El hombre grande, rubio, de pelo largo, grita: “Eso no es justo”. El otro hombre, más atildado, menos corpulento, responde entonces: “La politique n’est pas la justice”. La discusión, ficcionada por Andrzej Wajda y seguramente mal recordada por quien escribe estas líneas, transcurre entre Georges Jacques Danton y Camille Desmoulins, dos revolucionarios franceses guillotinados por Robespierre en 1794, según consignó en septiembre la revista Veintitrés.

Esta escena, que despertaba el aplauso del público en los ’80, cuando se estrenó la película Danton en la Argentina, apenas salida de la noche de la dictadura, pinta muy bien cuál es la delgada línea que separa a veces el mundo político del judicial.

Si todo preso es político, podemos decir también que cada acto judicial es político. Y bien lo sabe el juez federal Claudio Bonadío, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, que dictó el procesamiento del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por haber aplicado multas a consultoras privadas que difundieron datos erróneos o intencionados en la medición de la inflación.

El mismo juez, un mes antes de las PASO, dictó la prisión preventiva de Ricardo Jaime, emblemático ex secretario de Transporte, acusado de diversos hechos de corrupción. Independientemente de las responsabilidades que le puedan caber a Jaime, sin duda los tiempos políticos para tomar las medidas los manejó Bonadío, y qué mejor momento que semanas antes de las PASO para que la maquinaria mediática se ponga en marcha y vincule una y otra vez al cuestionado ex funcionario con el gobierno kirchnerista.

Sin embargo, lo más grave de la decisión del juez federal es que además en su fallo considera que las mediciones que realizan las consultoras privadas pueden ser tenidas como válidas, y asume, por lo tanto, un rol evaluador del trabajo de las consultoras cuestionadas por Guillermo Moreno.


Fuentes que recorren los pasillos de Comodoro Py expresan que ahora más que nunca varios jueces federales están buscando posicionarse porque huelen el fin del ciclo kirchnerista y buscan reacomodarse políticamente. Qué mejor que hacerlo con los fallos. Como dicen en los tribunales, los jueces hablan a través de ellos. Y Bonadío lo hace.

Ya el diario Perfil, insospechado de oficialista, reveló hace algunas semanas los vínculos de este magistrado con Sergio Massa, a quien le pone fichas como candidato presidenciable. Dice Perfil: “Los jueces federales Claudio Bonadío y Rodolfo Canicoba Corral son señalados por el entorno de Massa como dos de los jueces que más se vincularon con el candidato en los últimos meses”. Y agrega más adelante: “En abril, Bonadío llevó a Massa a disertar a la fundación que dirige junto a otros personajes públicos”.

Este juez, tan afecto a hablar y expresarse políticamente a través de sus fallos, es uno de los más antiguos en el fuero federal, adonde llegó de la mano de Carlos Saúl Menem y Carlos Corach. En esa época, cuando se instrumentaron los juicios orales y públicos, los seis juzgados federales porteños pasaron a ser doce. El menemismo decidió cubrir esos cargos con personas que no provinieran de los tribunales, y allí estaba Bonadío, que se desempeñaba entonces como subsecretario de la Secretaría Legal y Técnica. Trabajaba estrechamente con Carlos Corach y fue uno de los denunciados por Domingo Cavallo en aquel famoso episodio de la servilleta. En aquella interna menemista, el ex superministro de Economía aseguró que Corach escribió en una servilleta los nombres de los jueces federales que controlaba el Poder Ejecutivo, y entre ellos habría estado el de Bonadío.

Sin embargo, la actividad política del magistrado no comenzó entonces ni culmina con sus fallos de ahora. Comenzó en los lejanos ’70, cuando se vinculó a la derecha peronista de Guardia de Hierro y, ya en los ’80, se recicló en el Frente de Unidad Peronista, que conducían Eduardo Vaca y Miguel Ángel Toma, con quien todavía está vinculado. Por otro lado, algunas fuentes aseguran que de quien sí se encuentra distanciado Bonadío es de su protector servilletero, Carlos Corach.

Los favores con favores se pagan, y el magistrado elevado a ese sitial por el menemismo pagó sacándole de encima varias causas complicadas, entre ellas la que vinculaba al ex interventor del PAMI, Víctor Alderete, con diversos hechos de corrupción. Por esto fue denunciado por la Oficina Anticorrupción, que lo acusó de realizar “manejos sospechosos” en la causa para beneficiar a Alderete.

Alejado ahora de su ex protector Corach, Bonadío mantiene todavía, según se pudo saber, una buena relación con Miguel Ángel Toma. Este sería el nexo entre el juez y el candidato del Frente Renovador, Sergio Massa. Es sabido el apoyo de Toma al intendente de Tigre, al punto de que participó de los festejos por el triunfo de Massa en las PASO.

Ajeno a estos vaivenes políticos, el Consejo de la Magistratura tramita seis expedientes por mal desempeño contra Bonadío. Así lo expresó uno de los integrantes del Consejo, en representación del Poder Ejecutivo, Hernán Luis Ordiales.

