La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán resolvió ayer anular las elecciones provinciales por lo que hasta que la Justicia no resuelva la situación, técnicamente no hay vencedores. El problema es que si los planteos judiciales no se resuelven antes del 29 de octubre el distrito podría quedar acéfalo.

Al respecto, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuestionó el fallo y abrió la posibilidad para una intervención nacional sobre la provincia. "Existe material para discutir la intervención, pero primero hay que ir por la vía judicial. Esto es un prevaricato liso y llano. Es un desaguisado, un disparate", señaló, al cuestionar el fallo de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán.

La provincia de Tucumán debe ser intervenida

El fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Gustavo Gómez, se manifestó en el mismo sentido. "Esa decisión podría tomarla la Presidenta y el interventor podría ser incluso el propio Juan Manzur", adelantó.

Por su parte, el apoderado del Frente para la Victoria, Marcelo Caponio, fue más contundente: "No tengo duda de que si el tribunal supremo de la provincia no dicta otra medida, la provincia de Tucumán debe ser intervenida".

El problema que surge de esta situación es, ante todo, la falta de tiempo. El proceso debe pasar por la Corte suprema de Justicia de Tucumán y podría llegar a la Corte nacional con apelaciones y recusaciones de por medio, lo que significa un plazo dilatado.

Al respecto, consultado por INFOnews, el profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA, Lucas Arrimada, explicó: "La intervención no la veo en el escenario. La situación tendría que resolverse política y democráticamente. El Poder Judicial no tiene legitimidad democrática, es poco transparente, burocrático y lento".

Además, sostuvo que de hecho ya había un entendimiento entre el oficialismo y la oposición al momento del recuento de votos y que el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo "vino a romper ese clima de acuerdos".

"Esto no va a terminar hasta que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo o la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga", agregó el profesor.

Una intervención sería dañina para el sistema federal y para la provincia

En tanto, ante una eventual falta de autoridades en octubre, Arrimada explicó que es la Legislatura provincial la que debería designar autoridades provisorias. "Una intervención sería dañina para el sistema federal y para la provincia. Es una competencia reservada a las provincias elegir sus autoridades según el Art. 5 de la Constitución. No es un conflicto nacional sino provincial y las provincias son las responsables autónomas", remarcó.

Por último, el especialista en Derecho Constitucional destacó que el "juego de desgaste" y la "judicialización de la política", como las vistas en Tucumán, son muy contraproducentes en contextos de elecciones democráticas. En referencia a las sostenidas denuncias de fraude e intentos de deslegitimación del próximo gobierno a pesar de la confirmación de los resultados.

Qué dice la Constitución

La Constitución Nacional establece en su artículo 75, inciso 31, que la intervención federal es una potestad del Estado federal: "Corresponde al Congreso (…) disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires; aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder Ejecutivo".

En caso de que el Congreso se encuentre en un receso, la potestad pasa al Poder Ejecutivo, tal como establece el artículo 99 inciso 20 de la Constitución: "El presidente de la Nación (…) decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento".

El interventor es un funcionario designado por y dependiente del Presidente de la Nación, que puede ocupar sus funciones por dos causales: o para garantizar la forma republicana de gobierno o para repeler invasiones exteriores. En el caso de que la intervención sea solicitada al Estado nacional por parte de la provincia, debe ser para sostener o restablecer las autoridades si fueron destituidas o están amenazadas por sedición.

Legislación provincial

Tucumán posee la Ley 6341 de acefalía que prevé, en caso de no haber gobernador o vicegobernador, un reemplazo por el presidente subrogante de la Legislatura mientras dure la ausencia.

La particularidad del caso se daría en que esta vez todas las categorías electivas están en suspenso: no sólo gobernador y vice, sino también intendentes, concejales y legisladores, por lo que no se podría determinar con fehaciencia quién es el presidente subrogante de la Legislatura.