Crece el apoyo al paquete de medidas que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, con el fin de defender al consumidor. El presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, destacó que leyes similares a las que impulsa el gobierno nacional se encuentran actualmente en vigencia en Estados Unidos, en Brasil y en toda la Comunidad Europea. “Todo el mundo controla para que la voracidad del capital no signifique una agresión al consumidor”, afirmó Bassano.

En declaraciones a Radio Nacional, Bassano, explicó que “una cosa es hacer una crítica abierta por la ley por afuera y otra cosa es adentrarnos en los artículos de la ley. Allí vemos que en otras partes del mundo se controla cuando hay competencias imperfectas como son el monopolio o la carterizacion”. Para el titular de ADDUC lo que “va a molestar a las empresas que se sepa el margen de utilidad pero si tenemos que hay márgenes de utilidad de un 500% que deforma el mercado tenemos que empezarlo a estudiar seriamente”.

En los Estado Unidos, indicó, está vigente desde 1911 la “Ley Sherman” que regula los monopolios y que “se aplicó estrictamente”. Por ejemplo, “a Microsoft le aplicaron multas por más de mil millones de dólares por su actividad de competencia imperfecta” o bien como también sucedió con “Toyota que tuvo que sacar de la venta en todo el mundo neumáticos traseros por inconvenientes técnicos”.

“En Brasil - continuó - pasa lo mismo, hay un fiscal que establece el tema. En la Comunidad Económica Europea en su página va a encontrar que el 50% de las directivas que se dan para el cumplimiento de cada uno de los países asociados son de defensa al consumidor”, precisó.

Y agregó, allí, “Hasta establecen cuales son los vencimientos del yogurt”, entonces no se puede, ante estos proyectos de ley, como están haciendo los grandes grupos económicos “Hablar de Chávez, decir que esto es Venezuela o agitar cucos”, concluyó.

En tanto, el titular de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, apoyó el proyecto de ley impulsado por el gobierno nacional para la defensa de los consumidores que crea nuevo sistema de resolución de conflictos. “Hay una acción sistemática de las empresas de incumplir por la falta de sanción y de procedimiento de resolución rápida de los conflictos”, afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Esta situación, señaló, lleva a que “la solución de pequeños conflictos se haga muy extensa y la mayoría de las veces los consumidores terminamos resignándonos frente al conflicto y convalidando lo sucedido” y llevando a que haya “una cultura de la queja más que del reclamo”. Sin embargo, Boada indicó: “Nosotros hace años le decimos a la gente que tenemos que tener una cultura del reclamo donde invertimos tiempo no solo en beneficios propio sino también de todo el conjunto, pero lo que pasa es que mucha veces nos dicen que no se llega a ninguna solución”, explicó.

Por último, otro que brindó su apoyo fue el presidente de la Unión de Consumidores de la Argentina, Fernando Blanco Muiño. En ese sentido, en diálogo con Radio Provincia, explicó que “lo importante es resaltar que la ley de Abastecimiento integra un paquete de leyes, porque el Poder Ejecutivo ha enviado tres proyectos: uno, la modificación de la Ley de Abastecimiento, otro la creación de un fuero del consumidor, y el último crea un observatorio de precios”. Además, indicó que “el núcleo está en la creación del fuero del consumidor. La Ley de Abastecimiento está vigente desde hace 40 años, siempre con dudosa constitucionalidad y no ha tenido muchas aplicaciones concretas, y no nos parece que sea el nudo del debate, que sí se convirtió (en el centro de la discusión) por una cuestión de intereses sectoriales de los empresarios que pretenden evitar mayores controles”.

Respecto del fuero del consumidor, puntualizó que “el Ejecutivo propone un fuero propio donde se traten temas de derecho del consumidor. Nosotros planteamos que no puede aplicarse el mismo criterio sancionatorio a las grandes empresas y a las Pymes. La norma estipula (multas) con un piso de $500 y hasta $ 10 millones, y creo que allí proponemos segmentar diferencias entre un régimen sancionatorio de grandes empresas y de Pymes”, concluyó.