La oposición encontró la fórmula para justificar su sistemática incapacidad para ofrecer una alternativa válida a los votantes: cualquier elección que pierde es producto del fraude y, como consecuencia de ello, hay que votar de vuelta hasta que gane la oposición. 

Ese riesgoso proceso de deslegitimación de la democracia, en un país que sufrió en carne viva la interrupción reiterada del estado de derecho, parece el último eslabón de una cadena de intentos desesperados por torcer una realidad que se les presenta esquiva. 

Las distintas expresiones opositoras sólo consiguieron imponerse hasta ahora en un par de distritos, pese al escenario de fin de ciclo con el que vienen batiendo el parche desde comienzos de año. El país vive, desde enero, en un escenario de constante sobresalto, producto en buena medida de denuncias judiciales que terminan empantanadas en la ciénaga de las operaciones tribunalicias. 

Cualquier selección es subjetiva pero la desesperación ha llegado a algunos sectores de poder en la Argentina a pasar de las reiteradas denuncias de corrupción a vincular en distintas operaciones a funcionarios del más alto nivel, desde la presidenta de la República para abajo, con la muerte de personas.

Indignarse por la presunta manipulación de la institución del voto popular es más fácil que tratar de explicar qué haría el macrismo si accede a la Casa Rosada.

La más resonante, claro, la muerte del fiscal Alberto Nisman. La investigación aparece demorada en el intento de la fiscal Viviana Fein de no dejar cabos sueltos que sirvan para impugnar una resolución que a esta altura no parece tener dudas sobre el hecho: el fiscal se suicidó. En cambio, parece generar indignación que avance la investigación por lavado de divisas que involucra a los familiares de Nisman a los que el propio fiscal incluyó en cuentas no declaradas. 

Los números del fiscal no cierran por ningún lado, las pruebas sobre la inexistencia de avances en la investigación por el atentado contra la sede de la AMIA se acumulan en la medida en que surgen los papeles acumulados en la UFI, pero su muerte es el paradigma de la utilización política de una tragedia.

Desde entonces para acá, se sucedieron, multiplicaron y aceleraron las operaciones que parten siempre de un suceso real, al que se tergiversa y se transforma para demostrar que la Argentina es un país al borde de la disolución, sin instituciones y dejado a la buena de dios. 

A tal temperatura se cocina el guiso que el mismísimo Domingo Cavallo se animó a sostener con su mejor cara y la inolvidable voz aflautada con la que anunció el peor de los ajustes, que la economía está hoy peor que en el 2001.

Así las cosas, Mauricio Macri y José Cano se pararon el domingo con cara de párvulo haciendo puchero y pataleando al piso insistentemente para denunciar fraude. 

Pero no cualquier fraude, una etapa superior del fraude: el fraude selectivo. Es que donde Acuerdo para el Bicentenario ganó, como por ejemplo en la capital tucumana, ganó. Pero donde sus candidatos perdieron, en realidad fue un fraude. Así de simple y sencillo.

Desde ese momento a esta parte se desató un inabarcable tsunami de barbaridades. Se dijo que hubo fraude, pero no se presentaron denuncias ante la justicia electoral. Después se dijo que los tucumanos votaron al Frente para la Victoria, en contra de sus propios intereses, apenas por un bolsón de comida. Y el corolario fue la novela sobre los mecanismos de votación.

El esquema electoral en Tucumán con el sistema de acople y la miríada de candidatos, es indefendible. Pero el planteo de cambiar la forma de votación en medio del proceso electoral no es solo impracticable, sino ilegal. 

Alguien puede imaginarse qué se diría si después de una derrota del oficialismo, el Frente para la Victoria propusiera cambiar a los empellones el sistema de votación en el medio del cronograma electoral. 

Las elecciones que le dieron la reelección a Juan Manuel Urtubey fueron impugnadas mediáticamente por un presunto fraude por la coalición opositora que contaba con el respaldo del macrismo y el Frente Renovador. Allí se utiliza la boleta electrónica y en la capital salteña se impuso quien hoy acompaña a Sergio Massa en el binomio presidencial, Gustavo Sáenz. Por supuesto que las denuncias no llegaron a ningún lado.

