"Estimado señor Gerardo Cañas: Me contacto con usted en su carácter de editor responsable de Las Últimas Noticias, para consultarlo respecto de la renuncia del periodista Leopoldo Muñoz, principal crítico de cine de ese diario, luego de que fuera publicado con su firma (pero sin su consentimiento) un texto crítico sobre el estreno de la película Los 33 que no respetaba el original enviado por él para su publicación y del que fueron eliminadas una serie de referencias políticas. Un hecho que ambos, usted y yo, como colegas, sabemos que representa un acto de censura, que es la causa que alegó el propio Muñoz a la hora de informar los motivos de su decisión." Como en el cine o la literatura, a veces la mejor forma a la hora de dar a conocer una noticia es empezar el relato in media res, a partir de un hecho importante que sirva como plataforma central que le permita al narrador un punto de vista equidistante de todos los extremos que involucra la historia que desea contar. El correo electrónico enviado esta semana a Cañas, responsable editorial del diario chileno Las Últimas Noticias (LUN), luego de conocerse la renuncia de Muñoz a un puesto que ocupó durante nueve años, bien puede funcionar a modo de esa torre central que permita abordar los hechos como si se tratara de un panóptico.

El estreno de Los 33, film dirigido por la mexicana Patricia Riggen, es un acontecimiento que divide aguas en Chile y que sin dudas marcará un antes y un después en la historia del cine en ese país. Y es que se trata de la versión cinematográfica de la trágica epopeya de los 33 mineros que en 2010 quedaron sepultados a más de 700 metros de profundidad en una mina cercana a la ciudad de Copiapó, al norte del país, y que finalmente fueron rescatados con vida más de dos meses después. Un operativo que el entonces presidente Sebastián Piñera convirtió en cuestión de estado, en medio de un inédito despliegue mediático de escala global, que por tres meses convirtió a Chile en el centro del universo. La renuncia de Muñoz, luego de que su crítica de la película fuera expurgada por el responsable editorial de LUN de una serie de observaciones vinculadas al carácter de herramienta de propaganda política que en su opinión tiene la película y al importante rol como productor que juega el empresario Carlos Eugenio Lavín dentro de la ambiciosa coproducción, es una prueba de ello. Curiosamente Muñoz pudo expresar esos mismos conceptos, barridos bajo la alfombra de la libertad de expresión por LUN, en la filial chilena de la cadena CNN, donde también tiene un espacio semanal dedicado a los estrenos cinematográficos. Ante la decisión arbitraria e inconsulta de desmembrar su texto y al carácter eminentemente político de dicha operación, Muñoz tomó ese mismo día la decisión de dejar su espacio en LUN, considerando que todo ello representaba un claro acto de censura política sobre su trabajo. ¿Pero por qué el diario decidió publicar con la firma de Muñoz un texto modificado de manera tan drástica? ¿Qué tiene de infrecuente que un crítico de cine tome nota del potencial propagandístico de una película? ¿A qué poderes se evitó ofender eliminando las afirmaciones de Muñoz? Y, finalmente, ¿quién es Carlos Eugenio Lavín y en qué punto sus intereses políticos coinciden con los de LUN? Aquí es donde conviene regresar al centro y de ahí cinco años hacia atrás.

Porque este ovillo comenzó a desenroscarse en agosto de 2010, cuando aquellos 33 mineros quedaron atrapados en las profundidades de la mina San José. A la luz del tiempo pasado, hoy se sabe que dicho rescate acabó siendo uno de los logros de mayor promoción mediática y el gran éxito comunicacional del gobierno de Piñera, quien había asumido menos de 6 meses antes de la tragedia. Antes de que se cumpliera el primer aniversario de los hechos, el productor estadounidense Mike Medavoy anunció que había adquirido los derechos para adaptar al cine la historia de los 33. El rodaje comenzó en diciembre de 2013 con un reparto internacional que incluyó figuras como el español Antonio Banderas, la francesa Juliette Binoche, el irlandés Gabriel Byrne y el brasilero Rodrigo Santoro, además de importantes actores chilenos como Mario Casas, Paulina García y Alejandro Goic, entre otros. El 31 de enero de 2014 el todavía presidente Piñera recibió al elenco de la película en el Palacio La Moneda e incluso saludaron desde el balcón al público que se había congregado frente a la casa de gobierno. Además de los actores y la directora, entre la comitiva se encontraba Lavín, el más importante productor local de la película, quien aportó aproximadamente la mitad del presupuesto total, que rondó los 45 millones de dólares.

