La empresa Cablevisión eludió por tercerca vez consecutiva la convocatoria realizada por la Comisión Bicameral que investiga las cuentas no declaradas en la filial suiza del HSBC, al conseguir en la Justicia un pronunciamiento distinto al formulado por el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart, que obligaba a la compañía del Grupo Clarín a comparecer ante los legisladores.

Cablevisión, una de las 4.040 empresas que figuran en el listado de cuentas del HSBC, presentó esta tarde una nota firmada por sus apoderados -Iván Lorenzo y María Torrens- en la que puso en conocimiento de la comisión la resolución de la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Tributario y fundamentó en la misma su "no comparecencia".

 

Cablevisión eludió por tercerca vez consecutiva la convocatoria realizada por la Comisión Bicameral

Además de declarar la nulidad de la resolución de primera instancia, los jueces de la Sala B, Roberto Hornos y Nicanor Repetto, apartaron del expediente al juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart y dispusieron la intervención de otro magistrado en el tratamiento del mismo.

“La resolución del 19 de junio (de López Biscayart) quedó nula, apartaron al juez y enviarán el expediente a otro juez, todo esto en 24 horas”, relató el presidente de la Comisión Bicameral, Roberto Feletti (Frente para la Victoria), al inicio de la reunión en la que se esperaba la comparecencia de los directivos de la empresa del Grupo Clarín.

El 19 de junio, López Biscayart había dictado una resolución habilitando el pedido de la comisión para que directivos de Cablevisión se presentaran a dar explicaciones sobre su vínculo con el HSBC, tal como lo hicieron otras cuatro empresas que también habían sido citadas.

La empresa ya había rechazado dos convocatorias anteriores de la comisión argumentando, entre otras cosas, que las cuentas en Suiza ya no existían e incluso cuestionando la constitución del cuerpo legislativo, lo que les valió un fuerte cuestionamiento de sus integrantes.

 

En el segundo tramo de la reunión, directivos del Citibank concurrieron a la comisión para explicar su operatoria en el mercado

En la búsqueda de que los empresarios se presentaran a brindar su testimonio, la bicameral recurrió al artículo 6 de la Ley 27.094, que le permitía “recurrir a la Justicia a fin de remover todo obstáculo de acceso a la información que se presente durante el curso de su trabajo”.

"El servicio jurídico de la Cámara de Diputados definirá los pasos a seguir”, anticipó Feletti al cerrar el informe que brindó ante sus pares sobre la situación.

Por otra parte, en el segundo tramo de la reunión, directivos del Citibank concurrieron a la comisión para explicar su operatoria en el mercado, ante la presunción de los legisladores de que hubiera bancos del sistema que hubieran utilizado la misma metodología que el HSBC.

Rosa Aranguren, representante legal del banco en Argentina, señaló que la entidad "no tiente división, departamento o área que se dedique a asesorar a argentinos para negocios en el exterior; no desarrolla actividades ni fomenta inversiones para hacer operaciones en el exterior". Explicó que "el Citibank tiene área de Banca Privada a nivel global, en los principales centros del mundo", aunque aclaró que "no lo tiene en Buenos Aires, donde no se promueven ese tipo de actividades".

También dijo que "nadie del departamento de Banca Privada Internacional del banco visita a clientes argentinos para asesorarlos; ni tampoco se realizan actividades para buscar futuros clientes". 

Al ser interrogada sobre Hernán Arbizu, el arrepentido del JP Morgan que también trabajó en el Citibank, Aranguren manifestó desconocer las tareas que desempeñaba, argumentando que ya habían pasado 17 años de la contratación y que el banco no está obligado a conservar esa información por más de diez años.

En este sentido y a posteriori de las declaraciones de los representantes del Citibank, el presidente de la Bicameral sostuvo que “lo de Citibank demuestra un comportamiento sistémico de la banca internacional para este tipo de maniobras que facilitan el lavado de dinero y la fuga de capitales”.