Nota de Tiempo Argentino

Tal como sucedió en otras instancias de la ya extensa disputa legal con los fondos buitre en los Tribunales de Estados Unidos, la administración que encabeza el presidente Barack Obama volvió a respaldar la posición del Estado argentino a través de la presentación de un amicus curiae ante la Corte Suprema de ese país, donde afirma tener "un interés sustancial en la correcta interpretación y aplicación" de la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA, por sus siglas en inglés) y en el tratamiento que se le da a los Estados extranjeros en las cortes norteamericanas.

La presentación ante la Corte por parte del gobierno estadounidense fue realizada el lunes, si bien recién se dio a conocer ayer, y se inscribe en la causa conocida como "Discovery", donde el fondo buitre NML obtuvo del juez de primera instancia Thomas Griesa la autorización para que una serie de entidades financieras privadas –Citibank, Deutsche Bank y JP Morgan Chase, entre otras– brindaran la información que tuvieran sobre activos argentinos en el exterior para ser eventualmente embargados.

El magistrado fue más allá y rechazó incluso un pedido del Banco Central argentino, en ese momento bajo la conducción de Mercedes Marcó del Pont, para que se cerrara una causa en la que se lo acusaba de actuar en nombre del gobierno nacional (alter ego), razón por la cual se podrían embargar sus reservas.

La del Discovery es una contienda legal que corre paralela a la cuestión de fondo, referida a la cláusula pari passu y donde está en juego el reclamo de los fondos buitre por cobrar la totalidad de sus bonos en default.

En relación a este punto, el gobierno de Obama señaló que con sus decisiones, los tribunales inferiores "rechazaron la posición de los Estados Unidos como amigo de la Corte, de que la reestructuración consensual es el medio apropiado para resolver la crisis de deuda soberana".

La decisión fue apelada por el gobierno argentino, y el pasado 11 de enero la Corte Suprema aceptó revisar el reclamo argentino, tras su receso estival.

El recurso, al que accedió Tiempo Argentino, consta de 33 carillas y 36 de anexo documental, y lleva la firma del fiscal general del Estado Donald Verrilli. El funcionario argumenta que los tribunales inferiores han "indebidamente" ordenado el Discovery sobre activos localizados en otros países, aun cuando la ley de inmunidad soberana no permite "ejecuciones por parte de un Tribunal de Estados Unidos, excepto a lo que respecta a las categorías limitadas de propiedad estatal ubicada en los Estados Unidos".

Es la segunda oportunidad en que Verrilli considera errónea la interpretación efectuada por los tribunales inferiores avalando la exigencia de que los bancos brinden información sobre los activos argentinos.

En esa línea, sostiene que "permitir el examen de los bienes de un país extranjero por parte de los tribunales de Estados Unidos, podría minar los propósitos de la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos y tener un número de consecuencias adversas". Por un lado, "invadiría sustancialmente la soberanía de un Estado extranjero en un área especialmente sensible", mientras que sería "inconsistente" con los principios y propósitos que la ley FSIA expresa, señala el escrito.

Advierte además que permitir el acceso a información de bienes de Estados soberanos "podría llevar a un tratamiento recíproco adverso para los Estados Unidos en tribunales extranjeros", así como "amenazaría con hacer daño a las relaciones exteriores (del país) en forma más general".

En este sentido, la conclusión del fiscal general es que "el fallo de la Corte de Apelaciones debería ser revertido".