¿Podría definir el sentido estricto de los términos “adecuación voluntaria” y “presentación admisible”, que fueron los esgrimidos hasta no hace mucho entre el Grupo Clarín y el Afsca?

–El directorio del Afsca estudia los planes de adecuación voluntarios y los aprueba o no, y aprobarlos es declararlos admisibles o no. Ese es el primer paso para que después, la empresa que presentó su plan y fue declarado admisible, lo empiece a ejecutar. Si lo ejecuta y cumple estrictamente con todos los requisitos de la ley, al final se aprueba el plan. O sea, está adecuado a la ley. ¿Más claro?: 40 empresas presentaron su plan de adecuación voluntaria, 37 ya fueron tratadas por el directorio del Afsca, 15 fueron desestimados porque no había motivos para la adecuación, 22 fueron declarados en admisibilidad y están en proceso de ejecución y creo que hay seis que ya culminaron la adecuación.

–¿El Grupo Clarín en qué situación está?

–El Grupo Clarín primero hizo todo lo posible para evitar que saliera la ley. Pero una vez que se aprobó, hizo todo lo posible para declararla inconstitucional mediante una estrategia judicial para trabar su aplicación. Al mismo tiempo, el Grupo Clarín armó una campaña que buscaba desvirtuar el objetivo de la ley, diciendo que su aplicación generaría pérdidas de fuentes de trabajo. Y es todo lo contrario: aplicar la ley es generar nuevas herramientas comunicacionales, es decir nuevas unidades productivas vinculadas a la comunicación, por lo tanto más laburo. Después dijeron que se venía a meter con determinados programas y periodistas. Falso: el Afsca y la ley no opinan sobre la programación ni los contenidos de la programación. Después dijeron que la ley atacaba la libertad de expresión, mientras que la ley vino a garantizarla, como dijo el relator de Naciones Unidas. Por lo tanto, el Grupo Clarín generó una campaña pública para desvirtuar los objetivos de la ley y decir que la ley venía a atacarlos a ellos. Cuando la Corte declaró la constitucionalidad se les acabó la posibilidad de poder seguir discutiendo eso, y debieron presentar su plan de adecuación. Se presentaron porque no les quedó más remedio.

"El Grupo Clarín primero hizo todo lo posible para evitar que saliera la ley. Pero una vez que se aprobó, hizo todo lo posible para declararla inconstitucional mediante una estrategia judicial para trabar su aplicación".

–¿Para qué y por qué lo quisieron evitar? 

–Para sostener su situación de privilegio, situación que construyeron con vínculos oscuros con la dictadura militar (algo que está investigándose en la Justicia) y su posición dominante en la década del ’90. Cuando el país se hundía, ellos crecían. Para obtener grandes rentabilidades en el mundo de la comunicación audiovisual y manipular la opinión pública, condicionar el rumbo del país y extorsionar a los poderes públicos como lo hicieron durante tantos años. Eso es lo que ellos querían defender, el rol de esa posición dominante para desde ahí defender los intereses económicos concentrados de la Argentina.

–Un rol que vieron peligrar con la decisión de la Corte...

–Cuando la Corte declara la constitucionalidad de la ley no le quedó al Grupo más remedio que presentarse al plan de adecuación voluntaria. El Afsca analizó ese plan de adecuación voluntaria, lo aprobó y se dio un proceso donde ellos tienen que presentar la documentación pertinente de los futuros compradores.

–¿Por qué?

–Porque el plan de adecuación es el reconocimiento del Grupo Clarín de que está excedido y que tiene que vender. Luego tiene que presentar a quiénes le van a vender para ver si esas personas realmente cumplen o no los requisitos de la ley, o sea si pueden o no ser los futuros compradores, si pueden o no quedarse con esas seis unidades empresariales en que se dividen. El Afsca debe garantizar que la aplicación de la ley cumpla con el objetivo de que nadie tenga un tamaño tal que genere ventajas comparativas en el mercado, dando la posibilidad de prácticas o competencias desleales, algo que busca cualquier ley antimonopólica. La ley impide que haya vínculos entre una empresa y otra. Busca divisiones de verdad, que no haya transferencia de recursos, que no haya vínculos societarios. El Afsca, junto con la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central, la Secretaría de Defensa de la Competencia, la Secretaria de Comercio, el Ministerio de Economía y otras áreas, estamos estudiando para ver si se cumplen estrictamente los requisitos. En el medio de todo eso, Clarín presentó una propuesta que intentaba modificar el plan de desinversión, queriéndose quedar con señales que no podía mantener. El directorio del Afsca lo rechazó e intimó al Grupo a que en un plazo de diez días ratificara su plan de adecuación voluntaria. Bueno, ellos contestaron que mantenían la voluntad de cumplir el plan y ahora estamos analizando esa respuesta.

