Empresarios de diversas compañías, incluida la automotriz Ford, serán por primera vez juzgados por ser cómplices en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la República Argentina. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín y comenzará a partir del 8 de julio. Tratará los casos de unas 40 víctimas, 24 de ellas pertenecientes a Ford.

"Hasta ahora, ningún tribunal juzgó o condenó a empresarios o gerentes por su participación o autoría en estos delitos" represivos, dijo a la agencia de noticias Télam el abogado Pablo Llonto, quien representa a una de las querellas de las víctimas.

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín tramitará desde el 8 de julio los casos de unas 40 víctimas, en su mayoría obreros de la automotriz Ford y otras fábricas de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, pero también familiares de los trabajadores perseguidos.

El juicio oral y público debatirá cuatro agrupamientos de víctimas: los desaparecidos de los astilleros Astarsa y Mestrina, los de los establecimientos ceramistas Cattáneo y Lozadur, los de la metalúrgica Bopavi y los de Ford.

Tres de los imputados son ex directivos de la automotriz, acusados de haber facilitado datos para el secuestro de 24 de sus obreros en 1976 y por haber permitido que los represores montaran un centro clandestino de detención dentro de la fábrica de la localidad bonaerense de Pacheco.

Previo al juicio, el Tribunal deberá resolver sobre un planteo de nulidad presentado por la defensa de estos tres acusados en la audiencia preliminar, realizada el pasado 9 de mayo.

Los imputados son el ex gerente general Pedro Müller, el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga y el ex jefe de seguridad Héctor Francisco Jesús Sibilla. "No llegó como acusado el entonces presidente del Directorio de Ford (Argentina, Nicolás Courard) porque murió antes", detalló Llonto.

En otras jurisdicciones también deberían ser juzgados este año el dueño del ingenio Ledesma en Jujuy, Carlos Pedro Blaquier, y su ex administrador, Alberto Lemos, en una causa que está ya en el final de la instrucción, y Marcos Levin, propietario de la transportista La Veloz del Norte en Salta, causa ya elevada a juicio.

"La que llegue primero a juicio oral y sentencia, va a indicar, desde los fundamentos jurídicos si se le pone grado de participación o se le pone grado de autoría" en los delitos imputados, explicó Llonto.

"Va a servir de fundamento, seguramente, para todos los demás juicios" en que propietarios o gerentes de numerosas empresas sean imputados por delitos de lesa humanidad contra trabajadores de sus establecimientos.

La responsabilidad de civiles en crímenes del terrorismo de Estado representaban, según el CELS, alrededor del 13 por ciento del total de 2.239 imputados en causas de lesa humanidad.

"La (causa) que llegue primero a juicio oral y sentencia va a indicar si se le pone grado de participación o se le pone grado de autoría", explicó Pablo Llonto.

Dentro del conjunto de los civiles cómplices, o incluso integrantes de la dictadura cívico-militar, muchos menos son los dueños o directivos de empresas investigados por participar en la represión clandestina a sus trabajadores.

Además de las causas que implican a Ford, Ledesma y La Veloz del Norte, también el dueño del diario La Nueva Provincia (de Bahía Blanca), Vicente Massot, está siendo investigado en la fase de instrucción por el secuestro y asesinato de dos trabajadores.

Otras investigaciones judiciales del mismo tipo parecen bloqueadas o demoradas, como las que involucran a empresarios o directivos de la automotriz Mercedes Benz, la yerbatera Las Marías o la cementera Loma Negra.