conoció el lunes: el empresario Daniel Awada, cuñado del jefe de Gobierno Mauricio Macri y dueño de la marca Cheeky, quedó imputado junto con otros cinco propietarios textiles por "reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular”. Al otro día, Mauricio Macri publicaba en el diario La Nación una columna en la que destacaba la cantidad de empleo que genera la industria textil. Pero nada decía del trato esclavo que su cuñado y su mujer, Juliana Awada, así como tantas otras grandes marcas, tienen con los empleados de los talleres donde se produce la ropa que luego comercializan. 

“La política del macrismo en la lucha contra el trabajo esclavo es no tocar a ningún empresario” aseguró a INFOnews Edgardo Castro, delegado general de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad. “Lo que hacen es delictivo. Avisan al empresario que tienen una denuncia de empleados, los intiman" con la acusación de los trabajadores, cuando la subsecretaría debe proteger al empleado, que es el más débil “y agarrar infraganti al empresario que incumple. Pero si antes de hacer la inspección se lo notifica que van a ir a inspeccionar, el empresario echa a los trabajadores en negro” y se regulariza la situación laboral para cuando lleguen los agentes de la Subsecretaría de Empleo. 

El mecanismo que se utiliza es como decirle a un narco “`me dijeron que en el fondo de su casa tiene una cocina de cocaína. La voy a inspeccionar´", ejemplificó Castro quien acercó a este medio una serie de intimaciones enviadas a empresas denunciadas por incumplimiento laboral, en las que se les informa que en los días próximos van a recibir una inspección. Según el relato de Castro “se trata de un mecanismo perverso para encubrir el trabajo en negro, la explotación infantil y el esclavismo”.

Trabajo Esclavo Ciudad de Buenos Aires.pdf by INFOnewsCOM

La lógica operatoria que devela Castro se refleja en las cifras sobre inspecciones y clausuras que maneja la Subsecretaría de Empleo. En 2012 se realizaron 7224 inspecciones a talleres textiles denunciados y sólo se clausuraron 26. En 2013 hubo 5.498 inspecciones pero las clausuras aplicadas fueron sobre 20 de esos talleres, es decir el 0,36%. En enero 2014 se realizaron 473 y no se registraron clausuras. ¿Será porque los empresarios ya estaban avisados de la inspección?

De acuerdo al relato de Edgardo Castro, en el organismo público encargado de proteger el trabajo "hay un notificador que avisa a la empresa" cuando se reciben denuncias de empleados por incumplimiento de las leyes laborales o trabajo esclavo. En la intimación que envía a los empresarios, el gobierno porteño habla expresamente de "recomendaciones" y les manda una copia de la denuncia presentada (Ver documentos adjuntos). 

"Atento a encontrarse radicada ante esta Dirección General de Protección del Trabajo una denuncia (se adjunta copia) por presuntos incumplimientos a la normativa laboral y/o higiene y seguridad del trabajo vigente, intimamos en el plazo perenitorio de quince días proceda a dar cumplimiento a la adecuación, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones pertinentes. En el supuesto de que Ud. ya haya adecuado las precedentes recomendaciones, o disponga su realización, lo notificamos que no es necesario informar su ejecución, ya que esta Dirección está programando la correspondiente verificación", dice una de las intimaciones que se adjuntan a esta nota. Así, el empresario está avisado sobre la denuncia presentada, qué es lo que debe "corregir" y al momento de la inspección evitará todo tipo de sorpresas. Eso explica la pequeña cantidad de clausuras efectuadas, en relación a las numerosas inspecciones que realizó la Dirección de Protección del Trabajo de la Ciudad. 

Los empleados de la Subsecretaría de Trabajo vienen denunciando desde hace tiempo cierta condescendencia entre el gobierno porteño y los empresarios textiles. En 2013 denunciaron la intención de desmantelar el Cuerpo de Inspección del Trabajo, cuando se pretendía traspasar la inspección laboral a la Agencia Gubernamental de Control. “Querían disolver el cuerpo de inspectores para liberar las zonas donde se produce el trabajo esclavo”, recordó Castro. El traspaso, suponía menos inspectores para controlar el cumplimiento de las condiciones laborales establecidas por ley. En ese entonces los trabajadores se movilizaron y llevaron el asunto a la Justicia, que finalmente les dio la razón y frenó la medida que impulsaba el macrismo en la Ciudad.

Por su parte, el Subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio porteño, Ezequiel Sabor, aseguró a INFOnews que “el gobierno de Mauricio Macri está comprometido con la lucha contra la erradicación del trabajo esclavo”. Para ello, cada vez que la Subsecretaría recibe “una denuncia de un particular, de oficio o como parte de una investigación judicial, se inspecciona el taller y se verifica que se cumpla con la normativa laboral, que los trabajadores se encuentren registrados y que se le estén haciendo los aportes jubilatorios”. Pero si la empresa está avisada de la inspección con anterioridad, difícilmente se puedan comprobar las prácticas de explotación.

Ninguna mención hicieron desde la Subsecretaría sobre el mecanismo intimidatorio que denuncia Castro para encubrir a los empresarios textiles. “En los casos en que detectamos situaciones de explotación laboral realizamos la denuncia correspondiente para que actúe la Justicia y cuando encontramos trabajadores indocumentados, damos intervención a la Dirección Nacional de Migraciones”. Pero la pregunta es: ¿Cómo la subsecretaría de trabajo va a encontrar situaciones de empleo irregular si la empresa que inspecciona está avisada quince días antes del operativo de control?