–Hasta ahí parece una discusión, sin dudas, pero civilizada, de acatamiento a la ley. Sin embargo, el 20 de agosto, usted y otros cuatro miembros del directorio reciben una carta documento, firmada por el apoderado del Grupo Clarín, Damián Cassino, en la cual se los acusa de discriminación y se los amenaza con querellarlos por mal desempeño de la función pública. Eso, de civilizado, parece tener poco...

–Es muy difícil no tener en la cabeza permanentemente que el Grupo Clarín quiera hacer trampa, básicamente por la historia que acabo de describir. Por eso, conociendo su propia historia y conociendo que es gente mentirosa, inescrupulosa, tramposa, es razonable estar muy alerta. Ellos nos mandan una carta documento a cinco de los siete directores (N. de la R.: no recibieron esa intimación Marcelo Stubrin y Gerardo Milman), haciendo eje en que hay trato desigual. Falso: la ley se aplica en igualdad de condiciones para todos, con los mismos requisitos, el trato es absolutamente igualitario. El Grupo Clarín lo esgrime porque todo el tiempo está buscando ver cómo pueden generar algún mecanismo, cómo pueden frenar, cómo pueden quedarse con lo que quieren quedarse. Esas son las prácticas a las que nos tienen acostumbrados. Es cierto que la carta documento tiene un tono amenazante, pero Héctor Magneto no está en condiciones de amenazar a nadie. Sus amenazas me tienen sin cuidado. Estamos acá para hacer cumplir la ley y la ley se va a aplicar pareja para todo el mundo. Lo permitido lo es para todos. Y lo prohibido también. Lo que es cierto es que el Afsca es flexible en términos de los tiempos porque puede acompañar a las empresas que tienen voluntad de cumplir con la ley cuando muestran voluntad y predisposición a cumplirla. Ahora, distinto es cuando ese tiempo se pretende usar para hacer trampa u obstaculizar el cumplimiento de la ley. Ahí, la reacción del Afsca tiene que ser naturalmente la de proteger la aplicación integral de la ley en igualdad de condiciones para todos: una actitud firme. Si el Grupo Clarín especula con dilatar, nuestra tarea es hacer cumplir la ley en forma integral y que nadie tenga coronita. Lo que no se bancan Magnetto y su grupo es que no mandan más. No se bancan este proyecto que recuperó la soberanía en la toma de decisiones políticas. No se bancan no mandar más, no poder llamar por teléfono a la Casa Rosada para decir qué es lo que tienen que hacer, algo que estuvieron acostumbrados a hacer durante muchos años. No tengo ninguna duda de que van a hacer todo lo posible para evitar cumplir la ley.

–¿Hay algo atendible en esa carta documento?

–No, la carta documento dice que hay un tratamiento desigual y eso es absolutamente falso. Clarín tiene que cumplir la ley y punto, y cumplir la ley es cumplir con la adecuación en términos de los límites de tenencia de medios y también con la grilla. Por eso, hace una semana, hicimos una denuncia penal por desobediencia. Entendemos que podemos estar ante un presunto fraude procesal porque le están diciendo a la Justicia que cumpla cuando no ellos no cumplen, le están mintiendo a la Justicia.

–Se refiere a que los abonados del servicio básico de Cablevisión puedan ver determinados canales de noticias que el Grupo considera “K”: CN23, 360, QM...

–Claro, el Afsca, dentro de las facultades que le da la ley, exige que se ponga una cantidad de señales de noticias como garantía de diversidad, de pluralidad. El Grupo puso la mayoría de esas señales en la grilla del servicio digital, aunque no en el orden correspondiente, mientras que en el sistema analógico no las incluyó. No cumplen y hay una orden judicial al respecto.

–¿Una orden que venció?

–Sí. Hay una orden judicial y hay una sanción económica que impuso la Justicia, primero de 20 mil pesos diarios y después de 2 mil pesos diarios. Pero el Grupo Clarín tampoco lo paga esgrimiendo que están cumpliendo cuando no lo hacen. Paralelamente, hay un juzgado federal en Mar del Plata que no nos permite cobrarles multas o sanciones. Quiero decir, el Grupo Clarín va a buscarle la vuelta para no cumplir simulando que sí lo hace. Pero hay un Estado que tiene herramientas concretas para hacer cumplir la ley. En ese sentido está el proceso de adecuación voluntaria en marcha. Nosotros estamos exigiendo el cumplimiento estricto del procedimiento de la adecuación voluntaria sin modificar el plan de desinversión y cumpliendo estrictamente con cada uno de los requisitos dispuestos. Si no cumplen o quieren burlarse de la adecuación voluntaria está la herramienta de la adecuación de oficio. No vamos a aceptar ningún tipo de condicionamiento que desvirtúe los objetivos de la ley, que no cumpla estrictamente lo que dice la ley y el procedimiento de adecuación voluntaria.

