La inversión total de la Anses representa el 9.7% del PIB, la inclusión social no es beneficencia o caridad, es política económica de la buena porque es conveniente para el crecimiento del país y sus empresas” sostenía la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner al anunciar el segundo incremento anual en los haberes previsionales, que ya acumulan 14 desde la entrada en vigencia de la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Aclaraba, en ese contexto, que los $174.817 millones adicionales en inversión social representan "una inyección al mercado de consumo".

En definitiva, lo que la Presidenta expresa es la comprensión cabal de la importancia crucial de la Demanda Efectiva, reflejada en la praxis económica del kirchnerismo a lo largo de los últimos doce años.

En efecto, desde 2003, el crecimiento de la economía argentina tuvo entre los factores decisivos de su crecimiento la vigorosa expansión del consumo, posibilitada por la mejora de los salarios reales y la drástica reducción del desempleo.

El otro factor de impulso al consumo fue, insoslayablemente, la inversión social desplegada por el gobierno, entre las que se cuentan el Plan de inclusión previsional, sumado a la ley de movilidad jubilatoria, la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el plan Progresar, políticas que no sólo contribuyeron a reducir significativamente la pobreza y la indigencia, así como a mejorar la igualdad distributiva, sino que fueron, precisamente, un factor relevante en el impulso al consumo -que motoriza la inversión- y al propio crecimiento.

Si bien es cierto que la expansión de la demanda no soluciona espontáneamente todos los problemas, hay una verdad inobjetable: no hay chances de sustentar un proceso de desarrollo en la Argentina sin una demanda efectiva robusta y un mercado interno fuerte, una premisa que el pueblo argentino parece haber comprendido mejor que el variopinto abanico opositor que sigue insistiendo con la cantinela de ajuste y devaluación que le dictan, al compás de sus intereses económicos y políticos, sus mandamases del poder real. Por eso, la traducción económica del mandato de las urnas, expresando la continuidad del Frente para la Victoria en el gobierno, será claro: es condición necesaria -porque el pueblo aspira a alcanzar el desarrollo de la Nación- sostener una macroeconomía para el desarrollo, donde no puede haber más regla fiscal que la de sostener la expansión de la demanda. Sólo con ese marco macro adecuado pueden elaborarse las respuestas para los desafíos que el país debe terminar de resolver en el arduo camino de consolidar su desarrollo económico y social - entre ellos la restricción externa al crecimiento, la integración del entramado industrial y los desequilibrios de la estructura productiva- con políticas estructurales.

Hemos sostenido hasta el hartazgo que la restricción externa ha sido el histórico talón de Aquiles del desarrollo. Al fin de cuentas, las divisas son el insumo clave -y escaso- en ese proceso. Por eso, la interacción compleja entre el contexto externo y las políticas de desarrollo no puede desatenderse. Pero, como sostuvo el economista Nicholas Kaldor en 1965, "a largo plazo sólo hay un remedio efectivo: el mundo subdesarrollado debe cambiar su estructura económica, debe diversificarla, depender menos de los productos primarios para su comercio de exportación, desarrollar sustitutos de las importaciones y alentar la producción de bienes manufacturados hasta el grado en que pueda exportarlos".

Este camino es el que la Argentina retomó desde 2003, luego de que fuera interrumpido por la última dictadura cívico-militar en 1976 hasta el ocaso de la pesadilla neoliberal con la eclosión de la convertibilidad.

Hoy, en un contexto internacional más complejo que el que caracterizó gran parte de la década del 2000, con unos precios internacionales más desfavorables, con una crisis internacional que no cede y golpea también al mundo emergente, con un escenario geopolítico con fuertes disputas, el "remedio efectivo" sigue siendo el mismo: profundizar la reindustrialización nacional.

La Argentina debe seguir trabajando en la recuperación de su matriz productiva, con sustitución de importaciones selectiva y sustentable en dólares, con promoción del perfil exportador nacional y agregación de valor que aporta, al mismo tiempo, combustible en divisas para poder seguir creciendo y generando empleo de calidad y bien remunerado, en el desarrollo de pequeñas y medianas empresas de capital nacional y en el desarrollo de proveedores locales.

También con un eslabonamiento en las cadenas productivas, con un Estado fuerte, conduciendo la planificación estratégica del desarrollo, incluida la política de innovación científica y tecnológica, y sosteniendo un programa pujante de inversión pública en infraestructura. Sin perder de vista que el país cuenta con sectores estratégicos clave como la minería, la agroindustria y la energía, con nuestra YPF renacionalizada y Vaca Muerta.

Es seguro que los profetas del desánimo seguirán vociferando que no es posible, que "el ajuste" es inevitable. Se servirán, como sostenía Marcelo Diamand, de "un conjunto de ideas, recetas de análisis importados de los grandes países industriales, que muchas veces ya no tienen relevancia en sus propios lugares de origen”, en boca de los Broda, Espert o Melconian.

Pero el pueblo argentino sabe, con Diamand, que "Sin adherir a ninguna teoría conspirativa de la historia, es indudable que ciertos sectores y países adoptan más fácilmente las ideas que convergen con sus intereses o racionalizan su poder”.

Está claro: la Argentina del trabajo, de la justicia social, de la industria, del desarrollo no "converge con los intereses" de los poderes fácticos.

Sin embargo, hay una cosa que sí es inevitable: que la voluntad popular, mayoritaria, democratica, se imponga en las urnas, en defensa de sus legítimos intereses.

En defensa de las conquistas, de los derechos repuestos en los últimos doce años. En defensa de los sueños, como el que vino a proponernos Néstor Kirchner aquel 25 de mayo, siempre preñados de un futuro mejor, y nunca menos.