"Quod natura non dat, Salmantica non præstat", reza el cuadro colgado en una de las paredes de su despacho, con el proverbio en latín de la Universidad de Salamanca, casa de estudios donde la defensora general, Stella Maris Martínez completó su doctorado. En otro muro está colgado el diploma entregado por el rey de España, junto a medallas, premios, reconocimientos y fotos.

Filosa y crítica con algunas prácticas del Poder Judicial, la jefa de los defensores oficiales evitó dinamitar todos los puentes con el sector más corporativo entre los magistrados. Pero a la vez, según consignó Tiempo Argentino, supo ser la impulsora del colectivo Justicia Legítima, a través del cual defendió las reformas legislativas implementadas por el gobierno en los últimos años. Este balance le permitió seguir siendo una referente dentro del sistema, al cual no se priva de cuestionar.

Orgullosa y esperanzada de la puesta en práctica del nuevo Código Procesal Penal, afirma que la Corte debe funcionar con la integración que marca la ley y que el Consejo de la Magistratura tiene problemas de “gestión”. “Esto no obedece a una cuestión jurídica sino que es un tema político”, aseguró sobre la controversia en torno a la subrogancia de Luis María Cabral, y para negar que exista un “avasallamiento de la justicia” por parte del Ejecutivo.

-¿Qué evaluación hace sobre el paquete de leyes aprobadas para la implementación del Código Procesal?

-Estamos muy orgullosos con la Ley de Ministerio Público de la Defensa porque es de avanzada. Refuerza que los defensores públicos somos operadores de Derechos Humanos para lograr su plena vigencia. Es una ley independiente, separada de la del Ministerio Público Fiscal, lo que nos garantiza la autarquía financiera con una alícuota del 0,60% del presupuesto general, algo que permite diseñar políticas públicas. La principal: el acceso a la justicia de todos los sectores en condición de vulnerabilidad.

"El juez ahora se está dedicando a hacer tareas que no le son propias. No tiene que investigar. Ahora va a tener la más valiosa y digna tarea que es velar por las garantías del individuo".

-¿Qué modifica?

-Remplaza el concepto de pobreza -que es estigmatizante- por el de vulnerable. La resolución alternativa de conflictos. Modifica toda la organización de los defensores sobre todo penales, crea defensores coordinadores y también subsana una inequidad histórica porque otorga a tutores y curadores la calidad de magistrados. Los tutores abarcan a un sector vulnerable que son los menores, mientras que los curadores están vinculados a la plena vigencia de la ley de salud mental. 

-¿Por qué cree que fueron tan criticadas estas leyes en el Congreso?

-Creo que estamos saldando una deuda histórica al tener el sistema acusatorio. Era una vergüenza no tenerlo. Todos estamos de acuerdo en eso, lo que pasa es que tomar determinadas decisiones en un momento político es difícil. El gran problema es que estamos en un año electoral. No se acompañan iniciativas no porque no estén de acuerdo sino por el año electoral. Una de las críticas es que se le da mucho poder a la Procuradora (Alejandra Gils Carbó). Pero todo sistema acusatorio es que los fiscales son los que investigan. Eso da poder. ¿Cómo se soluciona? Con contrapesos: una defensa fuerte y un Poder Judicial activo.

-¿Los jueces lo resisten porque pierden poder?

-No pierden poder. Ganan poder. El problema es que lo entiendan. El juez ahora se está dedicando a hacer tareas que no le son propias. No tiene que investigar. Ahora va a tener la más valiosa y digna tarea que es velar por las garantías del individuo.

-¿No hay un “avasallamiento a la justicia” por parte del gobierno?

-Yo no lo veo. Creo que es demasiado. No es tan dramático. Analizar panoramas en un año electoral no es objetivo. Soy de las que creen, por ejemplo, que la administración de los fondos la debe tener el Consejo de la Magistratura. Pero seamos objetivos, como vino funcionando no puede administrar nada. Hay que cambiar el modelo de Consejo. O los diputados, senadores y jueces trabajan con dedicación exclusiva en el Consejo, o nombran representantes. Cada vez que cambian quieren cambiar todo. Falta gestión y eso no es un problema político. 

-¿Cómo analiza la controversia por la decisión del Consejo de cesar la subrogancia de Cabral?

-No puedo hablar de algo que no conozco. Tuvimos un problema con el Consejo por su funcionamiento interno, por eso hubo muchas vacantes. Esto hizo mucho daño porque hizo que las causas se atrasaran. Si hay una ley que prevé un sistema de subrogancias y no es inconstitucional debe ser respetada. Lo principal es la cobertura del servicio. 

-Pero ya hubo un fallo que la declaró inconstitucional en medio de la disputa.

-Hubo un problema con un subrogante en La Plata. Estamos hablando de un problema puntual. Es un juego de factores de poder porque son juzgados electorales los que están en discusión. Yo no estoy para una lectura política. Todo esto de lo que estamos hablando no obedece a una cuestión puramente jurídica sino que es un tema político.

"La oposición dijo que no está dispuesta a darle acuerdo no a la persona que mandó el gobierno, sino a nadie. Me parece que un país no se puede paralizar así".