–¿Por eso la intimación?

–Ellos ya la contestaron, ya ratificaron, pero plantearon algunas observaciones o condicionamientos. Y eso está en estudio del servicio jurídico del Afsca.

–Todo ese cruce de cartas y documentos ocurrió en una misma semana: 13, 19, 20 de agosto. ¿Qué pasó entre febrero y agosto para que se llegara a esta situación?

–Yo creo que ellos, después del fallo de constitucionalidad de la Corte se dieron cuenta que la discusión era imposible. Creo que no les quedó más remedio que presentarse a un plan de adecuación y empezar un camino hacia el cumplimiento de la ley. Ahora, ante la pregunta, yo hago otras: ¿estarán pensando en dilatar para llegar a escenarios políticos que le sean más favorables? ¿Podrán imaginarse futuros contextos políticos que retrocedan ante la recuperación de la autoridad estatal, del valor de la política?

–Bueno, hay que tener en cuenta que, de llegar el caso de una adecuación de oficio, entre las idas y vueltas judiciales se puede llegar a diciembre de 2015...

–No sé si ellos están especulando con eso. Pero yo no creo que haya escenarios políticos que vuelvan para atrás. Sinceramente creo que la Argentina empezó a recorrer un rumbo y estoy confiado en la continuidad de este rumbo. Pero, más allá de mi opinión personal, si el Grupo Clarín especula que puede haber un escenario más favorable porque puede haber algún gobierno que se vuelva a poner de rodillas ante las decisiones de las corporaciones, esa pregunta habría que hacérsela a los candidatos. Ya hay candidatos que expresaron su rechazo a la ley o que podrían modificarla. Más allá de que yo creo que esos candidatos no tienen ninguna chance puede ser que el Grupo especule con que sí. Pero todo eso está en el terreno de las especulaciones.

–Uno de los puntos de adecuación del Grupo Clarín incluye a David Martínez. Hace unos días, Martínez, como Ceo del fondo de inversión Fintech, es decir, como parte de los fondos buitre, aceptó el cambio de jurisdicción propuesto por el gobierno nacional...

–David Martínez es socio del Grupo Clarín con el 40% de Cablevisión. Antes del 7 de diciembre presentó su plan de adecuación, diciendo que su socio lo quería llevar a la ilegalidad y que él quería dejar sentado en el Afsca que quería cumplir con la ley. Digamos, David Martínez planteó en el Afsca que él, como socio de una empresa que tiene licencias de comunicación audiovisual, quiere cumplir con la ley más allá de las opiniones que podemos tener sobre las actividades a las que se dedica David Martínez. En relación con el Afsca, Martínez es un señor socio del Grupo Clarín que quiere cumplir con la ley y que no quiere que su socio mayoritario lo lleve a la ilegalidad.

–Está la carta del Grupo Clarín al Afsca del 15 de agosto firmada por María de los Milagros Páez, abogada del estudio que representa al Grupo. Está la carta querellante de Damián Cassino del 20 de agosto. Está la carta del 19 en que se pedía la adecuación. ¿Qué supuesta información podía tener el Grupo Clarín para proceder de esta manera contra el Afsca rompiendo ese diálogo, como se decía antes, civilizado?

–A ver, el Afsca actúa en igualdad de condiciones con todas las empresas, ¿por qué siempre se habla del Grupo Clarín y no del resto? Muy simple: porque es el grupo que más excedido está y el que buscó de mil maneras evitar la ley. Cuando salió la constitucionalidad, se acabó la incertidumbre, tenían que cumplir, pero no perdieron las mañas. No puedo estar en la cabeza de ellos, pero supongo que estarán todo el tiempo pensando a ver si se les ocurre algo que les permita evitar el cumplimiento de la ley. No pueden esgrimir trato desigual porque les hemos dado la misma oportunidad que a todos. Aparecen las discusiones cuando vuelven las intenciones de frenar, de judicializar, de hacer trampa o de dar marcha atrás a los pasos que ya habían dado en el plan de desinversión. Pero acá hay un Estado que va a hacer cumplir la ley, y punto.

–¿Quién está más cerca de la ruptura, Clarín o el Afsca?

–Nosotros estamos aplicando la ley y nada más que eso. Los pasos que damos son estrictamente lo que la ley y las resoluciones del Afsca determinan. Lo que exigimos a todas las empresas es estrictamente eso. Si el grupo Clarín se aparta, es una decisión de ellos y el Estado tiene una herramienta para hacer cumplir la ley. Ni yo ni nadie de los que están leyendo esta nota se levantan a la mañana y deciden qué ley cumplir o incumplir. El Grupo Clarín tiene que cumplir con la ley. Y nosotros vamos a trabajar para eso.