Senadores de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda recibirán esta semana al ministro de Economía, Axel Kicillof, al secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y al presidente del directorio de YPF, Miguel Galuccio.

La presencia de los funcionarios se concretará el jueves y el viernes próximos desde las 11, durante los plenarios de las comisiones que deben dictaminar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y por el cual se refrenda el acuerdo alcanzado con la petrolera española Repsol por la expropiación de las acciones de YPF.

Según se informó oficialmente, Kicillof, Zannini y Galuccio, además del titular del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Galdino Cattáneo, asistirán al Salón Azul de la Cámara alta en una audiencia que se llevará a cabo durante las jornadas del 13 y 14 de marzo próximos.

Asimismo, se informó que las comisiones continuarán con las reuniones el martes 18 y el miércoles 19.

La intención del oficialismo es obtener el dictamen de la iniciativa ese día, para que el proyecto de ley sea llevado al recinto y, eventualmente, aprobado en sesión ordinaria siete días después.

En el acuerdo firmado con Repsol, el gobierno argentino se comprometió a promulgar antes del 1 de mayo próximo la ley votada por el Congreso, con el aval al acuerdo y la autorización para la emisión de los títulos públicos que serán destinados al pago del resarcimiento, además de los avales de garantía.

El gobierno argentino se comprometió a promulgar antes del 1 de mayo próximo la ley votada por el Congreso.

El entendimiento entre el Gobierno argentino y Repsol fue el fruto final de las negociaciones encaradas a partir de fines de noviembre pasado, luego de que ambas partes firmaran un acuerdo previo que contó con el aval de los principales accionistas de la compañía y de los gobiernos de España y México.

El acuerdo contempla una compensación de 5.000 millones de dólares en tí­tulos públicos "por la expropiación" del 51% del capital accionario que tení­a Repsol en YPF y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados a causa de este litigio.