"Si te vas a estar fijando en el Código Civil puedo pedirte que te vayas y te devuelvo el depósito", le dijo la inmobiliaria a Jorge, de 35 años. Tras una separación, Jorge tuvo que alquilar y encontró en el barrio de Caballito un PH al que le faltaban arreglos, pero no lo dudó: no hay oferta como para hacerse el exquisito. Dos semanas después de firmar el contrato, una feroz tormenta reveló que los techos eran casi un decorado. "No era cuestión de poner cacerolas, eran goteras zarpadas que daba lo mismo estar afuera que adentro", dice. Jorge estudió Bellas Artes y trabaja en un museo. El piso de goma que había puesto se arruinó con el agua. La inmobiliaria pateó durante meses el asunto asegurándole que iba a resolverlo pero no aparecía nadie jamás a ver el estado del techo. "No me parecía justo pagar más de 4000 pesos si no era lo que me habían descrito –razona Jorge ante Tiempo Argentino–, y me leí el artículo 17 del Código Civil que dice que de eso se hace cargo el dueño, pero cuando se lo planteé a la inmobiliaria, me amenazaron con rescindir el contrato."

EL VIEJO TRUCO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Alquilar en Buenos Aires es una pesadilla. Entre adelanto, depósito y trámites, cada renovación del contrato (y esto para la mayoría de la clase media sucede cada dos años) hay que pensar en una inversión extra equivalente a cinco cuotas de alquiler, incluyendo los dos meses de comisión de las inmobiliarias. Eso es ilegal: viola la Ley 2340, que en su artículo 57 dice "para los casos de locación de inmuebles destinados a vivienda única, el monto máximo de la comisión a cobrar al inquilino será el equivalente al cuatro, quince centésimos por ciento (4,15%) del valor total del respectivo contrato." Buena parte de la pesadilla está vinculada a la gran demanda de vivienda y a la soberbia que esa situación permite a las inmobiliarias.

Estela tiene 54 años y es cosmiatra. "Desde septiembre estoy buscando departamento porque por pedirle al dueño que me arregle el calefón me dijo que me devolvía el depósito y que me fuera. Así de sencillo." A Silvia le pasó algo similar: "Le protesté a la inmobiliaria porque me quería cobrar el 15% y me dijo agresiva e izquierdista, y que no quería saber nada con la gente que está en política, sólo porque demostré saber los derechos que me daba la Ley de Alquileres." Estela y Silvia hablaron con Tiempo en una reunión de Inquilinos Agrupados, una organización de vecinos nucleados para encontrar una salida a esta situación desesperante.

Pero a esa situación desesperante no se llegó por azar. Según los datos del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) que depende del gobierno porteño, en sus ocho años de gestión el gobierno de Mauricio Macri brindó 6121 soluciones habitacionales, es decir, casi el 5% de lo requerido en una ciudad con casi 3 millones de habitantes. Eso sucedió en el marco de una inédita subejecución del presupuesto para vivienda. Es decir, el gobierno del PRO gastó menos de lo que tenía asignado para gastar en vivienda mientras veía crecer el número de personas con problemas habitacionales. El informe anual de ejecución del presupuesto de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) afirma que la ejecución del presupuesto de Vivienda fue en 2013 "uno de los más bajos de la administración porteña", y que sufrió un recorte presupuestario de 153 millones en el último trimestre de ese mismo año. Y para el primer semestre de 2014, las funciones de Vivienda y Agua Potable y Alcantarillado "presentan los menores niveles de ejecución, en torno al 40 por ciento." La prepotencia del sector inmobiliario, entonces, no nació de un repollo.

¿ANTE QUIÉN QUEJARSE?

La Ley 2340 de la Ciudad, que regula los alquileres, dice que la denuncia, en este caso, habría que presentarla ante el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CUCICBA). Es decir, hay que presentar la denuncia ante la Cámara de los pares del denunciado. Quizás el propio agente inmobiliario al que uno está denunciando sea el que recibe la denuncia. Parece gracioso, pero es en serio: el Colegio, dice la ley, "deberá cumplir con un Código de Ética y Disciplina Profesional, con todos los deberes, derechos y prohibiciones que estableció la Ley 2340 para los corredores inmobiliarios". Es decir, deben autoregularse y al que no cumpla el Código de Ética lo mandan a dormir sin postre.

Inquilinos Agrupados se reúne desde hace poco más de tres meses en la Estación de los Deseos, un centro cultural y comunitario cercano a la estación de trenes de Caballito. "A nivel local planteamos la creación de la Defensoría del Inquilino dentro de la Defensoría del Pueblo, el cumplimiento de los topes fijados por la ley y una extensión de los contratos de alquiler", dice Gervasio Muñoz, referente y fundador de Inquilinos Agrupados. El trabajo de Muñoz en esta problemática arrancó en una asesoría para inquilinos en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital. "Desde ATE una vez difundimos los teléfonos de CUCICBA, recomendábamos a todos los inquilinos que sufrieron abusos que los denunciaran en el Colegio, para ver cómo reaccionaba". La conclusión, Muñoz recibió una carta documento conminándolo a que no difundiera más los teléfonos. Pero eso no fue todo: a raíz de la avalancha de reclamos que se desató, CUCICBA dispuso que las denuncias ya no serían gratuitas, sino que hay que pagar 360 pesos para plantear una queja. Una vez más: hay que pagar para denunciar ante el Colegio de los denunciados. El humor en los tiempos del PRO.

