El jueves 4 de septiembre, el Tribunal Oral en lo Criminal número 23 (TOC23) de la Capital Federal condenó al ex cabo de la Policía Federal Martín Naredo a prisión perpetua por el fusilamiento del adolescente Jon Camafreitas ocurrido el 21 de enero de 2012. El fallo ejemplar se hizo con dos votos contra uno y, gracias a una pericia pedida por la querella, Naredo debía afrontar la dura realidad: muchos años tras las rejas. La querella estuvo a cargo de María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), quien representó a la madre del pibe, Delia Castro. Camafreitas fue fusilado a los 18 años con un tiro en la nuca con una pistola 9 milímetros en Loria e Independencia, en el barrio de Balvanera, apenas a cinco cuadras de la Comisaría 8, donde reportaba Naredo. El pibe resultaba “sospechoso”, porque llevaba una gorrita y corría. Tanto Verdú como el fiscal Ariel Yapur y la familia del pibe festejaron el fallo: llegaba la tan ansiada Justicia por un caso de gatillo fácil. Verdú había solicitado al tribunal que detuvieran al acusado ante la inminencia de un fallo a perpetua. Los jueces abrieron un cuarto intermedio y Naredo pidió ir al baño, entre tanto. Sucedió lo previsible cuando la corrupción tiñe casos donde los magistrados deben actuar contra los uniformados: denegaron el pedido de la abogada aduciendo que Naredo se había presentado de modo espontáneo. El ex cabo, rápido de reflejos, pidió ir al baño y se tomó las de Villa Diego mientras en la sede judicial se leía el fallo. Unos días después, cuando la abogada de la Correpi fue a la sede del TOC23 para preguntar dónde había sido alojado el reo, el secretario le dijo que lo estaban buscando, que habían mandado a un gendarme a su casa y que no estaba, parece que se había ido a pasar el fin de semana con la novia.

El candidato a hacerse cargo del juzgado dejado vacante por Blanco es Laureano Durán, hijo y nieto de jueces. Su padre, Alberto Durán, en 2006 fue criticado por Néstor Kirchner por frenar las causas por delitos de lesa humanidad.

Apenas tres meses atrás, el sargento Néstor González, también de la Comisaría 8, era condenado a 15 años por un tribunal de la ciudad bonaerense de Mercedes por el crimen del pibe Sergio Casal. En efecto, el Tribunal en lo Criminal número 4 llegaba a una sentencia justa tras la persistencia de la familia de Casal. González estaba en una comisaría de la Bonaerense en la localidad de Morón y también dijo sentirse mal por lo que fue llevado a un hospital del cual debía ser trasladado a la cárcel de Florencio Varela. El mismo 26 de marzo en que se leía la sentencia, González se tomaba las de Villa Diego. La fiscal del tribunal de Dolores, Laura Falabella, fue notificada de la fuga 42 días después. El Checho Casal era un pibe de 16 años y había sido asesinado por González el 3 de junio de 2010.

Es decir, dos policías de la Octava, ambos condenados por asesinar pibes, lograron eludir la pena con un método burdo como lograr pedir ir al baño o al hospital con solo decir que les duele la panza en el momento en que van a ser sentenciados.

Masacre de Wilde. El 10 de enero de 1994 tres personas fueron asesinadas a balazos por 11 agentes de la ex Brigada de Investigaciones Lanús. Los peritos juntaron 270 casquillos de armas de guerra, todos tirados por los policías. Hubo un sobreviviente que testificó y quedó claro que era una emboscada planeada por ese grupo policial que tenía entre sus jefes al comisario Juan José Ribelli, quien luego fue involucrado por la SIDE de Hugo Anzorregui y el juez Juan José Galeano como partícipe del atentado a la AMIA ocurrido seis meses después de la masacre de Wilde. Ribelli salía libre 10 años después y en la actualidad ejerce el oficio de abogado.

De aquellos fusilamientos quedó un prófugo, el entonces cabo de la Bonaerense Marcos Rodríguez. Días pasados, un grupo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo capturó. Rodríguez vivía en La Falda, Córdoba, con su familia. La pesquisa no requirió de métodos sofisticados: el cabo prófugo estaba a cargo de la caja de su minimercado cuando los detectives llegaron hasta él. Rodríguez había cometido varias infracciones de tránsito que estaban a su nombre. Es decir, ni siquiera había recurrido a falsear su identidad, algo insólito para quien sabe que lo buscan por tres muertes. La variante que lo saca de la idiotez es que se sintiera con algún grado de impunidad.

