Es una de esas verdades de perogrullo: el mercado inmobiliario está hecho para los dueños, los que tienen, a los que les sobra. El resto -700 mil son los inquilinos en la Provincia de Buenos Aires, según el censo 2010- accede a una vivienda en condiciones poco favorables: garantías, reservas, abultadas sumas por depósitos, abultadísimas sumas por comisiones.

La ley para regular el sistema está. Es la 23.091, de locaciones urbanas. Pero es una norma incompleta. Y para colmo se cumple poco y nada. Hasta hoy no existe un organismo público –sí proyectos de él- que regule la relación entre locadores y locatarios. Si bien los inquilinos pueden denunciar los abusos, el castigo máximo para quienes especulan con el derecho a la vivienda es una sanción por parte del Colegio de Corredores Públicos. En medio de ese panorama oscuro y poco feliz, existen en algunas ciudades del país las llamadas Oficinas de Inquilinos, una especie de oasis en medio de la especulación y lucro habitacional. 

Río Grande (Tierra del Fuego) y La Plata son los únicos dos municipios en todo el país que cuentan una Oficina Municipal de Inquilinos. La primera iniciativa para crear un espacio destinado a la contención y asesoramiento de inquilinos surgió en la Provincia de Santa Fe. Y si bien el proyecto fue aprobado, nunca se terminó de implementar. Lo mismo sucedió en los municipios de Almirante Brown y Avellaneda. El lobby que ejercen las cámaras inmobiliarias para frenar todo tipo de regulación es muy fuerte.

Para Adrián Torres, psicólogo social y presidente de la Asociación de Inquilinos de Río Grande (Tierra del Fuego), la Oficina Municipal de Locatarios fue “fundamental para institucionalizar algo que estaba en el aire. Ahora podemos documentar los abusos y organizarnos mejor”. La Oficina de Inquilinos de Río Grande está en funcionamiento desde octubre desde 2013 y la municipalidad se hace cargo, además del lugar físico donde funciona la oficina, de los honorarios de los abogados que asesoran a los inquilinos en la provincia más austral del país. Las dos oficinas que trabajan con inquilinos en el país, tienen el mismo formato.

“No vamos a defender actitudes delictivas ni abusivas por parte de los inquilinos. Lo que pedimos es un poco de equilibrio en la relación dueño- locatario. Muchos propietarios se han acercado a la Asociación”, contó Torres a INFOnews

Para el hombre que organiza el movimiento de inquilinos en Río Grande, uno de los problemas que más afectan a los locatarios es que “no existe un organismo controlador competente para resolver los conflictos y los inquilinos terminan siempre en la Justicia. Eso es muy costoso para quienes alquilan porque además del pago de su vivienda tienen que costear un abogado y son pocos los que pueden hacerlo”. Es en ese punto donde la Oficina Municipal de Inquilinos viene a traer un poco de oxígeno a la ahogada situación económica de quienes no tienen resuelta su situación habitacional y deben pagar un alquiler. Y lo más importante: el Estado reconoce a los inquilinos como un sector vulnerado al que es necesario asistir.

Los abusos reclutados

La Asociación Platense de Inquilinos realizó un informe a partir del análisis de 700 consultas realizadas en la Oficina Municipal de Inquilinos en un período de tres años. El informe se llama “Si no te gusta andate” y refleja la problemática de los inquilinos y la crisis habitacional. Según ese material, los abusos más comunes sobre inquilinos son:

-Se les exige que el salario que ganan triplique el valor mensual del alquiler (así para pagar un alquiler de 3.000 por un dos ambientes, deberá ganar $12.000) 

“Los inquilinos vienen pidiendo que el Estado salga como garante de sus derechos"

-Hay falta de información sobre el dueño en los contratos (no aparece su firma, datos, ni dirección)

-Se observan contratos con cláusulas que contradicen la legislación civil (producto de la desventajosa relación entre dueños e inquilinos)

-Se obliga al locatario a pagar un seguro sobre un inmueble ajeno, contrariando el principio de que las cosas se pierden para su dueño. 