Cheeky y la familia política de Macri

La industria textil se sostiene, en gran parte, por la mano de obra esclava. Ello hace que el negocio genere ganancias cada vez más altas. Como sucede con Cheeky, la empresa de ropa para chicos cuyo dueños son Daniel y Juliana Awada, cuñado y esposa de Mauricio Macri.

Según figura en su página web, Cheeky “es la marca líder del segmento infantil; con más de 150 locales en Buenos Aires, el interior del país, América y Europa. Cuenta con una planta de producción de 35.000 metros cuadrados, convirtiéndose así en la fábrica de indumentaria textil más importante del mercado argentino”. Todos estos datos serían una excelente noticia para la industria nacional sino fuera porque Daniel Awada quedó imputado en una causa por "reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular". 

Las prácticas esclavistas de Cheeky vienen siendo denunciadas desde 2007 cuando el Gobierno de la Ciudad –encabezado por Jorge Telerman- la Defensoría del Pueblo y la organización la Alameda denunciaron de manera conjunta y penalmente a la empresa, por prácticas esclavistas en los talleres de producción. En aquella oportunidad, se habían logrado inspeccionar varios talleres de Cheeky con costureros sometidos a la servidumbre, pero un fallo del ex Juez Federal Guillermo Montenegro, actualmente ministro de Seguridad de Mauricio Macri, sobreseyó a la firma. INFOnews consultó a la empresa sobre estas denuncias e investigaciones sin recibir ningún tipo de respuesta.

Otros talleres de Juliana Awada ya habían sido filmados y denunciados por la Alameda en setiembre de 2006 y en marzo de 2010. Eso sin contar que en noviembre de 2012 un costurero ingresó con cámara oculta a un taller clandestino de la marca ubicado en la calle Hubac 5673, en el barrio de Mataderos. El videoinforme mostró los rostros de esos trabajadores esclavizados que daban forma a la ropa Cheeky: eran 13 empleados de origen boliviano que se encontraban reducidos a la servidumbre, con un sistema de cama adentro, varios de ellos en situación migratoria irregular -sin documentación-, en extenuantes jornadas de 7 a 22 horas por la miserable suma de $ 1800. ¿Puede el jefe de gobierno porteño desconocer estos antecedentes? 

Ni las inspecciones del Gobierno de la Ciudad en época de Telerman, ni las denuncias de la Defensoría, ni los videoinformes y denuncias de la Alameda alcanzaron para que la justicia intervenga en los manejos que Daniel y Juliana Awada tienen con los empleados textiles. Hasta el lunes. Cuando la Justicia imputó al empresario Daniel Awada, junto con otros cinco propietarios textiles, por "reducción a la servidumbre”.

¿La empresa –en este caso Cheeky- es responsable de la reducción a la servidumbre dentro de los talleres textiles? Sí. Y ya lo detalla la ley 12.713 de trabajo a domicilio, según la cual “los empresarios, los intermediarios y los talleristas que contraten un trabajo domicilio, son responsables solidariamente de los accidentes de trabajo, y de las condiciones en que éste se realice”.

La omisión de Macri

Según detallaba el jefe de gobierno porteño en su columna publicada el lunes útimo, la industria textil “es la principal fuente de empleo de la ciudad y la segunda del país. A nivel nacional, las industrias del diseño aportaron 163.781 puestos de trabajo". 

“Esa presentación es parcial y deformada. No muestra el lado oscuro de del rubro. El 78% del trabajo es clandestino. Macri habla superficialmente de la industria, sin mencionar que las ganancias se producen por la explotación” de los trabajadores, aseguró a INFOnews Gustavo Vera, presidente de la organización La Alameda.“Lo que pasa es que este tema lo sacude familiarmente”, consideró. 

"Macri habla superficialmente de la industria, sin mencionar que las ganancias se producen por la explotación”

En este sentido también se expresó Mario Ganora, abogado penalista y vicepresidente de La Alameda. "Todo lo que se había hecho en gestiones anteriores para cortar con el trabajo esclavo, se vino abajo" a partir de la llegada de Macri a la administración pública de la Ciudad. “No tienen interés en investigar estos temas. Además se mezclan relaciones familiares y eso complica” el asunto, consideró Ganora.

La Ciudad ausente

El 30 de marzo de 2006 un incendio destruyó un taller de costura clandestino, ubicado en Luis Viale 1269, Caballito. Como resultado del incendio murieron 6 personas de origen boliviano, cuatro de ellas menores de edad. El entonces jefe de gobierno, Jorge Telerman, había asumido tras la destitución de Aníbal Ibarra, corrido de su cargo luego del incendio de Cromañon.

Las llamas que ardieron en el taller de Caballito agitaron nuevamente el fantasma de la destitución –era muy reciente el recuerdo trágico de Cromañon- y fue entonces cuando se comenzó con una política más planificada para la detección de trabajo esclavo. “Se reorganizó el sistema de inspección laboral, se tomaban denuncias que luego se investigaban y tenían curso ante la Justicia Federal o la Defensoría del Pueblo”, recordó el abogado Ganora de la Alameda. Pero según denuncian los trabajadores de la Subsecretaría de Trabajo ninguna de esas líneas de acción continuaron vigentes en la era del PRO, más preocupado por destacar los “logros” de la industria textil, que por proteger a los trabajadores sometidos a un nivel de explotación inhumano.