He aquí un episodio irrelevante frente a otras urgencias del espíritu público, pero singular por su naturaleza absolutamente kafkiana. Su protagonista, un detenido –cuyas iniciales son DZ–, quién desde la cárcel de Villa Floresta, en Bahía Blanca, había presentado siete hábeas corpus por una serie de medidas incumplidas por el Estado provincial; a saber:

–Nadie le informaba acerca de su causa por estafa, tramitada en un juzgado correccional de Trenque Lauquen;

–Nadie le informaba qué defensor oficial le correspondía;

–Nadie le informaba a la jueza sobre sus sorpresivos traslados a diferentes penales;

–No le liquidaban los haberes por su trabajo desde 2013 y no le proveían atención médica, pese a las frecuentes infecciones renales que sufría.

En resumen, todos sus reclamos fueron rechazados por la justicia. Lo curioso fue que, al desestimar su última denuncia, la Cámara Federal bahiense –compuesta por Néstor Montezanti, Pablo Candisano y Ricardo Planes– le aplicó al tipo una multa de 500 pesos por abusar del hábeas corpus. Y, para colmo, en latín: "Ad nauseam (Hasta la nausea)", escribieron los jueces, de modo exquisito, en la resolución.

Semejante disparate jurídico es sólo comparable con el del renombrado caso del "Pebete federal". Así pasó a la posteridad el procesamiento –iniciado el 24 de mayo de 1994 por el juez Juan José Galeano– de un detenido que se comió un especial de crudo y queso, propiedad de un empleado del juzgado. Aquella pesquisa fue muy meticulosa, al punto de incluir siete testigos que observaron al sospechoso masticar el sabroso botín.

Ocho semanas después, Galeano se haría cargo de la investigación judicial más importante de aquella década: el atentado a la AMIA. Ya se sabe con qué resultados.

Durante el 18 de julio pasado –al conmemorarse los 20 años de ese ataque–, los actos públicos al respecto dejaron bien en claro que, entre otras tragedias, aquel hecho dejó al descubierto el estado de podredumbre del Poder Judicial de entonces.

Ajeno a tal efeméride, el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público reponía ese mismo viernes en el cargo al fiscal José María Campagnoli, luego de aplazarse, con razones escandalosas, el juicio político en su contra por "mal desempeño" y "abuso de poder".

El funcionario se encontraba en el banquillo debido a su intervención en una causa que investiga al empresario Lázaro Báez. Pero,tras ser suspendido, más acusaciones arreciaron sobre su humanidad. Tanto es así que se le recrimina el armado de causas en base a un álbum fotográfico de presuntos malvivientes y de filmar de manera clandestina a sus propios empleados, quienes lo tildan de "maltratador, misógino y homofóbico". Desde el punto de vista estadístico, ese hombre tampoco es trigo limpio: de los 3900 expedientes que oficialmente decía tener en curso, existen sólo 370 reales, ya que las demás son inexistentes o prescriptas. No obstante, el doctor se encuentra nuevamente en su despacho de la Fiscalía de Saavedra.

Tipos como Campagnoli –quién una vez supo ordenar una "reconocimiento de penes"; o sea, una rueda de supuestos violadores con sus miembros viriles en exhibición, para que la mujer ultrajada identifique al victimario– son, ante todo, una muestra irrefutable de la Santa Alianza entre el autoritarismo y la idiotez. Pero, además, una pesadilla del presente.

No cabría en un solo volumen la enumeración de las trapisondas cometidas en la actualidad desde los juzgados. Sin embargo, tomando únicamente como referencia el 18 de julio en el cual se homenajeaba a las víctimas del atentado más mortífero de la historia argentina, se verifican –además de la restitución de Campagnoli– otras graves disfunciones.

En primer lugar, la Sala I de la Cámara del Crimen desprocesó a 41 policías de la Federal y la Metropolitana acusados de asesinar a dos personas durante la represión en el parque Indoamericano. Esa resolución también exime de toda responsabilidad a los jefes que comandaron la masacre.

En esas mismas horas, la Sala I de la Cámara Federal confirmaba que, por el momento, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, no deberá ir a juicio oral en la causa del espionaje telefónico, a pesar de que las pruebas contra él son abrumadoras.
También en aquel mismo instante, la Unidad de Información Financiera, que promueve en Tucumán la investigación contra el clan mafioso encabezado por Rubén "La Chancha" Alé, recusaba por parcialidad al camarista Ricardo San Juan por sus estrechos vínculos con los acusados.

En paralelo, el Tribunal Oral en lo Criminal 3, de La Plata, condenaba a Javier Quiroga y absolvía a Osvaldo Martínez, alias "el Karateka", por los asesinatos de Bárbara Santos, la niña Micaela Galle, Susana Barttole y Marisol Pereyra. Dicho fallo puso al descubierto el antojadizo empeño del juez Guillermo Atencio y del fiscal Álvaro Garganta por culpar del hecho a Martínez, aun cuando no había rastros suyos de ADN en la escena del crimen ni otras pruebas que lo incriminaran. Ello, sin contar, claro, laurgencia de esos instructores por cerrar el caso.

En suma, justicia monárquica en un lugar sin rey.