Pero Lavín no es productor de cine y de hecho Los 33 representa su primera y única incursión en el negocio. Lavín es uno de los dueños del grupo Penta, uno de los conglomerados empresariales más poderosos de Chile, cuyas principales inversiones se realizan en el ámbito de las empresas privadas de salud equivalentes a lo que en Argentina se conoce familiarmente como prepagas, entre otros. Pero no es ahí donde radica la complejidad política del caso. Sucede que Lavín, junto a su socio Carlos Alberto Délano, son los principales imputados en el Caso Penta, bautizado así en referencia al nombre del grupo que ambos lideran, acusados de financiar ilegalmente la campaña política de diferentes candidatos de la derecha chilena. Entre ellos la de Laurence Golborne, candidato a presidente por la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), ministro de minería de Piñera durante la crisis de los 33 y cuyo personaje en la película, interpretado por el actor brasilero Rodrigo Santoro, ocupa según Muñoz el lugar del héroe de la historia. Entre los documentos del Caso Penta, una serie de mensajes privados entre Lavín y Pablo Wagner, subsecretario de minería de Piñera, revela que antes de la tragedia en la mina San José, el empresario aspiraba a ser nombrado director de Codelco, la empresa estatal de explotación del cobre, principal producto de la economía chilena, apoyado por un lobby encabezado por los propios Wagner y Golborne. Aspiración que nunca llegó a concretarse. Aún así, ¿por qué un diario de perfil aparentemente popular como LUN, tendría interés en cubrirle las espaldas a Lavín, aún a costa de censurar a una de sus firmas más reconocidas?
Justamente la decisión de empezar a desandar esta investigación partiendo de la consulta realizada al responsable editorial de LUN, responde a la necesidad de ubicar las preguntas en el lugar correcto. Porque una vez renunciado Muñoz y habiendo trascendido los motivos de su decisión, es importante intentar saber por qué una empresa periodística llega a permitirse vulnerar el principal valor que debiera defender, el derecho al libre pensamiento y la libre expresión. Sobre todo cuando no se trata de cualquier empresa, sino del diario más leído de Chile, con unos 650 mil lectores diarios si se suman sus ediciones impresa y digital, superando a sus seguidores por más de 200 mil. Tampoco es casual saber que LUN forma parte del mismo grupo editorial del diario El Mercurio, fundado por los Edwards, familia que forma parte del reducido círculo del patriciado chileno, y cuyo actual dueño, Agustín Edwards Eastman, ha sido acusado no pocas veces de haber promovido desde ese diario el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973 y de haberlo puesto luego al servicio de la dictadura pinochetista. El documental El diario de Agustín, del reconocido director chileno Ignacio Agüero, expone de manera contundente la historia de esa complicidad. Uno de los hijos de Edwards, Agustín Edwards del Río, es el director de LUN.

Todos estos elementos ayudan a hacerse una idea aproximada del poder detrás de este diario que creyó necesario censurar la voz de un crítico de cine, y a tomar dimensión de la desproporcionada desigualdad entre las partes en conflicto que, en caso de confirmarse lo expresado por Muñoz, convertirían al hecho en un claro ataque a la libertad de expresión. Es por eso que empezar esta historia reproduciendo la carta enviada a Cañas representa el mejor punto de partida, porque es esa empresa periodística, perteneciente a ese grupo editorial, dueño de esos antecedentes, la que debería aclarar los detalles del asunto, y no su ahora ex empleado, Leopoldo Muñoz. Sin embargo, Cañas no respondió a ese mensaje ni atendió ninguna de las llamadas telefónicas realizadas desde Buenos Aires, intentando conocer la posición del diario en relación a las sospechas de censura alentadas por los detalles detrás de la renuncia de su crítico de cine.

En ese simple acto de esconder la cabeza bajo la tierra, como los avestruces, vuelve a manifestarse la impunidad implícita en una forma de entender al mundo que sigue eligiendo no ver más allá de su propia miseria. En el anverso de la misma moneda, la renuncia de Muñoz no sólo confirma la vigencia del cine como teatro de operaciones de la política, sino que además reclama para sí la certeza de que el simple acto de ver y escribir sobre una película implica siempre una declaración de principios por la que a veces es preferible perder el trabajo antes que la dignidad.