La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) falló hoy a favor de un grupo de presos de la cárcel de Ezeiza que reclamaban salario y aguinaldo para las tareas laborales que desarrollan dentro del penal y se disparó la polémica ¿Los detenidos tienen derecho a un sueldo, obra social, aguinaldo?

Para responder a la cuestión, INFOnews dialogó con el especialista en Derechos Humanos y Políticas Penitenciarias, Leandro Halperín, quien indicó: "El fallo refleja lo que la ley indica que hay que hacer. No podían hacer otra cosa. El privado de la libertad tiene que tener el salario que le corresponde".

"La ley no distingue entre trabajo y trabajo para presos. No hay dos regímenes laborales y el Estado y los privados se aprovechan de las condiciones de prisión para pagar menos", agregó el letrado.

¿Queremos que vuelvan a reincidir o queremos capacitarlos para que cuando salgan no reincidan?

Por otro lado, consultado por la relevancia que puede tener el trabajo para los detenidos, Halperín explicó que es necesario pensar las políticas públicas como sociedad. "Hay que resolver qué es lo que se va a hacer con los presos ¿Queremos que vuelvan a reincidir o queremos capacitarlos para que cuando salgan no reincidan?", preguntó y remarcó la importancia que tienen la educación carcelaria y el trabajo para que los presos tengan una buena reinserción en la comunidad.

Además, consultado por el rebote mediático que tuvo la noticia, el letrado explicó que "la delincuencia produce miedo, entonces, cuando se escucha que un delincuente percibe algún beneficio, molesta".

A la vez, Halperín insistió en la necesidad de la educación y el trabajo para los presos: "Si no hacemos eso, el futuro va a ser más complicado. Las cárceles hacen mucho daño a los que están presos y a los que no lo están. Salen más violentos. El miedo no tiene que llevarnos a equivocarnos".

El trabajo penitenciario en números

Según el especialista, actualmente hay unos 10 mil presos alojados en cárceles federales. De ellos, 2 mil tiene un trabajo que podría llamarse estable y que alcanza las 40 horas semanales por el que se cobran 4400 pesos. Pero, además, hay otros 6 mil detenidos que hacen alguna actividad que, en general, se paga 22 pesos la hora; son jornaleros.

Halperín explicó que el principal empleador de presos no es el Estado, sino los privados. Y toda la actividad está regida por el Ente Cooperador Penitenciario (Encope).

Si no hacemos esto, el futuro va a ser más complicado

"No contratan presos por hacer un servicio a la comunidad, lo hacen porque sale más barato. Pero son oportunidades para los privados de la libertad y sirve para que no vuelvan a reincidir", recalcó el letrado.

Por último, Halperín alertó por las condiciones en que desempeñan sus tareas los trabajadores del Servicio Penitenciario Federal. "Son las mismas condiciones indignas que las de los presos", sostuvo.

El fallo

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Alejandro Slokar, Pedro David y Ángela Ledesma, sostuvo en su fallo que el preso que trabaja debe gozar, "con todos sus alcances", de estándares como "igual remuneración por igual tarea", asignación familiar, licencias, obra social y cobertura por accidentes y la posibilidad de agremiarse y capacitarse.

Además, ordenó que el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal junto a la Procuración Penitenciaria elaboren un régimen de trabajo para las personas privadas de su libertad.

El tribunal dispuso también "encomendar al Director del Servicio Penitenciario Federal para que durante la transición se instruya a las autoridades del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza para que ajusten su actuación de conformidad con las disposiciones de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo".