En un nuevo capítulo del litigio entre Argentina y los fondos buitre, el juez neoyorquino Thomas Griesa se negó a conceder la medida cautelar que reclamaba nuestro país para continuar con las negociaciones. El magistrado consideró que la cautelar (stay) no era “necesaria” y afirmó que nuestro país tiene ocho días para llegar a un acuerdo con los acreedores que no entraron en los canjes de deuda y llevaron su caso a la Justicia.

De acuerdo a lo informado por la agencia Reuters, el mediador judicial Pollack convocó a una reunión entre las partes para mañana a las 10 de la mañana, hora de Nueva York.

Los bancos que operan como agentes de pagos a los bonistas que ingresaron al canje le habían reclamado al juez aclaraciones sobre qué deben hacer con el dinero que Argentina depositó en sus cuentas cuando operó el vencimiento del 30 de junio, pero que el juez ordenó embargar.

En la audiencia participaron el Bank of New York Mellon (BoNY) y el JP Morgan, y además fueron convocados representantes de la Caja de Valores de Bélgica, de Euroclear, de la agencia Cleartream Banking y de bonistas europeos que integran la agrupación Euro Bondholders. Por decisión de Griesa, las entidades financieras tienen bloqueado el pago a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 de la deuda defaulteada de la Argentina.

Por decisión de Griesa, las entidades financieras tienen bloqueado el pago a los bonistas reestrcuturados

Argentina está dispuesta a negociar

El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, afirmó esta mañana que "el juez metió a todos en este embrollo y ahora tiene que encontrar soluciones, porque la Argentina quiere pagar (a los bonistas reestructurados) y negociar en términos equitativos, justos y razonables”.

Argentina busca evitar que entre en vigencia la cláusula RUFO, que figura en los contratos con los bonistas que entraron al canje, y cuyo vencimiento es el 31 de diciembre de este año.

"La Argentina quiere pagar (a los bonistas reestructurados) y negociar en términos equitativos, justos y razonables”

Esa cláusula establece que la Argentina no puede hacer una mejor oferta que la que le hizo a los que entraron al canje -el 92,4 por ciento de los tenedores de los títulos defaulteados- a los otros acreedores que no ingresaron en esa negociación, que son el 7,6 por ciento. De ese porcentaje, alrededor del uno por ciento -los fondos buitre- son los que litigaron y le ganaron a la Argentina una indemnización del 100 por ciento del valor nominal de los bonos defaulteados.

Ayer por la mañana, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, advirtió que de activarse la cláusula RUFO "se dispararía un pasivo enorme", que supondría un "acrecentamiento de la deuda externa de entre 120 mil millones a más de 500 mil millones" de dólares.