Oscar Parrilli integra desde el arranque la mesa chica del gobierno K. No faltan los que sostienen que, en condiciones de presidencialismo extremo, esa mesa tiene en la toma de decisiones más incidencia que el Gabinete nacional. Por tanto, Parrilli importó, desde esa perspectiva, más que muchos ministros, ya que durante once largos años detentó la estratégica Secretaría General de la Presidencia. Solo si el día a día fuera toda la política, tal aseveración sería cierta. Pero las decisiones estratégicas, las que no se improvisan, incluyen al Gabinete. 

Esto no supone ningunear a Parrilli, sino entender que confianza y poder no siempre mantienen una relación sencilla. Si de confianza se trata es posible que este hombre que no suele dar reportajes, que pocas veces se permite algo más que el discreto off the record, se lleve las palmas; pero cuando a mediados de diciembre pasado Cristina Fernández lo puso al frente de la Secretaría de Inteligencia, confianza y poder se volvieron a cruzar: ahora sí Parrilli expresa la ecuación con que el oficialismo encara el último tramo. Ahora pesa tanto como los ministros que pesan.

Si la sociedad argentina no puede salir de la perspectiva privatista es porque no se permite revisar su pasado, establecer analíticamente sus conexiones con el presente de los organismos de control y seguridad.

Al responder ayer a una entrevista que le hiciera Página 12 explica que la reorganización de la inteligencia del Estado es "una deuda que tiene toda la democracia. En más de 30 años no hemos resuelto razonablemente este tema." Cuando el periodista le pregunta por qué se reforma la Inteligencia ahora y no antes, la respuesta no es más que un hábil esguince. Sostiene Parrilli: "Las cosas se van dando cuando se dan. Yo decía hace unos días: 'Por qué se declaró la independencia en 1816 y no en 1814 o en 1815?'." 

Pero la prueba ácida, remite a la caracterización de la presidenta de la marcha del 18F: "bautismo del partido judicial". Qué piensa el responsable de la flamante agencia federal de inteligencia: "Estuvo en marcha y todavía lo está una maniobra de desgaste y desestabilización" que se propone "producir un golpe de Estado moderno donde las decisiones políticas más importantes no las tomaría un presidente de la Nación, sino los miembros del Poder Judicial". Para rematar como sigue: "Son dirigentes políticos devenidos funcionarios judiciales". 

Desde el momento en que el juez Daniel Rafecas desestimara la denuncia del fiscal Alberto Nisman, la tesis del "partido judicial" empujando un golpe blando difícilmente pueda justificarse. Reimpulsar marchas como la del 18 F requiere en todo caso otra clase de respuesta judicial. Rafecas las detuvo en seco. De ser cierto un informe que elaboró Mario Negri, jefe de la bancada radical en la Cámara de Diputados, el 56% del total de los jueces nacionales y federales en actividad fueron nombrados por el oficialismo. Según el informe publicado ayer por La Nación, 511 jueces nacionales y federales sobre un total de 908 magistrados tendrían ese origen. Néstor Kirchner habría nombrado 177, y Cristina Fernández habría designado 334. 

Pensar la crisis de los organismos del Estado (Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Poder Judicial) y las relaciones mantienen con el aparato de inteligencia, no es simple. Contado al galope: la información dejó de ser confiable para el poder político, y sus productores fueron relevados. No se trata de un mero problema de calidad informativa, sino de un sistema de presuposiciones compartidas. La pregunta: ¿Por qué todos los Estados mantienen costosos e ineficientes sistemas, que suelen violar las leyes que esos mismos Estados dicen respetar? 

La respuesta la conoce cualquier oficial de inteligencia: para impedir la victoria del enemigo, para conservar el poder. Como la noción de "enemigo" es excesivamente plástica (para el poder es todo aquel dispuesto a ocupar el puente de mando) resulta indispensable determinar la hipótesis de conflicto que organiza el trabajo. De la calidad de esa hipótesis, la calidad de todo el sistema. Y esa hipótesis, las preguntas que un sistema de inteligencia esta obligado a responder, deberían ser públicas y producto de un debate nacional. 

