El consenso en Argentina parece tan lejano como el horizonte. La campaña presidencial para 2015 comenzó antes de lo previsto y amenaza con extenderse hasta el día de la votación. Basta observar de qué manera se abrió el debate por el proyecto de reforma del Código Penal para entenderlo cabalmente. La mayoría de los que cuestionan la reforma, incluso muchos periodistas, no leyó la propuesta, elaborada por una comisión que presidió el juez Raúl Zaffaroni y que integraron juristas de los partidos mayoritarios. Sin embargo, se oponen.

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, fue el primero que vislumbró la posibilidad de sacar rédito electoral de un tema vinculado directamente con una de las mayores preocupaciones que tienen los argentinos: la inseguridad. Brindó decenas de entrevistas afirmando que la iniciativa favorece a los delincuentes: "Baja penas y habilita excarcelaciones". Enseguida propuso juntar firmas para frenar un anteproyecto que para convertirse en ley debe primero pasar por el análisis del Poder Ejecutivo y luego por una discusión en el Parlamento. Las primeras reacciones en las redes sociales generaron furor en el massismo. Sus asesores no creen que le genere mayores costos asumir una posición decididamente conservadora. Todo lo contrario.

El Código Penal es obsoleto, tiene 93 años y está lleno de parches. Los juristas más prestigiosos del país, independientemente de sus ideologías o simpatías políticas, coinciden en la necesidad de reformarlo para darle coherencia y proporcionalidad. Los grandes medios que, en algún momento, elogiaron la idea de modificarlo a través de una comisión multipartidaria de juristas de todas las fuerzas políticas, ahora militan por el rechazo. Encontraron una nueva manera de fustigar al gobierno nacional. La propuesta de la comisión multipartidaria pasó entonces a ser denominada "la reforma K". Para algunos periodistas de opinión, Raúl Zaffaroni pasó de ser "el penalista más reconocido de la Argentina en el mundo" a "no tener solvencia intelectual ni moral" para encabezar esa tarea.

El ex intendente de Tigre salió a juntar firmas en la Web y habló de consultar a la población. Someter a consideración popular la legislación penal es algo que desaconsejan los especialistas de cualquier lugar del mundo. Es sabido que el clamor por mayor seguridad puede disparar las propuestas más delirantes. El radical Ricardo Gil Lavedra tildó a Massa de demagogo y el diputado de PRO Federico Pinedo lo acusó de no estar en condiciones de legislar. Los dos integraron la comisión que redactó el anteproyecto. Los dos son insospechados de tener coincidencias con el kirchnerismo. Los dos fueron desautorizados por los principales dirigentes de sus propios partidos.

El cálculo político pesó más que cualquier compromiso. Mauricio Macri, después de unos días de sorpresa, en los que Massa le quitó la bandera de la lucha contra la inseguridad, anunció que su partido no votaría el proyecto. Julio Cobos hizo lo propio desde un sector del radicalismo. Sólo Hermes Binner mantuvo la línea y evitó "correrse" a la derecha en sus declaraciones. Sigue siendo el opositor más racional. La historia del socialismo funciona en este caso como un corset ético.

El proyecto merece un debate profundo y serio en el escenario natural de las discusiones democráticas: el Parlamento. Sin plazos estrictos, presiones ni manipulación. No se debe agitar el miedo como argumento. Por lo que trascendió, hay algunos aspectos polémicos, como la reincidencia, pero no son tantos. En la mayor parte de los casos las escalas penales se mantienen, y en muchos otros aumentan.

Un nuevo Código Penal requiere de un amplio acuerdo. Se trata de normas que van a regir las vidas de los argentinos durante mucho tiempo. La discusión, por ahora, parece envenenada por la mezquindad y los intereses políticos. Bajo ese cielo, son más los que se muestran a gusto que quienes procuran guarecerse bajo el paraguas de la racionalidad. Como dice el tango: en el mismo lodo, todos manoseados.