Ante unos 800 militantes y delegados del Partido de los Trabajadores (PT), la presidenta Dilma Rousseff habló sobre uno de los temas más espinosos de la política brasileña actual: el ajuste fiscal que su gobierno está llevando adelante. "Somos un gobierno que tiene el coraje de hacer ajustes para dar continuidad al proceso de desarrollo", dijo la mandataria desde Salvador de Bahía para justificar los recortes diagramados por su ministro de Economía, Joaquim Levy. Luego reforzó: "El PT es un partido preparado para entender que muchas veces las circunstancias imponen un movimiento táctico."Un frío silencio invadió la sala en la que se desarrollaba el V Congreso del partido de izquierda más grande de Latinoamérica, que gobierna Brasil desde 2003".

El mitin del PT se prolongó durante tres días, entre el jueves y el sábado de la semana pasada. Junto con Rousseff, allí estuvo el peso más pesado de la política brasileña, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien también defendió la política de ajuste y pidió el apoyo del partido hacia el gobierno. Pero antes reconoció el delicado momento del partido: "El PT continúa vivo (…) Herido, sí, pero bien vivo", sentenció.

El deseo de Lula se hizo realidad. Según informaron medios locales, las medidas aprobadas durante el evento fueron en su mayoría las que propuso la principal corriente del partido, Construyendo un Nuevo Brasil (CNB), a la que pertenece Lula. Y así fue que, en la declaración final del Congreso, la llamada "Carta de Salvador", fue respaldada la política económica de Rousseff y Levy, consignó Tiempo Argentino.

Dentro del texto, la única mención crítica al ajuste hizo referencia a la necesidad de "implementar estrategias que permitan retomar el crecimiento" y "defender el empleo, el salario y los demás derechos de los trabajadores", algo a lo que también hicieron alusión Rousseff y Lula. Todos los dirigentes del PT acordaron apoyar a la presidenta como conductora del partido en la crisis política y económica.

Además, agregaron que el momento que atraviesa el país es aprovechado por la oposición y los grandes medios de comunicación, como la Rede Globo, para desgastar al gobierno. El propio Lula dijo que el oficialismo está “enfrentando la campaña de difamación más grande que un partido político sufrió en este país”. De ese modo, el PT evitó alimentar la polémica en un momento ya de por sí delicado para Rousseff y el propio partido, desgastado por la crisis económica y el escándalo de corrupción en Petrobras, por el cual está preso el ex tesorero partidario Joao Vaccari Neto.

Sin embargo, y pese a la muestra de aparente unidad, las disidencias internas respecto del plan de ajuste fueron las verdaderas protagonistas del Congreso que celebró el PT en Salvador. El debate se centró, principalmente, en cómo salir de la crisis: ajustando o profundizando las políticas sociales. Un sector más ligado a las banderas originarias del PT fue muy crítico de los recortes. "Es inconcebible para nosotros una política económica que sea firme con los más débiles y suave con los más fuertes", lamentó el presidente del partido, Rui Falcão. Poco antes, el director del PT, Markus Sokol, había advertido: "Es un suicidio seguir con esta política". La Central Única de Trabajadores (CUT) afirmó que el "ajuste es recesión."

La crisis interna se hizo aún más evidente cuando esta semana Tiempo intentó consultar a dirigentes del PT y referentes políticos cercanos al gobierno, pero la mayoría optó por el silencio. Algunos, según dijeron, en pos de mantener la unidad dentro del partido.

Otros confesaron sentirse “desilusionados” por las políticas adoptadas en los últimos tiempos y prefirieron no opinar al respecto.

Las diferencias habían aparecido ya a principios de año, cuando Rousseff asumió su segundo mandato. Una de las primeras decisiones que tomó fue poner a Levy –no casualmente apodado "Manos de Tijera", por su simpatía hacia los recortes– al mando de las finanzas del país. Una jugada que fue aplaudida por Christine Lagard, directora del FMI, quien se mostró entusiasmada y deseó comenzar a trabajar prontamente con el nuevo equipo económico.

La polémica se profundizó en mayo, después de que el gobierno confirmara que el ajuste previsto para este año sería de 21.588 millones de dólares. El recorte afectará especialmente al Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) –que incluye, entre otros proyectos, obras de infraestructura- y tiene por objetivo alcanzar un superávit anual equivalente al 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI). Los ministerios que sufrirán mayores recortes son los de Ciudades (5300 millones de dólares), Salud (4640 millones de dólares) y Educación (unos 2900 millones de dólares). La excusa para justificar el ajuste fue la pérdida de 10 mil millones de dólares, el primer saldo negativo de las arcas públicas en 13 años.

En mayo también los Diputados aprobaron una polémica iniciativa de flexibilización laboral que atenta directamente contra los derechos de los trabajadores y que constituye una primera parte del ajuste fiscal planificado por el gobierno. La nueva norma restringe el acceso al seguro de desempleo y endurece otros beneficios laborales. El principal punto de la iniciativa establece que una persona debe haber trabajado como mínimo durante 12 meses en una empresa para poder acceder al seguro de desempleo. Hasta ahora, ese plazo era de un semestre.

Otro de los puntos que generó controversia dentro del Congreso del PT fue la decisión de mantener la alianza con el poderoso Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), a pesar de los desencuentros que el PT tuvo con esa fuerza política –a la que pertenece el vicepresidente Michel Temer– en los últimos meses. De hecho, durante el Congreso de la semana pasada, Eduardo Cunha, líder del PMDB, fue abucheado por los sectores más radicalizados del PT. La respuesta del dirigente fue tan inmediata como picante: "Quiero agradecer las manifestaciones de hostilidad en el congreso del PT. Es una señal de que estoy en el camino cierto. Me quedaría preocupado si fuese aplaudido", escribió Cunha en Twitter.

Pese a los cruces, en la "Carta de Salvador" quedó excluido un fragmento que acusaba al PMDB de haber sido, en muchas ocasiones, “el gran saboteador del gobierno”. Según distintos analistas, el PT decidió mantener esa alianza para garantizar la gobernabilidad y evitar que el Ejecutivo quede aislado en el Parlamento, donde necesita el apoyo del conservador PMDB para llevar adelante las medidas de ajuste planificadas.

El futuro de la alianza, sin embargo, es una incógnita: el PMDB ya le infligió varias derrotas al gobierno en votaciones de proyectos vitales para Rousseff. Esta semana, además, Cunha dijo que su partido tiene "divergencias mayores" con el Ejecutivo y que podría seguir un rumbo propio, alejado del PT, en las elecciones de 2018, ya que el modelo de alianza "está agotado". De ese modo, se rompería el "matrimonio" que ambas fuerzas políticas mantienen desde 2003, cuando Lula asumió la presidencia.

Cunha es uno de los más de 50 dirigentes políticos brasileños que están involucrados en las maniobras para desviar 3700 millones de dólares de Petrobras. Paradójicamente, el dirigente votó junto con la oposición a favor de la constitución de una comisión parlamentaria que investigue los casos de corrupción en la empresa estatal. La trama no distingue banderas políticas: entre los acusados aparecen dirigentes del PT y de dos de sus principales socios en el gobierno, el mencionado PMDB y el derechista Partido Progresista (PP). La principal afectada por el escándalo fue Rousseff, que prometió expulsar del PT a quien haya cometido un delito y dio todo su apoyo a la investigación dentro de la simbólica petrolera, algo que no había hecho ningún gobierno hasta el momento. Pero no alcanzó: la presidenta vio caer su popularidad como nunca antes. De su destreza para pilotear la crisis dependerá el futuro de Brasil.