Dos programas permiten construir tales hipótesis. Uno, reconocer el carácter público de las escenas políticas, sin desconocer que existan escenas secretas. Pero admitiendo que estas últimas excepcionalmente son decisivas, y casi siempre están determinadas por las escenas públicas. A modo de ilustración: tomar las Islas Malvinas fue una decisión secreta; el contexto, grave crisis del orden militar, permite entrever la necesidad de relegitimación de las FF AA. El capital político con que asumieran en 1976 se les había agotado. 

Entonces, dando muestras de un grado de autonomía intolerable para el bloque de clases dominantes, el gobierno militar del 82 se lanzó a recuperar las islas. Una guerra que poco tenía que ver con los intereses del bloque dominante fue decidida sin consultarlo. Henry Kissinger, y no solo él, se preocupó y todos tomaron nota. 

¿Cuál es el otro camino para construir la hipótesis de conflicto? La teoría conspirativa de la historia. Desde esa perspectiva la política está gobernada por las escenas secretas. 

Toda la información resulta relevante. Espiar a todos arroja una masa de "información" delicada. Este abordaje impone que la actividad tenga que ser completamente secreta, y por tanto incontrolable. El uso de esa información termina siendo una mercancía. Esto es lo que terminó pasando y el mismo Parrilli lo reconoce. 

Bajo un régimen democrático, estas decisiones contienen el núcleo duro de la política y delegarlas sin control equivale a admitir una zona gris fuera del Estado de derecho. Como el "enemigo", como su victoria, debe ser evitado, no importa si se viola el Estado de derecho. Cuando es Adolf Hitler pareciera guardar proporcionalidad histórica; si no se trata de legitimar el supuesto arsenal atómico de Sadam Husein, y la sociedad pierde su derecho a decidir, la política deja de pertenecerle. 

Desde el momento en que las FF AA pasaron a "combatir a la subversión", febrero de 1975, "Operativo Independencia", el andamiaje jurídico quedó suspendido. La intervención militar en/a Tucumán, no es atribución legal del Poder Ejecutivo (artículo 67 de la Constitución Nacional). Las denominadas "ordenes legales" del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón no lo fueron. Sin embargo, tanto en el Juicio a las Juntas de 1985, como en los juicios por violación de derechos humanos posteriores, esa medida no fue objetada. 

Con órdenes ilegales las FF AA organizaron la represión ilegal con grupos de tareas cuya existencia disolvió la cadena de mandos. Como bien observara Alejandro Agustín Lanusse, en "Confesiones de un general", esa decisión supuso la destrucción de las FF AA. Y esa destrucción no es un dato del pasado, sino un problema del presente. 

La crisis de seguridad actual no puede entenderse como crisis policial desconectada de la del sistema de inteligencia. Cada vez que una provincia debe renegociar salarios, el carácter autónomo de la institución policial queda en primer plano. Un conjunto de hombres armados en una sociedad desarmada, solo puede ser limitado por otras instituciones armadas. Y todas, para no perder contacto democrático con la sociedad, deben estar sometidas a control político transparente y público. 

Anular las "leyes" de Obediencia Debida y Punto Final, reconstruir el sistema de punición restableciendo la igualdad ante la ley, fueron un inicio pero queda peligrosamente pendiente poner fin a la democracia de la derrota (un sistema donde los mismos hacen lo mismo, se vote a quién se vote), reconstruir de arriba abajo las FF AA y las policías, siendo orientados ambos cuerpos por un servicio de inteligencia que responda a una agenda política pública, bajo estricto control parlamentario. La privatización de la seguridad parte de aceptar el fracaso de la seguridad pública. Y una sociedad que ni siquiera puede imaginar garantías colectivas ha renunciado al fundamento democrático de su existencia. 

Si la sociedad argentina no puede salir de la perspectiva privatista es porque no se permite revisar su pasado, establecer analíticamente sus conexiones con el presente de los organismos de control y seguridad. Si lo hace, otras soluciones se abrirán camino y de eso se trata.