El tiroteo del lunes pasado entre un grupo de asaltantes y el custodio del fiscal Carlos Stornelli encorsetó el debate que comenzó a darse desde la semana pasada, cuando Cristina Fernández anunció la reforma del Código Procesal Penal. Apenas unas horas después de aquel episodio, el secretario de Seguridad, Serio Berni, afirmó: “Estamos en plena discusión sobre la importancia de cambiar el Código Procesal. Hoy acaba de empezar la semana y son siete delincuentes extranjeros. De nacionalidad colombiana. Y es mi función plantearlo ahora que estamos en pleno debate del Código Procesal Penal”. Las declaraciones del locuaz funcionario reflotaron la discusión de uno de los puntos más controvertidos de la reforma. Pero a la vez generaron que pasen inadvertidos los aportes más novedosos de la iniciativa y que tienen que ver con darles mayor transparencia y agilidad a los procesos, a la vez que definen claramente los roles de jueces y fiscales y les dan mayor participación a las víctimas.

La reforma contiene una serie de iniciativas que prometen un cambio sustancial en términos jurídicos. El principal aporte tiene que ver con el traspaso de un sistema inquisitorio a uno acusatorio. Esto significa que serán los fiscales los que en todos los casos estarán a cargo de la investigación. “Los fiscales dejan de ser una suerte de convidado de piedra, lo mismo que las víctimas”, asegura el investigador Raúl Salinas, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Con respecto al rol que pasará a jugar el juez, señala que “cumplirá la función de un tercero imparcial que tiene que resolver en base a lo que se le presenta en la audiencia, tanto por el fiscal como por la defensa. Es más parecido a un árbitro que a alguien comprometido con una hipótesis investigativa”, completa.
 
Otro elemento innovador tiene que ver con que todos los procesos pasan a ser orales. “Esto le imprime mucha más agilidad y transparencia”, asegura Salinas. “Al haber audiencias orales las resoluciones salen muchísimo más rápido. Apenas esta termina, se dicta la decisión sobre el fondo de la cuestión. Actualmente para resolver llamados a declaraciones o procesamientos, uno puede estar meses y meses. Esto deriva en que mucha gente esté en las cárceles sin sentencia y sin juicio”, agrega. 
 
En quince provincias argentinas se han llevado adelante reformas como las que se propone ahora a nivel federal, en las que se adoptó el sistema acusatorio. La efectividad del cambio queda plasmada en casos como el de la Justicia en Chubut, en donde el 80 por ciento de las personas que están privadas de la libertad tienen condena, un índice que está muy por encima de lo que ocurre a nivel de la justicia federal.
 
Desde la prensa opositora y algunos partidos políticos se planteó que el artículo 34 de la reforma faculta a la Procuraduría General de la Nación asignar las causas de manera discrecional, enviándolas a fiscales de confianza cuando se trata de investigaciones que afectan a funcionarios públicos. Salinas desestima esa posibilidad. “En el proyecto se establece la creación de una comisión bicameral para diseñar las normas destinadas a readecuar el ministerio público fiscal y la implementación de esta reforma. Por lo tanto, va a ser el propio Congreso el que intervenga. Además, ya hay en la Constitución y en las leyes mecanismos para la designación de fiscales, que incluso tienen que recibir el aval del Senado para ser nombrados. Así que me parece que a veces hay más apuro por criticar que por estudiar la letra fina de la propuesta”, afirma.
 
Así como la reforma plantea esta serie de innovaciones, la incorporación de la flagrancia como factor determinante para la expulsión de extranjeros despierta controversias. Fundamentalmente, ante el peligro de asociar al inmigrante con el delito. Desde el Gobierno se encargaron de rechazar esa estigmatización. En el plenario de comisiones del Senado del martes pasado, los funcionarios del Ministerio de Justicia resaltaron que la reforma prevé una serie de requisitos antes de definir la expulsión. Por ejemplo, recordaron que la extradición corre para aquellos extranjeros que están en una situación irregular y que no puede vulnerar el derecho de reunificación familiar, es decir a aquellos extranjeros que tienen radicada su familia en el país. También destacaron que es el propio imputado el que debe solicitar su expulsión en lugar de la realización del juicio.
 
Sin embargo, organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) plantean que esta iniciativa choca con la política migratoria de avanzada que llevó adelante el kirchnerismo en estos años. “Quien determina quién es irregular o no es un problema porque la reforma sugiere que lo podría definir la policía o el juez. Con lo cual aparece como una modificación implícita de la ley de migraciones que establece que la única autoridad que puede definir quién es irregular o no, y en todo caso determinar cuál es el comportamiento que constata una presencia irregular en la Argentina, es la Dirección de Migraciones”, señala a Veintitrés Diego Morales, integrante del Equipo de Gestión del CELS.
 
A su vez, Morales agrega que con el nuevo procedimiento el inmigrante pierde el derecho de tener un proceso en igualdad de condiciones que los ciudadanos nativos. “La ley de migraciones establece que un migrante en situación penal o con antecedentes penales no puede residir en la Argentina. Con lo cual, si la oferta que le hace la policía es ‘te vas o te enjuicio’, no es ninguna suspensión de juicio. Al argentino le dicen: ‘Si vos hacés tareas comunitarias no te persigo más’. Es muy diferente. Por eso decimos que la instancia que se le plantea al migrante ante esta situación se acerca más a un dilema que a una opción. En una opción, entre dos alternativas se elige la menos gravosa. En cambio, acá las dos alternativas son gravosas”, señala el especialista.
 
El caso de los colombianos detenidos por el tiroteo a Stornelli sirve como ejercicio de lo que establece la normativa vigente y lo que podría pasar a partir de la reforma. “Con la ley vigente está contemplado que puedan ser expulsados por una cuestión de delito, pero exige que exista un trámite administrativo migratorio que es lo que ahora en principio podría saltearse con esta reforma”, advierte Morales.
 
Con sus claroscuros, la reforma del Código Procesal Penal se puso en marcha. El debate parlamentario podría ser una buena oportunidad para que se corrijan sus imperfecciones y se legitime con la mayor amplitud política las innovaciones que la iniciativa contiene.