La imagen de Damián Cassino ante las puertas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), en el momento de presentar un “requerimiento para fijar la posición de la empresa ante las acusaciones formuladas” por ese organismo, diciendo que “no hay relación entre las unidades 1 y 2 y que eso es lo que pretenden explicar en el expediente, ya que ninguna de las sociedades tienen vinculación con el Grupo Clarín”, no dejaba dudas. Cualquier ser humano desearía que fuera el representante legal de su ex pareja en un juicio de divorcio. Cassino es, hasta ahora, el abogado estrella del Grupo Clarín. Un imprevisible “hasta ahora”, dada la repercusión alcanzada por la decisión del directorio de la Afsca de adecuar de oficio a Clarín luego de comprobarse una serie de irregularidades en la presentación de los socios de las seis empresas en que se pensaba subdividir voluntariamente ese grupo mediático.   

Según consignó Miradas al Sur, las irregularidades fueron tan notorias que hasta los dos miembros del directorio representantes de la segunda y tercera minoría parlamentaria, Marcelo Stubrin, por la UCR, y Gerardo Milman, por el GEN, respectivamente, no votaron en contra durante el tratamiento sobre tablas de esa decisión sino que se abstuvieron. 

Desde Clarín mismo se dijo que lo ilegal eran los cruces entre socios, no entre abogados.

Las razones de estos dos miembros tampoco fueron notables. “Pedimos el expediente pero no se nos dio antes de la reunión. Nos daban una hora para leerlo. No podíamos votar a favor o en contra de algo que no conocíamos”, dijo Milman. “Fue un tratamiento apresurado de una cuestión que no se va a resolver en una semana. La decisión no tiene ningún motivo de urgencia. Es una ofrenda al quinto aniversario de la sanción de la ley”, dijo Stubrin. Y no fueron notables no sólo porque la exposición de Sabbatella ante el directorio fue de una hora y cuarenta y cinco minutos, sino porque los nombres de los socios de las unidades en cuestión estaban en la página oficial de la Afsca (www.afsca.gob.ar) desde marzo de este año, cuando el Grupo Clarín comenzó a enviarlos al organismo para su aprobación.

Allí, desde hace siete meses, podían observarse los nombres de José Antonio Aranda; David y Ezequiel Camerini; Francisco, Lucio Andrés, Lucio Rafael y María Florencia Pagliaro; José María (h), Santiago e Ignacio Sáenz Valiente; Pablo César Casey, Rafael Ginebra, Ernestina Laura Herrera de Noble y Héctor Horacio Magnetto. Accionista, abogados o fiduciarios con estrechos vínculos entre una y otra unidad. Vínculos comerciales que no sólo se dan en sociedades en el país sino con firmas radicadas en los Estados Unidos, Panamá y Nueva Zelanda. Un caso paradigmático lo conforman las sociedades Mather Holding LLC Limited, Silkwood investments LLC Limited y Brookstone Invesments LLC Limited, tienen entre sus socios a accionistas, abogados y fiduciarios de la unidad 1 (Aranda, los Pagliaro y un Sáenz Valiente), y de la unidad 2 (otro Sáenz Valiente, Magnetto, un Camerini, Casey y Ernestina).

Amén de estas “no vinculaciones” según Cassino, están también las condiciones a los compradores que el Grupo incluyó en su plan de adecuación: desde la imposibilidad de que los cesionarios/compradores vendan o transfieran acciones o activos durante 6, 7, 8 años (hasta parece una broma de los redactores de dicho plan, deseosos de aparecer en el programa de la TV Pública) hasta la exclusividad del Grupo Clarín del suministro de contenido a las señales televisivas vendidas, pasando por la obligación del cesionario de construir una prenda a favor del Grupo sobre las acciones y otras demandas que vulneran de manera específica el espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La decisión de la Afsca, desde el inicio de la adecuación, parece haber sido quitar toda posibilidad de que entre los argumentos contrarios al cumplimiento de la Ley figurara el ensañamiento especial contra el Grupo Clarín: se aceptó el plan de adecuación voluntario presentado muy fuera de término, se aceptó que Clarín retomara el plan de adecuación presentado por Fintech, se autorizó la división de socios siempre y cuando fuera una división verdadera. Es decir, se exageraron todos los pasos buscando que nunca se pudiera hablar de encono personal. Incluso se tomaron en cuenta las respuestas dadas por el Grupo cuando desde la Afsca se mencionaron las sospechas sobre cruces entre las unidades de división presentadas: desde Clarín mismo se dijo que lo ilegal eran los cruces entre socios, no entre abogados (que, efectivamente, admitieron que tenían sociedades compartidas). Y bien, los cruces, como demostró la investigación del organismo incluyeron abogados, socios, accionista y fiduciarios. Todos.

Cassino, dicen fuentes internas de Clarín, anduvo recorriendo las oficinas del Grupo. “Que los defienda Sáenz Valiente”, dicen las mismas fuentes que se lo escuchó decir, amargado, tratando de hacer volver a la compostura la asombrada cara de Kiko que le quedó luego del revés. Parece haber quedado muy lejos la carta documento del 20 de agosto de este año que había mandado a cinco de los miembros del directorio de la Afsca (el presidente Sabbatella; el vice Ignacio Saavedra; los dos propuestos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, Ignacio Avalle y Eduardo Rinesi, y Claudio Schifer, propuesto por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Medios) denunciándolos por su accionar “manifiestamente improcedente que se enmarca en la escandalosa campaña de hostigamiento instrumentada por el Gobierno Nacional contra Grupo Clarín S.A. y que tiene por finalidad silenciar las opiniones editoriales críticas de sus medios hacia las políticas oficiales”. Muy lejos aquel atrevimiento del párrafo final de la misma carta documento: “La presente intimación se realiza bajo apercibimiento de iniciar las eventuales acciones penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad que su conducta pueda dar lugar”.

Ahora, Ricardo Roa, editor general adjunto del diario Clarín, publicó un artículo en ese medio titulado “Mentiras, trampas y embrollos del presidente de la Afsca”. Allí criticó la inacción de la Afsca durante los últimos cinco años (por lo cual se replican en estas páginas los cuadros con algunas de las acciones que se gestionaron desde ese organismo). Y duro contra Martín Sabbatella, lo acusó de querer “descuartizar a Clarín”: “Por ignorancia o por mala fe o por ambas cosas mostró como parte del Grupo Clarín a sociedades que no tienen nada que ver ni con el Grupo Clarín ni con sus accionistas”. La solvencia del dictamen presentado por Sabbatella a los directores y hecho público en conferencia de prensa dice otra cosa. Y fue tal que, como se dijo, Stubrin y Milman, en franco desacuerdo con la medida, no pudieron votar en contra a pesar de sus quejas. 

Las cosas así, de adecuación voluntaria (donde el titular define qué y a quién vender) el Grupo Clarín pasó a la adecuación de oficio (donde la Afsca decide qué se pone a concurso), sin ningún tipo de estatización, ya que desde la Afsca informan que la única intervención estatal se haría si el Grupo no garantiza la continuidad de los medios y de todas las fuentes de trabajo hasta que se proceda a la venta de las empresas.