Nota de Tiempo Argentino

El alto mando de Carabineros pidió prisión preventiva para un periodista chileno que investigó e informó sobre un caso de represión en plena dictadura pinochetista. El hecho, que ocurrió en 1988 y culminó con el asesinato de un chico de 14 años, habría sido dirigido por el actual jefe de la policía chilena, Gustavo González Jure.

El periodista denunciado por Carabineros es Patricio Mery, quien puso la lupa sobre lo sucedido el 30 de agosto de 1988, cuando Augusto Pinochet fue propuesto por la Junta Militar como candidato en el plebiscito de ese año para definir entre la continuidad de la dictadura o el retorno a la democracia. Ese día, la policía reprimió una manifestación contra Pinochet en la comuna de Granja, donde Sergio Albornoz Matus fue asesinado por la espalda. El caso permaneció en las sombras hasta que en 2011 fue denunciado por Mery, quien señaló a González Jure –a cargo del pelotón que reprimió la protesta– como autor del disparo contra el chico.

También la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentó al ex presidente Sebastián Piñera una denuncia contra el jefe de Carabineros, pero la documentación fue rápidamente archivada. De hecho, González Jure fue designado en septiembre de 2011 como general director de la policía chilena por el propio Piñera.

A partir de ese momento, el periodista comenzó a denunciar la persecución judicial de la policía chilena. Mery, director del portal de investigación Panorama News, fue acusado por injurias. Pero al padecer una enfermedad conocida como mastoiditis aguda severa no pudo asistir a ninguna de las instancias dispuestas por la justicia, justificando sus ausencias con los respectivos certificados médicos.

El capitán Parra, abogado de González Jure, aprovechó esa situación para pedir la prisión preventiva de Mery ante el Juzgado Oral Nº 4 de Santiago de Chile. Este viernes, los magistrados deberán definir si dan curso a las acusaciones contra el periodista, lo que implicaría una pena de cárcel que podría prolongarse varios meses.

González Jure fue acusado en primera instancia por la justicia ordinaria como autor del delito de homicidio del chico Albornoz Matus en la represión de agosto de 1988. Pero luego el caso pasó a manos de la justicia militar, en donde se habría desarrollado un complejo montaje para proteger al actuar jefe de Carabineros, que incluyó la quema de pruebas, el extravío de peritajes y expedientes.

Finalmente la justicia militar encontró culpable el asesinato de Albornoz Matus al entonces subteniente Miguel Ángel Ortiz, quien fue condenado a 541 días de cárcel. Al día de hoy y a pesar de la sentencia, ostenta el grado de teniente coronel y, señala Mery, se desempeña como subprefecto de la zona Cordillera. El resto de los carabineros involucrados tampoco fueron desvinculados de la fuerza policial.

El 15 de diciembre de 2005, la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Justicia chilena ordenó pagar una indemnización de 50 millones de pesos a la familia de Albornoz Matus, a quedar acreditada la participación de funcionarios públicos cuyo deber era proteger a la ciudadanía, "y en forma temeraria e imprudente se posibilitó que un organismo de la administración de Estado vulnerara tal precepto" 

El caso kimel y el delito de injurias

En Argentina hubo un caso similar al del periodista chileno Patricio Mery. Fue el del reportero Eduardo Kimel, único condenado por investigar la masacre de los curas palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, el 4 de julio de 1976, en plena dictadura.

En un tramo de su investigación, Kimel criticó la actuación de Guillermo Rivarola, quien como juez tuvo a su cargo la investigación de la masacre entre los años 1976 y 1997. En 1995, la jueza Angela Braidot condenó a Kimel a un año de prisión en suspenso y a pagar a Rivarola 20 mil dólares de indemnización. En noviembre de 1996, la Cámara de Apelaciones anuló el fallo y absolvió al periodista, pero en diciembre de 1998 la Corte Suprema devolvió el caso a la Cámara, que finalmente confirmó la pena impuesta.

La sentencia fue revocada en noviembre de 2011 por la Cámara Nacional de Casación Penal, casi dos años después de la muerte de Kimel. Su caso fue llevado a la OEA y fue la base para que Cristina Fernández eliminara el delito de “calumnias e injurias” para casos de interés público.