-Se imponen aumentos cada 6 meses (violando así la prohibición de la ley de emergencia económica N° 25561, de no indexar los montos)

-Se obliga por contrato a los inquilinos a realizar todo tipo de reparaciones sobre la vivienda y se rechaza por escrito la posibilidad de pedir reintegros por los gastos que realizó el inquilino. 

Estos ítems, además de un listado que pinta la desventajosa situación de quienes deben alquilar una vivienda para vivir, da cuenta de la importancia del trabajo de las Oficinas de Inquilinos: relevar información necesaria para construir un sistema más equilibrado.

“Los inquilinos vienen pidiendo que el Estado salga como garante de sus derechos. Funcionamos como un espacio de contención, información y asesoramiento” explicó a INFOnews Germán Schierff, presidente de la Asociación de Inquilinos de La Plata y responsable de una de las primeras oficinas para inquilinos que funcionan en el país.

En el organismo están incluidas todas las partes interesadas. Funciona con tres representantes: uno del Municipio, otro del Colegio de Martilleros y otra persona de la Asociación de Inquilinos de La Plata.

La importancia de este tipo de espacios radica en que “se reconoce al sector de los inquilinos como un grupo vulnerable” aseguró Schierff. En un sistema donde gana la especulación por sobre el derecho a la vivienda, no es poco. “Los problemas que afrontan los inquilinos están marcados por la crisis habitacional. Se han presentado más de veinticinco proyectos para regular el mercado, pero ninguno avanzó”, lo que demuestra la fuerza de lobby inmobiliario y los problemas para organizarse que enfrentan los movimientos de inquilinos. 

“Nadie podría negar que es un problema. Hoy un alquiler se lleva casi el 40% del salario de un trabajador”, analizó el presidente de la Asociación de Inquilinos de La Plata. Sin embargo, y tal como publicó INFOnews un informe especial, las cámaras inmobiliarias niegan que existan abusos, desigualdades y problemas al momento de alquilar una vivienda. En ese marco, las Oficinas de Inquilinos vendrían a ser una especia de primer paso en el camino a la regulación.

“Año a año se duplican las consultas que tenemos. Y lo importante es que también somos un espacio de concientización para los inquilinos, a quienes a veces les cuesta dimensionar la cuestión social que es el trasfondo del conflicto”, contó Schierff.

¿Y en la Ciudad?

En suelo porteño, funciona desde hace tiempo la Unión Argentina de Inquilinos (UAI). Se trata de una organización que asesora al inquilino, al tiempo que impulsa proyectos frente a los organismos legislativos para dar protección a quienes no tienen otra opción que alquilar. El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es también otro espacio donde se trabaja en los conflictos locadores-locatarios. Se trata de un servicio gratuito donde un tercero neutral (el conciliador), lleva adelante la resolución de una controversia. El acuerdo al que eventualmente se llegue es de cumplimiento obligatorio. Los conflictos de inquilinos ocupan una porción de los conflictos que se tratan en ese Centro de Mediación (3,5% del total de los casos ingresados según el informe anual de 2013 al que accedió INFOnews), pero no es un espacio exclusivo de locatarios. Por ahora no existe ningún organismo porteño de inquilinos que con apoyo del gobierno de la Ciudad asesore y contenga a la enorme cantidad de personas afectadas por el mercado inmobiliario. 

Las oficinas municipales de inquilinos “son una herramienta para hacer consultas, denuncias, relevar información y detectar situaciones abusivas. Son un paso para que exista un reflejo que se encamine hacia una política pública para los inquilinos” analizó en INFOnews Sebatián Tedeschi, miembro del grupo Habitar Argentina, un colectivo que trabaja para garantizar el derecho a la vivienda. Para Tedeschi "es un buena idea" para la Ciudad y una de los primeros temas a tratar en esas oficinas sería "un acuerdo de precios con los dueños" de modo tal que se pueda frenar el aumento en los valores de los alquileres.

Porque reconocen como problema de Estado la situación de quienes alquilan y porque vienen a marcar la agenda pública poniendo al problema de la vivienda en primer lugar, los inquilinos porteños tendrán que hacer fuerza para contar con su propia oficina.