Si en Tucumán se hubiera usado el sistema salteño –el mismo que se empleó en la Ciudad de Buenos Aires- nada hubiera impedido la repudiable quema de urnas porque una vez que se emite el voto, la papeleta con la información se introduce en una urna para su posterior contabilidad. Esa misma boleta electrónica que el PRO no llegó a implementar para las PASO porteñas, pero que ahora asegura que su aplicación es tan sencilla como coser y cantar. 

El fraude selectivo que se denuncia en Tucumán no sería nada comparado con el fraude invertido que se produjo en Santa Fe. Allí, tras la denuncia de fraude del macrismo, el socialismo obtuvo más votos en el recuento definitivo que en el provisorio. Miguel del Sel volvió a perder la elección a gobernador, pero tuvo una mejor actitud que el alcalde porteño: reconoció el resultado y hace unos días dijo que iba a recurrir al psicólogo porque ya nadie lo llama. En cualquier caso, en Santa Fe se utilizó la boleta única, otra de las propuestas que pululan por estas horas. Antes era fraudulenta, pero ahora tal vez ya no lo sea tanto.

Pero parece que el fraude también es espasmódico y aparece sólo por temporadas. En las PASO de agosto, salvo la pataleta de Felipe Solá, que no acompañaron sus socios del Frente Renovador, no hubo mayores cuestionamientos al proceso electoral cuyos resultados finales podrían conocerse esta semana. Se espera que Daniel Scioli haya finalmente arañado los 40 puntos. 

En las PASO se votó con boleta de papel, fiscales de todos los partidos, telegramas, actas oficiales, autoridades de mesa y la mar en coche. Pero no hubo fraude.

Lo que no deja de sorprender es que, en la era de la información, dominada por las redes sociales y los smartphones con cámara que filman en alta definición, no lluevan las imágenes del fraude. 

Las picardías que se puedan hacer en una elección no alcanzan para plantear la existencia de un fraude, especialmente en una votación que terminó con una diferencia de 100 mil votos.

Quemar urnas y alterar su contenido es un delito, que debe ser investigado y esclarecido. Pero en el caso de Tucumán alcanza a 40 de las 3200 mesas que se abrieron para la elección. Es poco más del 1%, imposible para torcer la voluntad popular. Con el agravante de que uno de los detenidos acusados por el asunto es militante de la coalición que llevaba al radical José Cano como candidato. 

Lo cierto es que los comicios tucumanos no depararon ninguna sorpresa. Daniel Scioli obtuvo el 57,14% de los votos en las PASO de agosto, mientras que la coalición opositora cosechó 37,79% (la suma de 20,13 % de Cambiemos, UNA con 16,26 % y Progresistas con 1,40 %). 

Esos 20 puntos de diferencia ya anticipaban un triunfo de Manzur al igual que todas las proyecciones previas a las elecciones del domingo pasado. 

Es mucho más sencillo denunciar ante el primer micrófono que se aparezca que a uno le han robado la elección, que reconocer la imposibilidad ya a esta altura crónica, de convencer a las mayorías.

Indignarse por la presunta manipulación de la institución del voto popular es más fácil que tratar de explicar qué haría el macrismo si accede a la Casa Rosada. 

Casualmente, mientras el dólar ilegal escalaba sin techo aparente, los economistas que asesoran a Macri anunciaban devaluación y ajuste como eje central de su programa económico. 

Esos planteos no son nunca confirmados ni desmentidos por el alcalde porteño que, fiel a los consejos de Jaime Duran Barba, se resiste a ofrecer a los votantes un programa de gobierno que vaya más allá de las consignas vacías y los globos de colores. 

No vaya a ser cosa que a partir de diciembre se consume una vez más en la Argentina la etapa superior del fraude, aquella en la que los elegidos por el voto traicionan la voluntad popular.