Hay 288 mil casas vacías

"Mucha gente sin casa y muchas casas y sin gente" es la conclusión a la que llegó el Consejo Económico y Social de la Ciudad en su diagnóstico habitacional de CABA. Sostiene que el censo 2010 contabilizó 288.564 viviendas vacías en la Ciudad, un 20,2% del total. El Diagnóstico Socio-Habitacional de la Ciudad de Buenos Aires reveló que aunque la cantidad de población permanece casi estable (en la última década creció sólo un 4,1%), la población en villas aumentó en esos diez año un 52% (163.587 personas en 2010).Este panorama abre una puerta para empezar a solucionar el problema de los inquilinos: varios legisladores de la oposición plantearon proyectos de Impuestos a la Vivienda Ociosa, como existe en varios países de Europa ante la misma realidad para garantizar mayor oferta de viviendas. Pero esas soluciones no parecen muy PRO. El martes pasado, el jefe de Gabinete de Macri y precandidato a jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta dijo que no piensa aumentar la presión impositiva a las viviendas ociosas. "Prefiero evitar el tema de aumentarle impuestos a la gente", afirmó.

Tres de cada 10

En 2001, un 22,2% de las familias de la Ciudad alquilaba su vivienda. Para 2010, esa proporción de inquilinos pasó a casi el 30%, un aumento de 8 puntos.

Los datos son oficiales y corresponden a los resultados de los últimos dos censos nacionales.

"Alquilar se puede", la respuesta del macrismo

El macrismo demostró reflejos para entender que este problema que aqueja a buena parte de la clase media era parte de la agenda de campaña. Con gran despliegue publicitario, el GCBA lanzó "Alquilar se puede", un programa de créditos –es cierto que con interés un poco más bajo que el mercado– para que los inquilinos paguen las comisiones ilegales, y " una garantía bancaria que remplaza la tradicional garantía propietaria". Según dice el anuncio oficial, es "el programa del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires que facilita a los vecinos el acceso a un alquiler formal dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires." En su web puede leerse: "En la actualidad hay muchas personas y familias que no cuentan con una garantía inmobiliaria o los ahorros necesarios para afrontar los gastos de entrada a un alquiler (que pueden llegar hasta 4 o 5 meses de alquiler). Alquilar se puede también ofrece una alternativa a aquellos vecinos que no son aceptados por el mercado formal de alquileres por no tener ingresos registrados". Funciona "a través de adjudicaciones cuatrimestrales con un sistema de selección por puntaje". Es decir la respuesta del GCBA, tras ocho años de gestión a favor de las inmobiliarias, no es hacer cumplir la Ley ni proponer un Plan de Viviendas, sino volver subvencionar la demanda para garantizarle al sector inmobiliario que los inquilinos tengan plata para pagar las comisiones ilegales.

"Sabemos que el Gobierno Nacional se mueve en este aspecto con una lógica distinta que el gobierno porteño –dice Muñoz, de Inquilinos Agrupados– por eso estamos pidiendo una reunión para hacerle llegar nuestras propuestas".

Una movida nacional

Si bien es cierto que en ningún otro distrito se deterioró tanto el acceso a la vivienda como en la Ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional, la situación de los inquilinos también es preocupante. Las distintas organizaciones calculan que hay, en todo el territorio nacional, unos 6 millones de inquilinos con panoramas dispares según las legislaciones provinciales. Por ese motivo, organizaciones de todo el país que trabajan sobre esta temática confluyeron días atrás en el Frente de Inquilinos Nacional del que participa la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). "La gran mayoría de los inquilinos de este país son trabajadores –dice un texto difundido por el sindicato–, a los cuales un contrato de alquiler les puede representar hasta el 50% de su salario." El Frente incluye organizaciones como ATE Inquilinos, la Asociación Platense de Inquilinos (API), la Unión de Inquilinos de Tierra del Fuego (UITDF), de Rosario (UIR), de Río Negro (UIRN), de Neuquén (UIN) y la Unión Argentina de Inquilinos (UAI). En el lanzamiento del Frente estuvieron los diputados Fernando Muñoz y María Rachid y el precandidato a jefe de Gobierno Aníbal Ibarra.

La articulación de las organizaciones se realizó en torno a un documento que propone la creación de una ley que regule los contratos de alquileres, garantizar que las viviendas alquiladas cumplan con condiciones mínimas de habitabilidad y crear un sistema de garantías accesibles.