CELS. Las dificultades para contar con estadísticas confiables sobre homicidios violentos llevaron al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a realizar sus propias aproximaciones en distintos tópicos. Según Paula Litchvasky, de esa entidad, sus estudios indican que en los últimos meses crecieron las muertes por intervención policial tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia. No se refiere específicamente a casos de gatillo fácil. El seguimiento de casos revela que hay más muertes en los enfrentamientos o supuestos enfrentamientos. En un documento publicado hace dos semanas (Las prácticas policiales violentas son contradictorias con una política de ampliación de derechos), el CELS afirma que “el asesinato de cuatro personas en los barrios de Villa Lugano y Barracas durante operativos de la Policía Federal Argentina, el uso de la fuerza para desalojar el barrio Papa Francisco en un operativo conjunto de la Gendarmería y la Policía Metropolitana, intervenciones de las fuerzas federales para reprimir protestas sociales sin respetar protocolos de actuación. La violencia dentro de las cárceles y comisarías no llega a ser noticia pero persiste y se agrava. Funcionarios públicos y referentes políticos hicieron declaraciones que legitiman esas prácticas y las retroalimentan. La delegación de la seguridad en las policías no es una novedad: genera violencia e inseguridad desde hace más de treinta años. Al mismo tiempo, va en contra de cualquier política que persiga la inclusión social”. Agrega que “a nivel del Gobierno Nacional, la regresión en la respuesta del Estado frente a la protesta social, los episodios de extrema violencia y abuso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la debilidad de los sistemas de control son un retroceso después de una gestión que entre 2011 y 2012 sostuvo un mayor gobierno político de las fuerzas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires radicalizó su ‘guerra contra el delito’ que no se funda en indicadores de reducción de la criminalidad y se sostiene en detenciones masivas que colapsaron el sistema penitenciario y en un incremento de la letalidad de su trabajo en las calles. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostiene una gestión violenta de los conflictos cuyas consecuencias, incluidos los muertos y los heridos, son convalidadas políticamente y no sancionadas por el Poder Judicial. El panorama no es mejor en otras provincias. En Córdoba, por ejemplo, la policía funciona igual que antes de que se conocieran las denuncias por delitos relacionados con el tráfico de drogas y en lo que va del año se denunciaron siete casos de jóvenes asesinados por sus agentes. El aumento de la cantidad de personas que muere como consecuencia del accionar estatal en materia de seguridad es consecuencia del endurecimiento de las políticas”.

Juez Durán. La muerte del titular del juzgado federal número 1 de La Plata, Manuel Blanco, dejó una vacancia importante. No sólo es el juzgado electoral sino que allí están radicadas varias causas por delitos de lesa humanidad, entre ellas la de Jorge Julio López, de cuya desaparición se cumplieron ocho años el miércoles pasado. Los periodistas Werner Pertot y Luciana Rosende publicaron hace algún tiempo Los días sin López. El testigo desaparecido en democracia, un libro imprescindible para entender la escasa voluntad judicial y policial para investigar quién era y qué herencia dejó el condenado ex comisario Miguel Etchecolatz, contra quien había testificado López.

El candidato a hacerse cargo del juzgado dejado vacante por Blanco es Laureano Durán, hijo y nieto de jueces. Su padre, Alberto Durán, en 2006 fue criticado por Néstor Kirchner por frenar las causas por delitos de lesa humanidad. Se trataba de un juez muy cercano a la Bonaerense, que durante años fue profesor de la Escuela Juan Vucetich.

Aunque ser hijo no lo involucra con la ideología del padre, Laureano Durán tiene muy pocos antecedentes profesionales como para ocupar este cargo. Además, entre sus amistades más cercanas, hay dos hijos de notorios integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) de La Plata que también son parte de la familia judicial de esa ciudad. Uno es Juan Francisco Castillo, hijo de Carlos Castillo, alias El Indio, preso por diversos crímenes. La otra es Consuelo Causa, hija de Néstor Causa, alias El Chino, notario integrante de la patota de Castillo.

La comisión de selección del Consejo de la Magistratura ya votó por Durán y el jueves 25 de septiembre se reunirá el plenario del Consejo y se descuenta que tendrá voto a favor. Cabe consignar que la otra persona propuesta para ocupar ese cargo era Ana Cotter, una de las secretarias de ese juzgado, de carrera judicial y quien tuvo una gran responsabilidad en la instrucción del centro clandestino de La Cacha, donde estuvo, entre otros, Laura Carlotto. Cotter, además de su trabajo ejemplar, es hija de Luis Cotter, integrante de la Cámara Federal de Bahía Blanca que fue el primer tribunal en dictaminar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Chubut, un buen ejemplo. Por iniciativa del ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, José Glinski, esa provincia patagónica creó el Consejo de Bienestar Policial. Glinski es politólogo y constituye uno de los casos en los cuales la conducción de las fuerzas de seguridad puede realizarse a través del diálogo y los consensos pero sin ceder ante el autogobierno policial o, lo que es peor, por el entramado entre jefes policiales y personas relevantes de la magistratura, el ministerio público y dirigentes políticos. La policía provincial cuenta con no más de 5.000 efectivos y tiene como cabeceras Trelew, Rawson, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Esquel. El nuevo organismo permitió que los policías –tanto oficiales como suboficiales– votaran delegados para poder dialogar y negociar con el ejecutivo provincial los salarios, las condiciones de trabajo y formación profesional y otros derechos sociales. No es un organismo paritario pero se le parece mucho. Es la primera experiencia para tender un puente a quienes deben cumplir con las jerarquías y, al mismo tiempo, reclaman por sus derechos. A nueve meses de las revueltas policiales que pusieron en evidencia la vinculación de las protestas con saqueos y bandas, la apertura de un organismo transparente de participación de los uniformados es un paso en una de las deudas de la democracia como es la profunda reforma del rol de las policías y las fuerzas de seguridad en la construcción de una sociedad más justa.