-¿Cree que hay jueces que responden corporativamente por un interés político?

-Yo creo que en una gran mayoría no hay nada más por detrás de jueces y fiscales. No sé si en casos particulares hay algo más. Lo que hay son malas prácticas que están arraigadas, y que hacen que sientan temor, que se sientan atacados, invadidos, pero no creo que haya algo más. En un pequeño grupo puede haber algo más. 

-¿Cómo analiza la situación de la Corte Suprema?

-La oposición dijo que no está dispuesta a darle acuerdo no a la persona que mandó el gobierno, sino a nadie. Me parece que un país no se puede paralizar así. Esto no es bueno. No podemos estar levantándonos todas las mañanas y rezar para que al doctor (Carlos) Fayt no le ocurra ningún problema, o a cualquiera del resto. Tiene que ser lo que la ley dice, que son cinco miembros. Yo creo que son poquísimos. Una corte como la nuestra debería tener 12 y dividida en salas, por especialidades. Y que sólo se reúna el pleno cuando sea un tema constitucional puro. Habría que hacer otra reforma sobre la Corte acerca de cómo llevan los recursos, cómo los administran. Esperemos que venga algún día junto con otra reforma: la del código de procedimientos en lo civil y comercial para que también adopte a la oralidad. 

-¿Está de acuerdo con los plazos de implementación del código procesal?

-Pregúnteme el 1 de febrero. Yo temo. Tenemos que concursar cargos, tener edificios, muebles, material informático. El 1 de marzo es una buena fecha pero se lo voy a poder decir un mes antes dependiendo de cómo lleguemos. Sí estoy de acuerdo con que empiece toda la Ciudad de Buenos Aires junta. Iba a ser un caos fraccionarla. Yo hubiera empezado en lugares pequeños en el interior del país con la justicia federal. Jurisdicciones que por la modalidad sea fácil implementar un sistema nuevo. Se decidió que no, eran decisiones políticas. El problema no es cambiar las leyes sino lanzarlas con la suficiente cantidad de recursos materiales y humanos para que se implementen de manera correcta.

-Los fiscales se quejan del rol de los de distrito y los coordinadores.

-A nadie le gusta que le miren lo que está haciendo. Pero para que un sistema funcione bien debe haber control. Bien entendido es el que debe marcar las pautas de la investigación. Es bueno. ¿Por qué lo critican? Al fiscal probablemente no le guste que haya alguien que lo supervise.

–¿Está de acuerdo con que las escuchas dependan de la Procuración?

-A mí no me gusta pero respeto la decisión. Creo que nadie tiene la clave. A nosotros como defensores no nos gusta que las tengan los acusadores. Pero no con esta Procuración. Con esta gestión no me preocupo porque ha demostrado compromiso con los derechos humanos y con las garantías. Quizás debiera depender de la Corte, pero no se mostró muy interesada en el tema. 

-¿Cómo evalúa en esta etapa el rol de Justicia Legítima?

-Abrió a debate temas y los hizo accesibles al gran público. Luego de los proyectos enviados por el gobierno como el de la ley de ingreso democrático, con la que estamos muy contentos y aplicamos a rajatabla, hay que admitir que sobrevino un enfrentamiento de tipo político. A mí me gustaría ver cómo funcionamos el año que viene después de las elecciones. El cambio de Código Civil fue fundamental. Hay cosas que son muy positivas. Luego ocurren cuestiones que exceden. Yo estaba de acuerdo con todo el anteproyecto de Código Penal y me gustaba que hubiese sido redactado por un grupo interpartidario. Hacía pensar que no iba a haber problemas. No fue así.

-¿Qué reforma considera que está pendiente?

-La de la ley de responsabilidad penal de los menores. Hay un fallo de la Corte Interamericana ordenando reformar todo el sistema por anacrónico y porque vulnera los derechos de los niños. No sé por qué no se hizo.

El patrocinio a Arroyo Salgado en el caso Nisman

–¿Por qué la Defensoría patrocinó en el caso Nisman la querella de su viuda, la jueza Sandra Arroyo Salgado?

-Venimos patrocinando víctimas hace rato: de violencia institucional, de violencia de género. Cuando se evaluó este caso se vio a un funcionario público, con una muerte dudosa, que había denunciado a la presidenta. Buena o mala la denuncia, había hecho algo de un grado de osadía importante. Lo colocaba en un lugar de especial riesgo y había dos niñas menores de edad. Por eso se otorgó patrocinio pensando en las niñas porque se encontraban en situación de vulnerabilidad. Cuando su madre dijo que iba a la defensa privada, termina nuestra intervención. Lo hemos hecho en otros casos que no son tan mediáticos. Yo no acepto la "litis mediática". Si alguien entiende que necesita eso no puede contar con nuestra parte. Vamos a ofrecer la mejor defensa técnica. Esta es una línea que preserva a la institución. Determinadas personas quieren televisión, discusión pública que nosotros no le vamos a ofrecer. No estoy hablando del caso en particular, sino en general.