La Embajada argentina en el Reino Unido recibió este fin de semana una declaración que, además de solidarizarse con las víctimas del atentado a la AMIA de 1994, rechaza el uso político de esta tragedia con el fin de erosionar al gobierno.

Firmado por un grupo de intelectuales, periodistas, dirigentes políticos y sindicales que residen en Gran Bretaña, el texto llegó pocos días después de la marcha convocada por un grupo de fiscales que concitó la adhesión de los principales candidatos de la oposición.

Los firmantes de la declaración hicieron un repaso de la causa AMIA, de las imputaciones hechas por el fiscal Nisman y retomadas por Pollicita contra la Presidenta, y le solicitaron a los medios británicos que no se sumen a la desinformación de los medios hegemónicos argentinos. “Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar de manera imparcial y precisa. La prensa británica no debería participar - como algunos medios argentinos - en la desestabilización del país. La reproducción de información falsa socava gravemente la imagen de un país democrático y su gobierno elegido legítimamente”, afirmaron.

Algunos de los firmantes son el historiador y periodista Richard Gott; la profesora de Teoría Política de la Universidad de Westminster Chantal Mouffe; el politólogo de Cambridge Guillermo Makin; el director del Instituto de Humanidades de Birbeck en la Universidad de Londres, Costas Douzinas; el director de Open Democracy, Jeremy Fox; y el economista Alan Freeman, entre otros.

A continuación, el texto completo de la declaración traducido al castellano:

CONTRA LA UTILIZACIÓN POLÍTICA DE UNA TRAGEDIA

Frente a la información engañosa publicada por algunos medios de comunicación británicos sobre la situación en Argentina, los abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), quienes reclaman justicia desde hace 21 años. Esta tragedia no debe de ser utilizada con fines políticos.

Ni la Presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ni el Canciller Héctor Timerman han sido procesados. El fiscal Gerardo Pollicita se hizo cargo de la denuncia realizada por el fiscal Alberto Nisman, muerto trágicamente el 18 de enero, caratulada como "obstrucción a la justicia por encubrir a los imputados iraníes acusados por el atentado a la AMIA”. Le corresponde a un Juez Federal determinar si existen o no pruebas suficientes para iniciar una investigación.

A pesar de ello, diferentes artículos publicados por medios británicos dan a entender que, de alguna manera, el gobierno argentino es responsable de ocultar pruebas que evidencian la participación de ciudadanos iraníes y la muerte del fiscal. No hay nada en la causa que respalde esas conclusiones.

El informe del señor Nisman acusa al Canciller Timerman de intentar revocar las "alertas rojas" u órdenes de detención de INTERPOL, emitidas contra los acusados iraníes. Sin embargo, la denuncia de Nisman fue desmentida por el ex Secretario General de Interpol, Ronald K. Noble.

La presentación de Nisman también afirma que el Memorandum de Entendimiento que Argentina e Irán firmaron en enero de 2013, facilitó un encubrimiento que habría permitido que Argentina comprara petróleo iraní y aumentara sus exportaciones de granos hacia ese país. En realidad esto nunca ocurrió. El petróleo iraní no cumple con las necesidades argentinas debido al alto contenido de azufre. Por otro lado, en Argentina son las empresas privadas las que comercializan granos, no el gobierno.

"El gobierno argentino está muy interesado en la resolución de la lamentable y desafortunada muerte del fiscal Nisman", aseguran los intelectuales


Dado que la ley iraní prohíbe la extradición y la ley argentina no permite que los imputados sean juzgados in absentia, el propósito del Memorándum – luego de años de estancamiento en la investigación -, es permitir a un juez argentino interrogar a los acusados iraníes y asimismo establecer una Comisión Internacional de la Verdad compuesto por prestigiosos juristas de otros países, proporcionando una vía para poder avanzar efectivamente en la causa.

El sistema judicial argentino cuenta con una reconocida reputación en la resolución de casos complejos.

La lucha contra la impunidad y el terrorismo internacional ha sido un pilar fundamental de los gobiernos de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Sus gobiernos han promovido activamente una política de Estado para la protección y defensa de los derechos humanos a nivel nacional, regional e internacional.

Desde 2003, Argentina ha implementado el más completo y novedoso conjunto de acciones para llegar a la verdad, brindar justicia a las víctimas del atentado terrorista contra la AMIA y sus familias y castigar a todos los responsables, materiales e intelectuales.

Además, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha tomado todas las medidas necesarias para facilitar la investigación judicial a través de la desclasificación de los archivos de inteligencia y permitiendo que los agentes de inteligencia puedan testificar en los tribunales.

El gobierno argentino está muy interesado en la resolución de la lamentable y desafortunada muerte del fiscal Alberto Nisman.

Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar de manera imparcial y precisa. La prensa británica no debería participar - como algunos medios argentinos - en la desestabilización del país. La reproducción de información falsa socava gravemente la imagen de un país democrático y su gobierno elegido legítimamente.