Nota de Tiempo Argentino

El 14 de marzo de 1978, 50 guardias del Servicio Penitenciario Federal (SPF) entraron al Pabellón Séptimo de la cárcel de Villa Devoto para reprimir brutalmente a los 160 internos apiñados en un rectángulo de 300 metros cuadrados. En medio de la defensa que intentaron los presos, un calentador que voló por el aire encendió una chispa en los camastros. A los pocos minutos, el rectángulo ardió por completo, y los penitenciarios aprovecharon. Taponaron el único acceso para que nadie saliera, tiraron querosén desde un balcón lateral, y mientras los detenidos boqueaban en busca de pizcas de oxígeno, otros uniformados los acribillaron, apostados en ventanales del primer piso. Murieron 64 personas, calcinadas y baleadas, y en la fila genocida sólo hubo cinco federales con raspones leves. La dictadura disfrazó la masacre de típica revuelta carcelaria, la bautizó como "El motín de los colchones", y dibujó una causa que terminó archivada y sin imputados. Hoy, la abogada Claudia Cesaroni, magíster en Criminología, docente y autora del libro “Masacre en el Pabellón Séptimo”, representa a 9 víctimas, entre sobrevivientes, familiares y ex detenidos. Al frente de una investigación que volvió a tomar impulso en 2011, intenta que los culpables vayan a juicio y los delitos sean catalogados como de lesa humanidad.

–¿Cómo arranca el trabajo?

–Empezamos a revisar papeles hace casi tres años, y fue muy importante tomar como base los libros Crónica de muertes silenciadas, de Elías Neuman, y Los derechos humanos en el otro país, de Daniel Barberis. El primer paso fue leer la causa, que estaba archivada y sin ninguna imputación.

–¿Por denuncias de aquella época?

–No, y eso es lo particular. La investigación fue instruida por el mismo SPF, que no dejó entrar a los bomberos, tomó declaraciones a varios sobrevivientes que resultaron testimonios inventados, e instaló la trillada versión del motín. Pero, además, intervinieron Julio César Strassera como fiscal; Guillermo Rivarola como juez, que la cajoneó; Enrique Guanziroli como secretario, hoy camarista en Comodoro Rivadavia; y Jorge Valerga Aráoz, luego convertido en defensor de Carlos Pedro Blaquier.

–¿Pedir la reapertura de una causa que ya nació mal fue más difícil que haberla iniciado?

–En este caso, sí. Nos pusieron muchísimas trabas. En septiembre de 2011 nos presentamos con Hugo Cardozo, uno de los sobrevivientes, en donde estaba guardada, el Juzgado Nacional de Instrucción Nro. 28. Conseguir las fojas fue terrible. Te dan pocos minutos por día para entrar, es obligatorio estar acompañado por un empleado, y las fotocopias deben hacerse en la única máquina del edificio, mucho más caras que en cualquier lado. Son detalles, pero pintan la manera en que una víctima está totalmente desprotegida frente a hechos como este.

–¿Qué pasó después?

–Consideramos que estos delitos son de lesa humanidad, que lo ocurrido en Devoto no fue un motín sino una masacre, y que la matanza se enmarca dentro de los objetivos de exterminio que la dictadura impuso a partir de 1976. Por eso presentamos nuestra denuncia en el Juzgado Federal Nº 3 de Daniel Rafecas, encargado de investigar todo lo ocurrido bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército. Devoto dependía de ese sector militar.

–Rafecas se declaró incompetente...

–Claro, apelamos la semana pasada. El juez, a través de un dictamen del fiscal Federico Delgado, sostuvo en febrero que aquella primera causa no cumplía con las reglas, que el Estado debía investigar nuevamente por tratarse de graves violaciones a los Derechos Humanos, y que los hechos no prescribían. Pero acá viene un tema clave: no los cataloga como delitos de lesa humanidad. Dice que hubo una masacre, pero no enmarcada en el sistema represivo de la dictadura, cuyos objetivos en su plan de exterminio siempre eran políticos. Y ordena que la investigación vuelva a un juzgado de instrucción.

–Es como decir que en Devoto había presos de primera y presos de segunda...

–Exacto. La población carcelaria, como muchas otras, también sufrió la represión. Porque el plan de exterminio no significaba sólo secuestrar y matar a la militancia política, sino sofocar cualquier acto de rebeldía. Dentro del penal, los represores eran los mismos, sin distinción.