El operativo represivo que desató la Policía Metropolitana dentro del Hospital Neuropsiquiátrico Jose Borda todavía no cumplió dos años, pero está a un paso de quedar impune en la justicia, salvo por una excepción. Ayer, el juez Jorge Adolfo López sobreseyó por segunda vez al jefe de gobierno, Mauricio Macri; su vicejefa María Eugenia Vidal; y al jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, junto a los ministros de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro; de Desarrollo Urbano, Daniel Chain; de Salud, Graciela Reybaud; y al subjefe de la Metropolitana Ricardo Pedace. El único imputado de todo el pelotón de funcionarios que empeoró su situación en el expediente fue el jefe de la fuerza, Horacio Alberto Giménez, ahora procesado sin prisión preventiva al ser considerado "coautor de los delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves". El beneficio para estos funcionarios, salvo para Giménez, es el segundo que decide este magistrado de primera instancia en la causa penal 27116/13. El primero lo decidió a principios de diciembre pasado, un fallo que estuvo en pie hasta fines de abril, cuando la Sala IV de la Cámara del Crimen anuló los sobreseimientos y le ordenó al magistrado que siguiera investigando porque los datos obtenidos no reunían el mérito suficiente como para sostener su decisión. Seis meses después, de acuerdo al nuevo fallo de 60 páginas al que accedió Tiempo Argentino, el unico cambio es el procesamiento del jefe de la Metro, luego de sumar como nuevas pruebas, algunos testimonios y el entrecruzamiento de las llamadas realizadas antes y despues de la represión entre todos los celulares de los acusados.

El caso investiga las responsabilidades políticas sobre la represión que desató la policía porteña durante el 26 de abril de 2013, con más de 200 efectivos que ingresaron de noche al instituto para desalojar a los trabajadores, médicos y pacientes que habían realizado una toma pacífica de las instalaciones del Taller Protegido Nº 19, con el fin de evitar su demolición. El operativo, según las denuncias que están en el expediente, contó con la coordinación de la propia Vidal, e implicó un despliegue represivo de cuatro horas dentro del Borda, con disparos de balas de goma, aplicación de gas pimienta y la detención de una treintena de profesionales, pacientes y periodistas. A principios de diciembre pasado, López ya había decidido los sobreseimientos por considerar que "no existen elementos mínimos objetivos ciertos concretos y directos que conlleven a atribuirles algún tipo de participación criminal en lo ocurrido en el predio".

Esa decisión marcó una primera inflexión para las denuncias que formularon una decena de legisladores, funcionarios, asesores tutelares y defensores de oficio que accionaron contra los ocho funcionarios por los delitos de "torturas y apremios ilegales", castigados por el artículo 144 del Código Penal, presuntamente cometidos contra 32 personas, entre ellos, seis pacientes del neuropsiquiátrico. Todos los querellantes apelaron el primer sobreseimiento, entre ellos la Defensoría General del Poder Judicial de la Nación, la Cámara devolvió el expediente a López, un magistrado reconocido dentro de su fuero por la dureza de sus fallos especialmente con jóvenes delincuentes.

Entre los más beneficiados estuvo Vidal, acusada de haber coordinado el operativo fuera del hospital. López confirma que existieron comunicaciones con Macri y Larreta entre las horas señaladas, pero no en la zona del operativo: "Más allá que a María Eugenia Vidal se le detectaron comunicaciones con Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, como ya se reiteró no puede conocerse el contenido de aquellas, las celdas que se activaron no ubicaron a Vidal en la zona del Hospital Borda".

Macri y sus funcionarios fueron sobreseídos de los delitos de homicidio, homicidio calificado en grado de tentativa, lesiones leves, lesiones gravísimas, abandono de personas, vejaciones y apremios ilegales, daño a uso de bienes públicos, desobediencia, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y requerimiento indebido de la fuerza pública.