Veintitrés tuvo acceso a esos expedientes. Sin dudas el más grave es el que tiene que ver con una defraudación al Estado nacional durante la privatización de Tandanor. Se detalla, entonces, en el expediente Nº 100/2011, caratulado “Nino Ezequiel (apoderado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) c/ Dr. Claudio Bonadío” que Nino denuncia al magistrado “por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en el marco de las causas Boffil Alejandro y otros s/defraudación al Estado Nacional”, la cual “tiene por objeto investigar el posible delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública que habría tenido lugar en oportunidad de convocarse –durante el año 1991– una licitación internacional para transferir el paquete accionario de la Sociedad Tandanor. Se le cuestionó al magistrado una demora injustificada en el trámite de dichas actuaciones”.

En otro expediente del Consejo de la Magistratura, el 65/2011, “el Dr. Oscar Alberto Hergott –integrante del TOF Nº 5–, en oportunidad de expresar su voto, solicita que se dé intervención a este Consejo de la Magistratura en virtud de la indebida extensión del plazo procesal para la elevación a juicio de las actuaciones”. Allí se detalla que el 18 y 19 de diciembre del 2006 se efectuaron cuatro requerimientos de elevación a juicio, tanto por el titular del Ministerio de Defensa como por la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, además del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4. No obstante, el juez Bonadío se tomó tres años para analizar la situación y tan sólo en septiembre del 2009 decide clausurar la etapa de instrucción y elevar a juicio las actuaciones.

En otro expediente que se tramita en el Consejo de la Magistratura, en una causa por envenenamiento, se tomó el mismo tiempo y se lo acusa (en el expediente 241/11) de que “el Dr. Bonadío demoró tres años en indagar a ciertos imputados de dichas actuaciones, asimismo indica que a ciertos imputados nunca se les recibió declaración indagatoria y también dictó diversos sobreseimientos que fueron revocados por la Alzada en virtud de carecer los mismos de sustento alguno”.

Más de una vez la Cámara Federal decidió revocar en duros términos los fallos de Bonadío. Una de las más recordadas, por lo que políticamente e ideológicamente significaba, ocurrió cuando el magistrado decidió encarcelar a los ex jefes montoneros Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, a quienes acusó directamente de ser responsables de la muerte de militantes que participaron de la contraofensiva montonera en 1979. Esta decisión, que fue considerada por los organismos de derechos humanos como una nueva versión judicializada de la teoría de los dos demonios, fue finalmente revocada por la Cámara Federal. Dicho en criollo, Bonadío –arbitrariamente al decir de la Cámara– consideró a los ex jefes montoneros como “entregadores”, por lo tanto responsables de la muerte de los militantes.

“La decisión de indagar y detener (a Perdía y Vaca Narvaja) fue arbitraria, pues el juez carecía de elementos mínimos de prueba”, sostuvo en aquel momento la Sala II de la Cámara Federal porteña, que ordenó la inmediata libertad de los ex jefes montoneros. Además, llegó a promover una causa penal en su contra por posibles delitos de acción pública. Por supuesto, el tribunal también dejó sin efecto la orden internacional de captura contra Mario Firmenich y reprendió duramente a Bonadío, que fue separado del expediente.

Una fuente consultada, que suele defender al magistrado por su actuación durante el caso del chileno Sergio Apablaza –cuya extradición fue pedida desde el vecino país y denegada por Claudio Bonadío– no encontró justificación para el accionar del magistrado en el encarcelamiento de Perdía y Vaca Narvaja. “Reflotó desde la Justicia la teoría de los dos demonios, y la verdad que nos preocupó en ese momento”, comentó.

A la hora de buscar información sobre el juez que decidió procesar a Guillermo Moreno –en una medida que para el oficialismo es simplemente “electoralista”–, las opiniones están tan divididas y contradictorias como sus fallos. Están quienes, como nuestra fuente, rescatan algunos actos como aquella denegatoria a la extradición de Apablaza y otros que por lo bajo apoyan y festejan el apodo que Bonadío se ganó en los pasillos de Comodoro Py: Luis XIV.

Mientras tanto, desde el Gobierno se preparan para defenderse de los fallos del magistrado que devino de menemista en massista. Por lo pronto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, contestó en duros términos el procesamiento que dictó Bonadío y adelantó que apelará. Señaló el funcionario: “Vamos a apelar el procesamiento”, porque a Moreno “se lo quiere condenar moralmente con un instrumento judicial”, y añadió que se trata de “un procesamiento irregular y apresurado” porque la validez de las multas aplicadas por el secretario de Comercio están siendo evaluadas por la Corte Suprema de Justicia.

Por otra parte, agregó Alak, “los mismos hechos ya han sido analizados en otros juzgados federales y se ha comprobado la inexistencia de delito, siendo archivadas las actuaciones judiciales, por lo cual resulta incomprensible qué elementos se meritaron en esta oportunidad”.

En la misma línea que otros funcionarios, el ministro de Justicia cree “curioso que esta resolución judicial haya sido dictada treinta días antes de la elección general, ya que la oposición política va a intentar usarla maliciosamente en el marco de la competencia electoral”.

Podrá alegarse, obviamente, que ningún momento es bueno para un fallo adverso. Bonadío lo sabe. Por eso maneja los tiempos judiciales arbitrariamente. Puede tomarse tres años o tres minutos, según convenga a su estrategia política. Porque de eso se trata, de política. Y la política, como dijo Desmoulins, no es justicia.